Desde fines de enero, se han realizado múltiples protestas en Rumania por la publicación de dos Decretos de Ley por parte del Gobierno —encabezado por el Partido Socialdemócrata— que pretenden reducir las sanciones para delitos de corrupción. El primer Decreto pretende otorgar una amnistía a los funcionarios condenados por abuso de poder, siempre y cuando el perjuicio al Estado sea de menos de 200,000 lei, aproximadamente 44,000 euros. A su vez, el segundo decreto busca otorgar amnistía a quienes están encarcelados por delitos no graves, aparentemente con el fin de reducir la sobrepoblación carcelaria. En otras palabras, estos Decretos buscan flexibilizar condenas por actos de corrupción y liberar de prisión a los condenados por este delito (entre ellos, el líder del partido del Gobierno), bajo los argumentos de la sobrepoblación carcelaria y la condescendencia en casos humanitarios. ¿En nuestro país se vive una situación de corrupción parecida? En términos generales, ¿cuál es la implicancia social y económica de la corrupción? ¿Cómo debería responder el ordenamiento jurídico para combatir los casos de corrupción? 

En nuestro país, la corrupción es un fenómeno que afecta muchos ámbitos. Uno de ellos —quizá el más importante— es la relación entre la ciudadanía y sus instituciones públicas. Este es el caso del Congreso de la República y el Poder Judicial, que son consideradas por la población como las instituciones estatales más corruptas. Del mismo modo, los partidos políticos también se encuentran entre los primeros puestos de este estudio.

Ahora bien, el hecho de que dos poderes del Estado y el canal para materializar las demandas de la población – los partidos políticos – sean las instituciones más involucradas en actos de corrupción genera que el sistema político nacional se desestabilice y detiene el desarrollo de las políticas públicas necesarias para el desarrollo del país; además, deslegitima, a la larga, la figura de estas entidades públicas, ya que pierde totalmente la credibilidad de la población, lo cual, a su vez, crea una insatisfacción social generalizada.

Aparte de las consecuencias mencionadas, existe una afectación a valores democráticos esenciales para un Estado Constitucional de Derecho. Estos van desde el derecho a la igualdad ante la ley, seguridad jurídica, salud pública, entre otros. Además, bajo esta percepción de corrupción generalizada, se perpetúan conductas como la entrega de dinero, incentivos o dádivas con la finalidad de comprar votos, o realizar falsas promesas para acceder al cargo público; lo cual da pie a una crisis de gobernabilidad.

Todos estos actos ocasionan que la población se rehúse a creer en su clase política, generando no solo el rechazo, sino protestas y conflictos sociales como las multitudinarias marchas en Rumanía, o la denominada marcha de los cuatro suyos en nuestro país, en contra del régimen fujimorista.

Por otro lado, los actos de corrupción tienen efectos económicos que afectan al desarrollo y la economía, ya que, según informes de la Contraloría, estas conductas generan pérdidas al Estado por más de 10 mil millones de soles por año. ¿En qué se manifiesta? En la inflación de proyectos u obras de construcción, empleados fantasmas en entidades públicas, u otras argucias para obtener beneficios ilegales.

Sumado a ello, importantes proyectos de desarrollo pueden verse estancados por intereses de por medio. Un ejemplo de esto es el aspecto ambiental. En la práctica, son frecuentes las denuncias de corrupción a funcionarios relacionados a la minería ilegal o la tala indiscriminada de árboles, quienes no toman en consideración los cuidados que el medio ambiente requiere por satisfacer intereses propios.

Otro problema relacionado a la corrupción es el incremento del índice de informalidad. La necesidad de generar recursos que están al margen de la ley obliga a los funcionarios y a toda persona que se relacione económicamente con el Estado a ocultar sus ganancias o negocios.

Con todo lo propuesto, es evidente que la corrupción es altamente perjudicial para cualquier Estado, por lo que se debe tomar las medidas necesarias para, en la medida de lo posible, erradicarla. Sin embargo, en muchos casos, ello no ocurre. Esto se debe principalmente a dos razones: la legislación es débil y el proceso judicial es sumamente lento.

El primero se origina por diferentes motivos. En ocasiones, las iniciativas legislativas quedan trabadas en el parlamento porque, como es sabido que son frecuentes las denuncias por corrupción en este espacio, resultaría perjudicial para muchos congresistas. Otro motivo es la prescriptibilidad de los delitos de corrupción, que permite la impunidad para muchos casos, como el caso Comunicore, recientemente resuelto.

El segundo es el proceso judicial en la lucha contra la corrupción, ya que, tanto las investigaciones como los juicios mismos, se tornan absurdamente largos. Además, las penas asignadas no siempre son las adecuadas, o se presentan muchos beneficios penitenciarios para estos casos.

La corrupción no es un problema ajeno a nuestro país. Debemos aprender de la experiencia internacional para evitar conflictos sociales y el resquebrajamiento de nuestro sistema democrático. Es claro que si queremos vivir en un verdadero Estado Constitucional de Derecho es preciso erradicar la corrupción. Para ello, es necesario establecer sanciones más drásticas a estos hechos y no, como en el caso rumano, ablandarlas; pues lo único que se logra con ello es la impunidad de los culpables. Hay cosas que el Estado no puede perdonar, definitivamente la corrupción es una de ellas.

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