1. Prisión preventiva para Alejandro Toledo: breves apuntes sobre lo ocurrido en el proceso

El pasado 09 de febrero el juez Richard Concepción del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Alejandro Toledo. Ello en el marco de la investigación que se le sigue por haber recibido el pago de US$20 millones de Odebrecht para que esta última obtenga la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, adjudicada en el 2005.

Dentro de esta investigación, el fiscal Hamilton Castro ordenó el allanamiento de su vivienda en Camacho. La operación se realizó en la madrugada del sábado 04 de febrero sin presencia de algún representante legal del acusado. Al respecto, Duberlí Rodriguez, presidente del Poder Judicial, manifestó: “La diligencia de allanamiento domiciliaria ha sido formalmente ordenada por un juez ante requerimiento del fiscal. Para esa diligencia, no se requiere la presencia física del investigado ni de su abogado”.

De acuerdo al Protocolo de Actuación Conjunta para la ejecución de la medida de Allanamiento, el fiscal puede solicitar al Juez Penal la orden de allanamiento de un lugar cerrado (casa, habitación, dependencia cerrada, etc.), siempre que sea previsible que no se le permitirá el ingreso en acto de función a un determinado aposento. Asimismo, no se exige la presencia del propio investigado ni de su abogado en la realización del acto.

Por otro lado, Toledo por más que no posea beneficios dentro del proceso que se le sigue por su condición de expresidente, sí los tenía respecto de su vida cotidiana por el cargo que ostentó. De acuerdo a ley, los expresidentes de la República tienen derecho a una pensión vitalicia de S/ 15 600, al préstamo de un vehículo, a un trabajador asignado en la modalidad de CAS y a vales de combustible cuyo tope es de 150 galones. Estas tres últimas gracias son las que el Congreso decidió retirarle a Alejandro Toledo.

Asimismo, siguiendo lo establecido en el Decreto Supremo N.° 004-2016-IN, le corresponde a los ex jefes de Estado y a su familia disfrutar de seguridad integral vitalicia. Para gracia de Toledo, el parlamento dispuso no quitar este beneficio, por ser materia de Seguridad del Estado, ni el de la pensión, ya que aún no hay sentencia firme en su proceso.

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2. Empieza etapa de juicio oral en el caso Tarata

El colegiado “A” de la Sala Penal Nacional iniciará este martes la etapa de juicio oral por el atentado en la calle Tarata, en Lima, ocurrido en julio de 1992. Entre los acusados en calidad de autores mediatos, figuran Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre Revoredo, Óscar Ramírez Durand ‘Feliciano’, Florindo Eleuterio Flores Hala, entre otros.

Como es conocido, Tarata fue un atentado terrorista que consistió en la explosión de un auto marca Datsun, cargado con 400 kilos de anfo, la noche del 16 de julio de 1992 en la cuadra 2 del jirón Tarata, Miraflores. El lamentable suceso generó la muerte de 25 personas, dejó heridas a 155 y afectó 360 viviendas aledañas a la zona de la explosión, produciendo grandes pérdidas materiales.

Es en el marco de la investigación por esta tragedia que se inicia esta etapa de juicio oral. Zenon Chayña expone que en el nuevo Código Procesal Penal, los procesos comunes tienen 3 etapas: investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral. Esta última es considerada una garantía para el procesado, ya que en ella se pone en práctica la actividad probatoria. De igual forma, esta fase del proceso se rige por los principios de inmediación, contradicción, oralidad y publicidad.

El fiscal de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial, Yony Soto, solicita para los procesados cadena perpetua y el pago de 400 mil soles como reparación civil. El Decreto Ley 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio de ellos, estipula que la pena será cadena perpetua si el agente pertenece al grupo dirigente de la organización terrorista o si forma parte de los grupos armados, bandas, pelotones, grupos de aniquilamiento o similares de la misma.

La audiencia está programada para el 14 de febrero a las 11:00 am, en las instalaciones de la Base Naval del Callao. El tribunal encargado de impartir justicia en el presente caso está conformado por René Martínez, Edhin Campos y Hans Contreras.

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3. Ejecutivo busca legalizar marihuana para uso medicinal

El último miércoles el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que busca legalizar la marihuana y sus derivados para su uso medicinal. El documento propone usar cannabis en enfermedades graves, cuyos tratamientos convencionales no son efectivos, es decir, sería una alternativa posterior y subsidiaria a las usadas comúnmente. Este proyecto llega luego de hallarse un laboratorio clandestino en el distrito de San Miguel, Lima, donde se producía aceite de marihuana. El lugar pertenecía al grupo Buscando Esperanza, conformado por padres de hijos con epilepsia, autismo, cáncer, esclerosis múltiple, entre otras graves patologías.

¿Realmente la marihuana tiene propiedades curativas? Elmer Huerta, reconocido médico peruano, escribió en El Comercio que el uso medicinal de la marihuana no es privativo de este tiempo, sino que se encuentra vestigios de uso empírico de esta planta en la cultura griega, china, egipcia, etc. También afirma que ya existen estudios completados del Centro para la Investigación Medicinal de la Cannabis de Estados Unidos sobre sus bondades en la tratamiento de la esclerosis múltiple, trastornos del sueño y neuropatías en diabéticos y pacientes con SIDA. Por tanto, afirma el doctor Huerta que oponerse al uso medicinal de la marihuana sería una inconsistencia racional.

Sin embargo, de forma oficial, no existe un pronunciamiento de las autoridades médicas en el Perú. Por ello, Ricardo Soberón, fundador y exdirector del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH) y expresidente de Devida, afirma que hablar de legalización de la marihuana para uso terapéutico se vuelve más que una discusión científica, en una política.  

A este problema se suma que la producción de marihuana es ilegal en nuestro país. Es por esta razón que tener áreas cultivadas o producir derivados de esta conllevan inevitablemente a la comisión de un delito (artículo 298 del Código Penal). Frente a esta realidad, lo que ocurre es que se estaría alentando un mercado paralelo o la fabricación clandestina de productos basados en la marihuana. En definitiva, es necesario iniciar el debate público respecto a la legalización de la marihuana; y, en caso llegue a buen puerto la propuesta del Ejecutivo, es necesario contar con el aval del Ministerio de Salud y la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) para su comercialización.

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4. Rumanos piden salida del gobierno por favorecer corruptos

Luego de haber asumido el Gobierno Sorin Grindeanu, primer ministro rumano, decretó, bajo la idea de descongestionar las cárceles y controlar el abuso de las leyes anticorrupción, despenalizar casos de soborno, cohecho o conflictos de intereses que causaran daños inferiores a 47.500 dólares. Además, buscó liberar a presos con libertad condicional y condenadas hasta cinco años, excepto casos de delitos graves. Asimismo, pretendía reducir el tiempo de prisión a la mitad a presos mayores a 60 años o a los que tuvieran hijos menores de 5 años; en este caso, no había restricción por delitos graves.  

Estas medidas, publicadas el 18 de enero, fueron entendidas por la mayoría de los rumanos como flexibles para los corruptos. Incluso, se extendió la opinión de que estas disposiciones iban dirigidas a liberar al líder del partido de Grindeanu, precisamente condenado por actos de corrupción. Por ello, cientos de miles de ciudadanos abarrotaron la Plaza de La Victoria, Bucarest, donde se encuentra también la sede del Gobierno, pidiendo la derogación de los decretos antes mencionados.

Debido a la presión social, el pasado domingo estas normas fueron retiradas del ordenamiento jurídico rumano. Sin embargo, los manifestantes no estuvieron conformes, ya que ahora pedían la dimisión de Grindeanu y su gabinete de ministros, porque consideran que se ha desvirtuado la credibilidad de su investidura al ser tan permisivos con la corrupción.

Lejos de ser una manifestación aislada, la reacción rumana es sintomática al avance de la corrupción en el mundo. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) del 2016, de acuerdo a Transparencia Internacional, muestra que el 69% de 176 países tienen calificaciones inferiores a 50 en la escala del 0 (muy alta percepción de corrupción) al 100 (ínfimos niveles de corrupción).

Una de las más perversas consecuencias de la corrupción es la afectación al acceso a la justicia y a los Derechos Humanos. Cuando los jueces ceden ante la corrupción, por avaricia o favores políticos, la balanza se inclina perjudicialmente en contra del ciudadano común y genera un círculo vicioso de sobornos y negociados turbios. De esa forma, se pone en jaque la supremacía de los Derechos Humanos, dado que se malversan recursos limitados del Estado dejando a la deriva proyectos en favor de los ciudadanos. Por estas razones, es comprensible que sociedades imbuidas en sistemas corruptos busquen liberarse de estos protestando o votando por una opción política diferente.

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