Por Gino Rivas, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y adjunto de docencia en la misma casa de estudios.

Las estaciones del tren eléctrico de Lima cuentan con ascensores exclusivos para adultos mayores, discapacitados y madres gestantes o con niños pequeños. Esto, a fin de cuentas, resulta correcto dada la condición de tales grupos. Ahora, ¿qué pasaría si se entera que en 6 de cada 10 ocasiones el ascensor es utilizado por adultos y jóvenes “comunes”?

La situación sería evidente: personas que no deben utilizar el ascensor se aprovechan indebidamente del mismo. El ascensor, concebido y construido para asistir a grupos específicos de personas, termina siendo utilizado por otros debido a la “viveza” de estos últimos.

Esto es lo que ha pasado con la vía judicial de anulación del laudo. El Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje (en adelante, LA) establece que el laudo se deberá anular solo en casos específicos recogidos expresamente por tal norma;[1] y en ninguna de tales causales se encuentra la afectación a una motivación “debida” o “válida”. No solo ello, por si quedasen dudas, el legislador prohibió expresamente que los tribunales judiciales pudiesen calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones del tribunal arbitral.[2] Más claro, imposible.

No obstante, la realidad nos dice otra cosa: en el 62,1%[3] de las demandas procedentes, se pide la anulación del laudo debido a que su motivación es “indebida”. Veamos:

Entonces, en casi dos tercios de las demandas judiciales de anulación se discute la anulación por una causal que no existe en la LA. En términos específicos, 437 (de 703) procesos admitidos, tramitados, discutidos, juzgados y resueltos sobre un fundamento no reconocido e incluso rechazado por la LA como causal de anulación. Y lo peor: laudos anulados por una causal que, de entrada, ni siquiera existe.

Pero la motivación como causal (empírica) de anulación del laudo no solo desnaturaliza la vía judicial de anulación del laudo, también altera al propio arbitraje.

En efecto, que el laudo no deba ser anulado por anomalías en su motivación no obedece a un capricho del legislador. Tal esquema tiene un fundamento: la competencia de los árbitros sobre el fondo de la controversia es exclusiva: solo los árbitros resuelven la controversia que les ha sido sometida. Esto es como encargar a un pintor famoso la elaboración de un cuadro de arte abstracto: él y solo él definirá qué y cómo pintará.

Pues bien, la evaluación de la motivación del laudo constituye una intervención indirecta sobre la competencia arbitral exclusiva para resolver el fondo. Cuando un juez se mete a evaluar la motivación y anula el laudo por supuestos defectos en la misma, está descartando el razonamiento del árbitro y la forma en cómo decide exponerlo. Hay, claramente, una intromisión.

Si un mecenas le dice a un pintor que ha pintado mal y lo obliga a rehacer la obra, es evidente que este mecenas está metiéndose en la libertad artística del pintor, en su “competencia” para decidir cómo pintar el cuadro. El mecenas no toma el pincel e interviene directamente sobre el cuadro, pero a través de sus calificaciones termina destruyendo la libertad del pintor para definir qué va a pintar.

Ahora reemplacemos mecenas por juez, y pintor por árbitro. El resultado es claro: los jueces “terminan dando el visto bueno a una determinada motivación de los árbitros. Y así, el recurso de anulación en el Perú termina convirtiéndose en una velada apelación”.[4]

Como una acotación adicional, es justamente la dificultad de asimilar un litigio sin recurso de apelación lo que ha generado que se pida la anulación del laudo por defectos en su motivación. Es difícil para muchos abogados aceptar que una decisión sobre el fondo no pueda ser apelada.  Frente a ello, se hizo necesario buscar otra vía, otra manera de lograr que, de algún modo, la decisión pueda ser revisada. Y es así que nace la anulación del laudo por anomalías en su motivación, un caso en que “la demanda crea su propia oferta[5]: Ante la insistencia, por parte de ciertos practicantes del arbitraje en el Perú, de lograr que un juez evalúe el caso sometido a un árbitro, la judicatura terminó concibiendo esta vía indirecta de intervención sobre el fondo.

Concluimos aquí con algunas preguntas: ¿Debe la “debida” motivación ser causal de anulación del laudo? ¿Deben seguir anulándose laudos por defectos en la motivación aun cuando la ley prohíbe calificar la motivación de los árbitros? ¿Debe permitirse la intervención judicial sobre el fondo cuando el arbitraje (salvo pacto distinto) asigna competencia exclusiva a los árbitros para resolver la controversia? Y finalmente, ¿es el juez o el árbitro el que debe resolver una controversia sometida a arbitraje?

Dejamos al lector las respuestas.


[1] Artículo 63.- Causales de anulación.

“1. El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe:

  1. Que el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, inválido o ineficaz.
  2. Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos.
  3. Que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo entre las partes o al reglamento arbitral aplicable, salvo que dicho acuerdo o disposición estuvieran en conflicto con una disposición de este Decreto Legislativo de la que las partes no pudieran apartarse, o en defecto de dicho acuerdo o reglamento, que no se han ajustado a lo establecido en este Decreto Legislativo.
  4. Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión.
  5. Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias que, de acuerdo a ley, son manifiestamente no susceptibles de arbitraje, tratándose de un arbitraje nacional.
  6. Que según las leyes de la República, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o el laudo es contrario al orden público internacional, tratándose de un arbitraje internacional.
  7. Que la controversia ha sido decidida fuera del plazo pactado por las partes, previsto en el reglamento arbitral aplicable o establecido por el tribunal arbitral”.

[2] Artículo 62.- Recurso de anulación.

[…]

“2. El recurso se resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo. Está prohibido bajo responsabilidad, pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral”.

[3] Información obtenida de: http://jurisprudencia.pj.gob.pe/jurisprudenciaweb/faces/page/resolucion-busqueda-especializada-superior.xhtml

Número de casos reportados al 07 de enero de 2017. No se cuentan sentencias que declaran improcedente o inadmisible a la demanda de anulación. Según tal web, ésta recopila todas las sentencias expedidas sobre anulación, sin excepción.

[4] Cantuarias, Fernando y José Luis Repetto. “El nuevo potro indomable: El problemático estándar de motivación de los laudos exigido por las cortes peruanas”. En: Ius Et Veritas. Lima, N° 51, 2015, p. 44.

[5] La frase se atribuye a John Maynard Keynes luego de que este analizase y refutase la Ley de Say (La oferta crea su propia demanda).

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