Enfoque Derecho conversó con Alberto de Belaunde sobre la canalización de sus propuestas presentadas en época de campaña electoral y sus nuevos proyectos próximos a presentarse ante el Parlamento.

Enfoque Derecho: ¿Qué rescata de su labor como congresista en lo que va de su gestión?

Alberto de Belaunde: Mi agenda en el Congreso ha sido desde el día 1, tanto a nivel legislativo, de fiscalización y de representación, los temas de Derechos Humanos y de reformas institucionales.

En el ámbito de lo primero, en lo que refiere a población LGTBI, hemos presentado junto con el Congresista Bruce el proyecto de Unión Civil. Lo ahora corresponde es hacer seguimiento e impulsar su aprobación, primero a nivel de Comisión de Justicia, y luego a nivel de pleno para que pueda ser una ley. También en el ámbito LGTBI, hemos impulsado el Decreto Legislativo que dio el Ejecutivo contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y lo relativo a los crímenes de odio. Hemos también apoyado la iniciativa de ley de Identidad de Género, que es algo fundamental para los ciudadanos y las ciudadanas transexuales. También se va a empezar a discutir en las próximas semanas el tema del Matrimonio Igualitario, porque va a haber un proyecto de ley del Frente Amplio sobre la materia, el cual yo también apoyaré, pues considero que no entra en colisión con la propuesta de Unión Civil.

Otro tema importante en Derechos Humanos es el de las personas con discapacidad. Hay una discusión pendiente, desde hace muchos años, respecto de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. El sistema actual es un sistema tutelar que no da auténtica autonomía. Lo que se busca es un sistema de acompañamiento, el cual va además en la línea de los Tratados Internacionales que hemos firmado. Yo estoy presidiendo el grupo de trabajo de reforma del Código Civil de la Comisión de Justicia. Hemos presentado un proyecto multipartidario sobre capacidad jurídica, tomando en cuenta el trabajo previo que se había hecho en la materia. Ya hemos hecho este proyecto parte del grupo de trabajo, y ya lo hemos alcanzado a la Comisión de Justicia. Entonces, este es otro de los grandes temas de Derechos Humanos que se verán este año en el Congreso.

ED: En la campaña planteó una propuesta política muy interesante que consistía en que los congresistas no puedan postular por distritos electorales diferentes al cual habían sido elegidos, ¿cuáles son los avances con respecto a esta propuesta?

AB: Así es. Esta propuesta pertenece al segundo bloque, que es el de reformas institucionales.  De hecho, es uno de los proyectos que tengo pensado presentar antes de marzo. La lógica es muy clara: los congresistas son elegidos por una circunscripción y tienen el deber, en los cinco años en el Parlamento, de representar, escuchar y estar cercanos a la gente. Si busca una reelección, quienes están llamados a evaluar el desempeño de los congresistas y analizar si es que se se merece o no la reelección, son esos ciudadanos. El postular por otra circunscripción transmite el mensaje de que no se ha estado viviendo en la circunscripción que se dice representar. Este es un problema que se da muy a menudo y considero que degrada la representación parlamentaria y a la vez genera todos los intensivos para que un congresista no se ocupe de su región. Este proyecto forma parte de una agenda más amplia de reforma del Congreso qué busca recuperar la confianza de la población, asegurando que los congresistas cumplan correctamente con su labor.

ED: Un tercer punto que también se planteó en la campaña es el de la lucha frontal contra la corrupción. En ese ámbito, ¿que proyectos tiene pensado presentar?

AB: La mayoría de proyectos han salido a través de la delegación de facultades. Hemos estado apoyando al Ejecutivo en materia de los Decretos Legislativos en la lucha contra corrupción. Y también hay un paquete de la bancada Peruanos por el Kambio, donde están la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, el estatus de la Procuraduría, etc. Aquí hay un tema de fondo que es de la reforma del sistema de justicia. Actualmente lo que existe es el impulso del Acuerdo Nacional por la Justicia, teniendo como ente clave el Ministerio de Justicia, sentando en la misma mesa al Ejecutivo con las distintas entidades del sistema. De esto debe salir una agenda legislativa que haremos propia para impulsarla.

 

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