“Creo que deberíamos orientar todos los recursos que pudieran invertirse en los Panamericanos a reconstruir el área norte y Piura.”

(Roque Benavides, 2017)

“Creo que sí hay que postergar los Juegos Panamericanos porque hay dos asuntos en contienda y uno es la urgencia donde se tiene que privilegiar la vida y más aún de los sectores menos favorecidos porque a quien afecta más (los desastres) es a los más pobres y más necesitados.”

(Luis Castañeda, 2017)

En las últimas semanas, nuestro país se ha visto afectado por el fenómeno el Niño, generando innumerables pérdidas, principalmente en once regiones: Piura, Ica, Tumbes, Huancavelica, La Libertad, Lambayeque, Junín, Ayacucho, Apurímac, Arequipa y Lima. Ante esta situación, gran parte de la población reclama la reconstrucción inmediata de la infraestructura destruida. En respuesta a ello, un sector de la sociedad civil y política propuso cancelar la preparación de los Juegos Panamericanos – de los cuales Lima será sede en el 2019 – e invertir el dinero asignado – 4.125 millones de soles – en la reparación de los desastres.

Ante dicho pedido cabe preguntarnos si el presupuesto nacional contempla una partida para prevención y mitigación de desastres naturales y, de ser así, cómo se invierte este dinero y quiénes son los responsables de hacerlo.

El 30 de diciembre del 2016, se promulgó la ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017. Esta ley determina que durante el Año Fiscal 2017, se asigne hasta 50 millones de soles al “Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales”. A su vez, este fondo fue creado por el artículo 4 de la Ley 30458, Ley que regula diversas medidas para financiar la ejecución de Proyectos de Inversión Pública en apoyo de Gobiernos Regionales y Locales, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y la ocurrencia de desastres naturales. Dichos recursos se destinan a financiar actividades para la mitigación, capacidad de respuesta, y rehabilitación ante la ocurrencia de fenómenos naturales.

Asimismo, mediante el Decreto de Urgencia 002-2017 se agiliza la transferencia de dinero a gobiernos regionales y locales a fin de atender los daños que ocasionen las lluvias en las regiones declaradas en emergencia. Con esta norma se autoriza a destinar hasta un 40% del canon para cubrir las necesidades. Los distritos que estén en áreas de emergencia podrán recibir una partida adicional de S/100 mil para afrontar los daños. Adicionalmente, el artículo 5 establece que “los titulares de las entidades públicas, el jefe de la Oficina de Presupuesto y el jefe de la Oficina de Administración, o los que hagan sus veces en el pliego presupuestario, son responsables de la debida aplicación de lo dispuesto (en este texto)”.

De igual forma, la norma indica que “(l)a Contraloría General de la República verifica el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley y las demás disposiciones vinculadas al gasto público en concordancia con el artículo 82 de la Constitución Política del Perú́. Asimismo y bajo responsabilidad, para el gasto ejecutado mediante el presupuesto por resultados, debe verificar su cumplimiento bajo esta estrategia”. En esa línea de ideas, da la impresión de que el presupuesto se encuentra listo, pero el detalle es que este no se ejecuta; por ende, debemos preguntarnos ¿quién se encarga de fiscalizar el adecuado cumplimiento del presupuesto?

En los últimos años, fue una tendencia el hecho que no se han invertido los presupuestos de las regiones ni municipios en el rubro de la prevención de desastres naturales. Por ejemplo, la Municipalidad Metropolitana de Lima contó, en el rubro ‘Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres’ con un presupuesto de más de 34 millones de soles. De este, solo se utilizaron aproximadamente 4 millones en labores de prevención, a pesar de que se pidió un incremento del presupuesto de 3.9 millones a 34 millones de soles. El 85% del mencionado presupuesto se destinó a las cuestionadas obras de la Costa Verde. Por otro lado, en el 2016, el Gobierno Regional de Lima destinó 24.4 millones de soles para la prevención de desastres. A pesar de ello, solo se ejecutaron el 68% de obras, que además quedaron -en su mayoría- inconclusas.

Los gobiernos locales de Piura, Lambayeque, Ica y La Libertad, cuatro de las regiones más golpeadas por los desastres, son las que menos ejecutaron su presupuesto del 2016 destinado a mejorar la  atención de emergencias. De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sus gobiernos locales ejecutaron el 64,4%, 67,5%, 68,2% y 76,6%, respectivamente. El porcentaje de gasto considerado como aceptable por el MEF es del 85%.

En este sentido, resulta claro que a pesar de que existen organismos que se encargan de fiscalizar el presupuesto asignado a cada región, es evidente que no están cumpliendo su labor de manera óptima. Los recursos para invertir en prevención de desastres naturales no se utilizan. Frente a esta situación, los organismos fiscalizadores deberían aplicar lo establecido por ley para exigir la inversión de los fondos, ya que estos, al no ser utilizados, son devueltos.

Por otro lado, se hace necesario que un organismo autónomo se encargue de verificar, en todas las regiones, la implementación del presupuesto asignado de forma progresiva, a través de un plan estratégico anual y el seguimiento respectivo. Más aún, en el caso de las partidas correspondientes a la prevención de desastres naturales que año tras año son devueltas al MEF o invertidas en otros proyectos.

Si bien la situación ya no está en la etapa de prevención, sino de reparación, el aprovechamiento de los recursos es esencial para reconstruir nuestro país. Para ello, las instituciones encargadas de velar por el uso adecuado de dichos recursos deben estar alertas frente a cualquier irregularidad.

Si realmente las autoridades hubiesen invertido el presupuesto asignado con la diligencia y responsabilidad del caso, no se habrían registrados tantas pérdidas en todo el país y un debate sobre si se debería cancelar los Juegos Panamericanos del 2019 no sería necesario. Año tras año nuestro país es afectado por fenómenos naturales; ya es momento de entender que prevenir es mejor que lamentar.

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