Uno de los grandes problemas que enfrenta el Perú es la corrupción, pues está muy arraigada tanto en las instituciones como en la propia sociedad civil. Para luchar contra este problema, es necesario el trabajo conjunto de muchos organismos e instituciones del Estado. Uno de estos, y tal vez el más importante, es el Ministerio Público, el cual se encarga de la persecución del delito y el inicio de las acciones judiciales correspondientes.

Lamentablemente, la función del Ministerio Público no se ha salvado de la ineficiencia que afecta a muchas otras instituciones del aparato estatal. Es por eso que, en medio de los recientes escándalos de corrupción que involucran a ex presidentes, congresistas e importantes personajes de la política nacional, la bancada de Alianza por el Progreso presentó un Proyecto de Ley que busca mejorar las condiciones de trabajo de los fiscales para una eficiente lucha contra la corrupción. Pero a pesar de sus buenas intenciones, la potencial ley no es completa, pues lo único que plantea es igualar los ingresos económicos de los fiscales provisionales y titulares. Sin embargo, una regulación con un objetivo como el planteado debe ser mucho más amplia y abarcar más temas que la sola situación económica de los fiscales provisionales, sin menospreciar su importancia.

En el siguiente editorial, analizaremos las condiciones del trabajo fiscal y las principales falencias que tiene, así como las soluciones propuestas por el proyecto de ley y los temas que este omite.

Uno de los problemas más graves que afronta la fiscalía es, sin duda, el económico. En el 2015, el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, señaló que no se contaba con el presupuesto suficiente para cubrir los salarios de todos los fiscales, llegando incluso a exhortar al Consejo Nacional de la Magistratura para que no convoque a concurso público, pues no había dinero para pagar a más fiscales. De hecho, el presupuesto que solicitó la Fiscalía para el 2016 fue de 2,600 millones de soles; sin embargo, solo se le asignó 1,500 millones de soles. Es decir, el Ministerio Público habría necesitado mil millones de soles adicionales para cumplir con su labor de manera óptima. Dinero que no llegó.

Dentro del problema económico también se encuentra el problema de la desigualdad entre fiscales titulares y provisionales. Cuando se incrementa el sueldo de jueces y fiscales, se hace únicamente para los titulares. A pesar de que los jueces y fiscales provisionales cumplen las mismas funciones, estos ganan la tercera parte de lo que ganan los titulares. Es esta situación de desigualdad a la que apuntaría terminar el proyecto de ley.

Otro gran problema -como en todo el sistema judicial- es la excesiva carga procesal pendiente. Para finales del 2016, el Fiscal de la Nación señaló que había cerca de un millón y medio de casos pendientes para poco más de 5,700 fiscales. Es decir, 250 casos para cada fiscal, aproximadamente.

Como puede observarse, la situación del Ministerio Público es muy compleja como para intentar solucionar sus problemas con una mera disminución de la desigualdad económica entre fiscales titulares y provisionales. No se trata solo de una distribución del presupuesto, ni siquiera de un mero aumento económico, sino de diversas medidas que intenten abarcar todos los ámbitos y, sobretodo, evitar la carga procesal; por ejemplo, una aplicación correcta de las leyes de flagrancia, la implementación de más programas como el de “Una fiscalía en tu distrito”, entre otras medidas.

En cuanto a la lucha anticorrupción, el Ministerio Público ha realizado algunos avances. En el ámbito interno, cuenta con fiscalías de Control Interno, las cuales están encargadas de velar permanentemente por el control disciplinario de sus funcionarios y de evaluar el desempeño de la labor de los fiscales. Estas fiscalías actúan a nivel preliminar; es decir, se basan en la sospecha de una presunta comisión de delitos por parte de fiscales, buscando indicios que corroboren la hipótesis primaria planteada.

En la misma línea, la  ley N° 30483, Ley de Carrera Fiscal, establece principios rectores que deben guiar la carrera de los fiscales y propone un perfil al que deben ajustarse todos los fiscales de nuestro país. Entre las características esperadas encontramos, por ejemplo, una sólida formación jurídica, capacidad para razonar jurídicamente e interpretar las normas, independencia y objetividad en el cumplimiento de su función, entre otras. Asimismo, se ha implementado el Plan Institucional de la Lucha contra la corrupción 2015-2016, en el cual se establecen medidas como la simplificación administrativa, la creación de una oficina de atención al usuario, el fomento de la participación ciudadana en el control de los actos funcionales de las autoridades, entre otras.

A pesar de que estos intentos de frenar la corrupción y mejorar el servicio de la Fiscalía son respetables, todavía no existe la normativa suficiente como para garantizar completamente el funcionamiento óptimo en la labor de los fiscales ni la total independencia de estos en el ejercicio de sus funciones.

Como señalamos líneas arriba, el proyecto plantea eliminar la desigualdad en asignación de gastos entre fiscales titulares y provisionales, considerando que realizan casi las mismas funciones (no realizan funciones administrativas). Sin embargo, también es necesario considerar la provisionalidad excesiva de estos.

En los últimos años, cerca del 45% de los fiscales son o han sido provisionales. Ello debilita la lucha contra la delincuencia y la corrupción porque a diferencia de los fiscales titulares, los provisionales no gozan de estabilidad, y pueden ser destituidos con la sola voluntad del Fiscal de la Nación. Esto es peligroso pues amenaza la independencia y objetividad necesarias para el cumplimiento correcto de la labor fiscal. Bajo este contexto, muchos fiscales podrían verse obligados a cumplir las órdenes de sus superiores bajo amenaza de destitución del cargo. Frente a esta situación, lo ideal sería que se asegure la inamovilidad de los fiscales en su cargo, o en todo caso, que dicha movilidad o destitución solo responda a razones y criterios estrictamente objetivos, evitando así la arbitrariedad.

Un objetivo fundamental del Ministerio Público es hacer sus procesos más eficientes, y para ello es necesario que las funciones de investigación se desarrollen de mejor manera. Es necesario distinguir claramente entre el rol de la Policía y el de la fiscalía en cuanto a investigaciones. Algunas opciones serían, por ejemplo, crear una Oficina de Relaciones Interinstitucionales que se encargue de agilizar los procesos con otros organismos, reducir la cantidad de fiscales provisionales para lograr la verdadera independencia del sistema judicial, entre otras importantes reformas.

Adicionalmente, dado el gran problema que representa la corrupción y lo importantes que son estos casos, es necesaria la creación de una Fiscalía Suprema especializada en casos de corrupción. En efecto, esta propuesta también fue planteada por el Fiscal de la Nación en el marco del Acuerdo por la Justicia.

Si bien saludamos la iniciativa planteada en el Proyecto de Ley analizado, mejorar las condiciones de trabajo, y por ende la labor de los fiscales, no solo depende de un mejor salario o una homologación de sueldos. Es necesaria una reforma integral de la labor fiscal. Existen problemas relacionados con la carga procesal, la estabilidad en los cargos y la transparencia en el Ministerio Público que imposibilitan un óptimo desarrollo de sus actividades. En esta guerra contra la corrupción, nuestros soldados son los fiscales; es necesario darles las armas necesarias para que puedan vencer al enemigo.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here