1. Imprescriptibilidad de Delitos de Corrupción:

El pasado 1 de marzo el Congreso realizó la primera aprobación, de manera unánime, de la Ley de Reforma Constitucional que establece la imprescriptibilidad de delitos de corrupción contra la Administración Publica o que afecten el patrimonio del Estados. Puntalmente, se busca modificar el artículo 41° de la Constitución estableciendo que en casos de corrupción contra la Administración Publica el plazo de prescripción de la acción penal será el doble y será imprescriptible en aquellos casos que resulten más graves. En ese sentido, la norma pretende que aquellos funcionarios que cometen delitos de corrupción no puedan, como ha ocurrido durante nuestra historia, hallar asilo lejos del Perú mientras esperan que el delito prescriba.

Durante el debate del pleno, que fue el primero en esta legislatura, varios congresistas de distintas bancadas tuvieron fuertes intercambios de palabras, recordando casos de corrupción por parte de personas relacionadas a sus partidos. Una de las discusiones más fuertes fue entre la bancada del Frente Amplio y la bancada fujimorista.

Al ser una reforma constitucional, la mencionada ley deberá ser aprobada nuevamente por al menos dos tercios del Congreso en la siguiente legislatura (2017-2018) para que pueda darse de manera efectiva, por lo que aún no constituye una reforma. Sin embargo, al haber sido aprobada por unanimidad, se podría esperar que esta se convierta en realidad luego de la votación correspondiente.

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2. Nueva Ley Migratoria

El 7 de enero se publicó el Decreto Legislativo 1350 que oficializó la nueva Ley de Migraciones. Esta entró en vigencia el pasado 1 de marzo. Esta nueva ley busca simplificar y ordenar la legislación migratoria que existía hasta el momento. El primer gran cambio que establece la ley es el de la distinción entre dos calidades migratorias dependiendo de las actividades que se pretenden realizar en el país: temporal y residencia. Asimismo, los trabajadores extranjeros podrán acceder a contratos dentro del sector público, y el acceso a la residencia de sus familiares ha sido facilitado.  

La ley fue emitida en el marco de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo y deroga la Ley de Extranjería (Decreto Legislativo 703) así como La antigua Ley de Migraciones (Decreto Legislativo 1236). Potencialmente, esta Ley podría, al hacer más fácil el ingreso de extranjeros al país, generar un incremento en la inversión. Al eliminar ciertos trámites, el Perú se convierte en un lugar atractivo para aquellos que deseen vivir y trabajar aquí.

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3. Interpelación al Ministro Vizcarra por adenda

Varios congresistas de la república, a iniciativa de los miembros de la bancada de Acción Popular, presentaron el pliego de interpelación al Ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra. La moción esta sustentada con las “acciones y decisiones adoptadas por el Gobierno” relacionadas a la firma de la controversial adenda en el contrato de concesión al consorcio Kuntur Wasi, para la construcción y administración del aeropuerto de Chinchero en Cusco. La moción será discutida en la próxima sesión del Congreso para que el ministro pueda ser, luego, citado.

La interpelación es la facultad del Congreso para convocar a los Ministros de Estado, a fin de escucharlos y cuestionarlos sobre el trabajo que viene realizando o sobre un tema en específico. Está regulado en el artículo 131 de la Constitución y en los artículos 55, 64, 68, 83 y 86 del Reglamento del Congreso.

La interpelación y la censura son conceptos distintos; sin embargo, es común que se presente una moción de censura luego de una interpelación. Lo peligroso, ciertamente, es que la censura responda más a cuestiones subjetivas o de confrontación política. Es por ello que la moción de censura tendría que ser resultado de una deficiente presentación del ministro en una interpelación.

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4. Reanudación del juicio por el atentado de Tarata

El último martes se reanudó el juicio contra Abimael Guzmán Reynoso, líder de Sendero Luminoso, y otros miembros del grupo terrorista por el atentado acontecido en la calle Tarata de Miraflores, en 1992 y que dejó a 25 personas muertas.

La fiscalía solicita cadena perpetua y un pago de reparación civil que asciende a 400 mil soles. Sin embargo, Alfredo Crespo, abogado del terrorista, intentó sustentar diversos recursos para dejar sin efecto el juicio. Estos iban desde la prescripción del delito, cuestionar la competencia de la Sala Penal Nacional, y que tanto Guzmán como su esposa, Elena Iparraguirre, habían sido condenados como autores mediatos de los ataques terroristas, incluyendo el de Tarata.

Durante el juicio, Guzmán solicitó un médico de parte, y los magistrados accedieron a su petición. El juicio debió darse el pasado 14 de febrero, pero el cabecilla terrorista no pudo asistir por problemas de salud. Tanto Guzmán como su organización criminal son responsables de miles de muertes y desapariciones en el Perú.

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