Por: Walter Vásquez Rebaza, abogado y profesor de Derecho Contractual en la PUCP, y Asociado en Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría

Probablemente la interrogante planteada ameritaría un rotundo totalmente cierto como respuesta. Y es que en nuestro medio se encuentra firmemente arraigada la creencia de que un negocio jurídico nulo es incapaz de producir efecto jurídico alguno. Tan es así que el IX Pleno Casatorio, que según la legislación procesal resulta vinculante para los órganos jurisdiccionales a nivel nacional, ha llegado a sostener de manera contundente lo siguiente: “(i) el negocio nulo no produce efectos (…); (ii) el negocio nulo no precisa de una sentencia para no producir efectos (sentencia meramente declarativa) (…)[1].”

Con ocasión a ello, resulta pertinente efectuar las siguientes interrogantes[2]: ¿es cierto que el negocio nulo no produce efectos jurídicos en el Perú? En caso la respuesta sea negativa, ¿qué tipo de efectos podría llegar a producir? ¿Y qué lo diferenciaría del contrato válido o inválido pero anulable o rescindible?

Una adecuada respuesta a las cuestiones planteadas requiere necesariamente desarrollar –aunque sea de modo brevísimo– algunas consideraciones elementales sobre la invalidez negocial.

Las nociones de invalidez y nulidad

A decir de una primera corriente de opinión, la invalidez vendría a ser el remedio jurídico generado por no correspondencia de un negocio jurídico concreto con el modelo normativo abstracto configurado por el legislador[3]. Según esta postura, aquella noción derivaría de un defecto en la estructura del negocio presente en el momento formativo[4]; es decir, de la ausencia o vicio de algún elemento intrínseco, presupuesto negocial. Por consiguiente, el negocio inválido adolecería de una ineficacia estructural[5].

Una tendencia distinta[6] sostiene que la invalidez es una sanción contra el negocio jurídico –existente– que transgrede las normas ordenadoras (disconforme al Derecho, es decir, antijurídico). La aludida sanción consistiría en la negación o limitación de la relevancia ordinaria del aludido negocio. Entender de esta forma a la invalidez permitiría su configuración normativa flexible, en función a los distintos supuestos de anormalidad del negocio presentes y a la finalidad que el legislador se proponga realizar con semejante remedio[7]. De conformidad con esta corriente de opinión, la invalidez constituye una calificación negativa o disvalor del fenómeno negocial.

Por su parte, un destacado parecer ha aseverado que la invalidez del contrato[8]

expresa un juicio de disvalor del ordenamiento, diversamente graduado, que incide sobre la eficacia del contrato y por consiguiente sobre la organización de intereses programada por las partes según modalidades diferenciadas que se adecúan a la relevancia del interés tutelado merced de la prescripción de un determinado modelo de referencia al cual el acto de autonomía debe ajustarse: la invalidez concierne entonces típicamente a la estructura del acto y engloba (…) la nulidad, la anulabilidad y la rescindibilidad del contrato que (…) constituyen otras formas de tratamiento negativo del contrato[9]. [El resaltado es nuestro]

La opinión explicitada parece combinar las dos tendencias antes descritas[10]: (i) aquella que concibe a la invalidez como una sanción o calificación negativa (negación de la relevancia) de aquel negocio jurídico que, al no observar las normas es portador de un disvalor; y, (ii) aquella que considera a la invalidez como el remedio jurídico asignado por el sistema frente a la ausencia o vicio de alguno de los componentes estructurales o presupuestos del negocio.

Las dos figuras de invalidez universalmente aceptadas son la nulidad y la anulabilidad. Respecto a la primera (única especie de invalidez a la cual nos referiremos en las presentes líneas) opinamos que, dependiendo de la hipótesis de hecho específica, puede adoptar alguna de las siguientes formas, de manera reflejada a lo que ocurre con la invalidez:

(i)    la sanción que deriva de la irregularidad o disvalor de aquel negocio existente que atenta contra las normas del ordenamiento jurídico que tutelan valores fundamentales o el interés general; o,

(ii)   el remedio jurídico que asigna el sistema frente a un negocio existente que presenta una deficiencia estructural definitiva.

El problema de los efectos del negocio jurídico nulo

Entrando de lleno al problema que nos convoca, debe mencionarse que, ateniendo a calificación negativa de la que es objeto el negocio nulo, el Derecho le niega la relevancia jurídica que reclama para el desenvolvimiento del reglamento de intereses que contiene. En ese sentido, del negocio jurídico nulo se predica la regla: quod nullum est nullum producit effetum.

Sin embargo, es importante resaltar que la citada regla ha sido entendida en los modelos comparados no como la incapacidad del negocio nulo para producir cualquier efecto, sino como la inidoneidad definitiva de aquel acto para producir (inclusive a futuro) los efectos que le son propios[11], los cuales –a decir de un sector de la doctrina– son el “efecto vinculante” y los denominados  “efectos jurídicos finales”[12].

El efecto vinculante es aquel derivado de la mera existencia o relevancia jurídica de un negocio y se corresponde con el carácter compromisorio que este último genera en su autor o autores. Dicho de otra manera, el aludido efecto no es otra cosa que la sujeción de las partes al reglamento negocial. Semejante consecuencia constituiría una mutación de la realidad jurídica preexistente (y, por ende, un genuino efecto jurídico) en la medida que antes de la formación de un negocio jurídico los sujetos no se hallaban vinculados en medida alguna.

Los efectos finales son aquella gama de situaciones jurídicas necesarias para el desenvolvimiento de la finalidad programada por el negocio jurídico. Así, comparten dicha naturaleza los derechos, obligaciones, garantías y todo aquel conjunto de relaciones jurídicas que podrían emanar de un negocio para satisfacer las necesidades que los sujetos buscaron satisfacer al momento de celebrarlo[13].

Las diferencias entre ambos tipos de efectos son fácilmente apreciables en los contratos sometidos a condición suspensiva. En tales hipótesis, los efectos finales solo aparecerán en caso se verifique el evento condicionante. No obstante ello, el efecto vinculante –que determina la sujeción a las reglas contractuales ya configuradas por las partes en uso de su autonomía privada– estará presente desde la celebración de aquel negocio, independientemente de que se active o no su eficacia.

A la luz de lo señalado, creemos que resultaría erróneo afirmar que el negocio nulo equivale a la “nada jurídica”[14]. En efecto, el acto de autonomía privada afectado de nulidad produce ciertos efectos reflejos, secundarios o marginales que, desde luego, no resultan equiparables al efecto vinculante ni a los efectos finales que desplegarían normalmente los negocios válidos y eficaces.

Puesto en otros términos, consideramos que el negocio jurídico nulo sí produce efectos jurídicos, pero estos son muy distintos a aquellos que produciría normalmente un negocio válido.

Pero dicha afirmación no es una novedad para la doctrina nacional. Así, hay quien ha sostenido que el negocio nulo es jurídicamente relevante en la medida que produce efectos derivados del hecho mismo de su celebración o ejecución[15].

Lo descrito ocurre, por ejemplo, cuando transgrediendo las reglas de la buena fe objetiva, una de las partes induce a la otra a celebrar un negocio nulo; o cuando, ignorando la existencia de una causal de nulidad, una de las partes ejecuta a favor de la otra una de las prestaciones previstas en el negocio. En el primer caso el ordenamiento jurídico le otorga “relevancia” a la celebración del negocio nulo a fin de concederle a la parte que sufre el engaño, el derecho de exigirle a la otra el pago de una indemnización (supuesto de responsabilidad precontractual). En el segundo caso el ordenamiento jurídico le otorga “relevancia” a la ejecución del negocio nulo a fin de concederle a la parte que realizó la prestación el derecho de exigirle a la otra la restitución de la misma (sea in natura o por equivalente)[16].

Por su parte, cierta opinión[17] asevera que frecuentemente el contrato nulo, antes de la declaración de nulidad, «produce efectos fácticos y por eso se hace necesario regular cómo la situación fáctica se puede adecuar a la situación jurídica de un contrato declarado nulo». Agrega, en sentido crítico, que reglamentar los efectos de retroactividad, de restitución[18] y de protección a terceros cuando un contrato se declare nulo es una tarea que nuestro Código Civil no ha llevado a cabo.

Crítica a la teoría positiva sobre efectos del negocio nulo

A la tendencia que plantea la posibilidad de que el negocio nulo engendre efectos jurídicos se le ha refutado que, en realidad, este último se encontraría desprovisto de aquellos, pero bien podría dar lugar a un hecho jurídico no negocial al cual el legislador le podría haber asignado ciertas consecuencias. En otras palabras, la tesis negativa plantea que el negocio nulo ya no es un negocio, sino un hecho jurídico distinto y elemental, y que como tal podría desplegar algún tipo de eficacia.

Sin embargo, esta objeción ha sido absuelta satisfactoriamente por quienes consideran que el negocio nulo produce efectos jurídicos como tal, es decir, como «negocio existente y nulo»[19].

En palabras de FLUME, «frecuentemente se opina que el negocio jurídico nulo es “algo que en absoluto existe jurídicamente”, que existe sólo “como acontecimiento fáctico”. Esto no ha de seguirse. Lo único que ocurre es que la reglamentación dispuesta en el negocio jurídico no vale como se estableció. Por ello precisamente, porque no es sólo un “acontecimiento fáctico” sino un negocio jurídico, pueden producirse consecuencias jurídicas en base a un negocio jurídico nulo»[20].

A nuestro criterio, resulta inviable sostener que el negocio nulo no produce efectos como tal (esto es, como negocio) y sí los produce como otro hecho jurídico. La invalidez de semejante afirmación se debe a que implicaría, por un lado, un absurdo; y, por el otro, una paradoja.

Lo primero, en tanto llevaría entender que la calificación de la nulidad del negocio hace involucionar al acto de autonomía privada hasta convertirlo en una categoría lógica menos compleja. En efecto, según la perspectiva criticada, el negocio, por ser nulo, se estaría degradando a un acto jurídico en sentido estricto o un hecho jurídico en sentido estricto.

De otro lado, la tesis negativa constituiría una paradoja si se tiene en cuenta que una de las razones para distinguir entre las diversas tipologías de hechos jurídicos (en sentido amplio) es precisamente individualizar las reglas aplicables a cada una de estas especies. En ese sentido, no puede comprenderse cómo es que la propuesta criticada pretende aplicar el régimen de la nulidad –reservado para los negocios jurídicos– a un acto o hecho jurídico en sentido estricto con el fin de eliminarlo del espectro legal.

¿O es que la aludida tesis pretende negar que los negocios que atraviesan una patología no son negocios, reservando dicha calificación única y exclusivamente a los actos de autonomía privada válidos? En ese caso, ¿valdría afirmar –salvando, nuevamente, la lógica– que los negocios anulables y rescindibles tampoco deberían ser considerados negocios?

En ese sentido, estamos convencidos que el negocio nulo es relevante como un acto de autonomía privada –negocio jurídico– calificado de cierto modo (negativamente por su irregularidad o defectuosidad estructural, según sea el caso).

Conclusión

El breve análisis realizado nos coloca en capacidad de responder las interrogantes formuladas al inicio de este trabajo de la siguiente forma: el negocio jurídico nulo desencadena efectos jurídicos como tal; pero no se trata de aquellos efectos que caracterizan normalmente al resto de negocios jurídicos y contratos (efectos vinculantes y finales). Como contrapartida, el negocio nulo genera efectos indirectos o marginales, tales como el resarcimiento de daños y perjuicios y la restitución de prestaciones ejecutadas.


[1]     Corte Suprema de Justicia de la República. IX Pleno Casatorio Civil. Casación No. 442-2015 Moquegua. Consideración 28.

[2]     Muchas de las ideas expuestas en el presente artículo forman parte de un trabajo de nuestra autoría que a la fecha se encuentra en proceso de publicación: VÁSQUEZ REBAZA, Walter y Francisco ZEGARRA VALENCIA, “La nulidad del negocio jurídico y su carácter manifiesto: Reflexiones sustanciales y procesales con ocasión al IX Pleno Casatorio Civil”, 2017.

[3]     En esta dirección, SACCO y DE NOVA (Il contratto, en Trattato di Diritto civile, t. II, Turín, UTET, 1993, p. 482) han sostenido que cuando el contrato es nulo, subsistiría una divergencia entre el estado de hecho sometido al juez y el esquema del hecho jurídico hipotético, tal como ha sido configurado por el legislador (falta la forma, el contenido es ilegal, etc.).

[4]     BARASSI, Lodovico, Instituciones de Derecho civil, Traducción del italiano por Ramón García de Haro de Goytisolo, t. II, Barcelona, Bosch, 1955, p. 632.

[5]     TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Acto jurídico, negocio jurídico y contrato, Lima, Grijley, 2002, pp. 307 y ss., ZUSMAN TINMAN, Shoschana, “Teoría de la invalidez y la ineficacia”, en Ius et veritas, núm. 7, año IV, 1993, p. 159.

[6]     SCOGNAMIGLIO, Renato, Contributo alla teoria del negozio giuridico, Nápoles, Jovene, 1969, pp. 349 y ss.

[7]     SCOGNAMIGLIO, Renato, Teoría General del Contrato, Traducción del italiano por Fernando Hinestroza, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1996, pp. 230 y ss.

[8]      Sin embargo, el razonamiento es perfectamente extensible al universo de negocios jurídicos.

[9]     CARRESI, Franco, Il contratto, en Trattato di Diritto civile e commerciale dirigido por Antonio Cicu y Francesco Messineo continuado por Luigi Mengoni, vol. XXI, t. 2, Milán, Giuffrè, 1987, pp. 615 – 616.

[10]    En esta línea (MORALES HERVIAS, “Inexistencia e invalidez del Contrato en el Código Civil peruano de 1984”, en Revista jurídica del Perú, t. 100, 2009, pp. 90 y ss), ha sostenido que la invalidez canaliza los supuestos de irregularidad del contrato, es decir, su incompatibilidad con las normas. De este modo, dicha noción “expresa un juicio negativo de valor, de disconformidad entre el acto de autonomía privada, como valor, y el orden jurídico, también como valor. Invalidez es disvalor del acto de autonomía privada”. No obstante –añade el autor–, la invalidez debe ser determinada en función a una “deficiencia estructural intrínseca” en tanto el contrato es válido “cuando existe correspondencia estructural entre el hecho jurídico concreto [fattispecie] subordinado al juicio y a la previsión normativa que fija las características del contrato”.

[11]    BIANCA, Massimo, Derecho civil 3. El contrato, Traducción del italiano por Fernando Hinestrosa y Édgar Cortés, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2007, p. 634.

[12]    SCOGNAMIGLIO, Renato, Contributo alla teoria del negozio giuridico, cit., pp. 304 y ss. En la misma línea, ya OERTMANN, Paul, Introducción al Derecho civil, Barcelona, Labor, 1933, p. 281, se había referido a los efectos jurídicos deseados.

[13]    SCOGNAMIGLIO, Renato, Contributo alla teoria del negozio giuridico, cit., pp. 304 y ss.

[14]    OERTMANN, Paul, op. cit., p. 281.

[15]    ESCOBAR ROZAS, Freddy, “Causales de nulidad absoluta”, en Código Civil comentado. Comentan 209 especialistas en las diversas materias de Derecho civil, Lima, Gaceta jurídica, 2007, t. VII, p. 677.

[16]    Idem.

[17]    MORALES HERVIAS, Rómulo, «Las imperfecciones normativas de la nulidad del contrato en el Código Civil», en CASTILLO FREYRE, Mario (coordinador), Libro Homenaje a Felipe Osterling Parodi, t. 2, Lima, Palestra, 2008, p. 768.

[18]    Sobre el particular, permítasenos remitir a nuestro siguiente trabajo: VÁSQUEZ REBAZA, Walter, “No todo lo que brilla es oro. Una gran diferencia práctica entre nulidad y resolución aplicada al contrato de obra”, en:  http://www.ius360.com/walter-vasquez/walter-vasquez-walter-vasquez/todo-lo-que-brilla-es-oro-una-gran-diferencia-practica-entre-nulidad-y-resolucion-aplicada-al-contrato-de-obra/ [Visto el 15 de febrero de 2017].

[19]    SACCO, Rodolfo y Giorgio DE NOVA, op. cit., p. 490, BIANCA, Massimo, op. cit., p. 191.

[20]    FLUME, Werner, El negocio jurídico. Parte general del Derecho civil, Traducción del alemán por José María Miquel González y Esther Gómez Calle, t. II, Madrid, Fundación Cultural del Notariado, 1998, p. 643 y 644, aunque en opinión del autor la relevancia práctica de la distinción entre inexistencia del negocio jurídico y negocio jurídico nulo es escasa (ibid., p. 646).

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