1. Modifican reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

La semana pasada, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que modifica el reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Esta última tiene como fin maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y promover que las contrataciones de bienes, servicios y obras se lleven a cabo bajo los mejores estándares de precio y calidad.

Pues bien, la Ley de Contrataciones tenía ciertos vacíos que ahora buscan ser llenados por el reglamento aprobado recientemente. Este introduce por ejemplo lineamientos respecto a las empresas proveedoras que no pueden contratar con el Estado por temas de corrupción, establece la obligatoriedad del uso de fichas de homologación por parte de las entidades, dispone también la publicidad del valor referencial, entre otros cambios.

En esta línea, encontramos que en el artículo 248-A de este reglamento, se erige que las personas jurídicas, cuyos representantes legales o personas vinculadas han sido condenados en el país o en el extranjero por delitos de corrupción o que en todo caso hubiesen reconocido la comisión de estos delitos, están impedidas de contratar con el Estado.

De igual modo, en este mismo numeral se instaura que el plazo de impedimento para contratar con el Estado es igual al tiempo de condena, o si se confesó el delito, es el plazo máximo de condena para este. Es importante mencionar lo manifestado por Maurice Saux, abogado del estudio Lazo, De Romaña & CMB Abogados, en una entrevista con el diario El Comercio; él expone, en relación a los consorcios, que las empresas socias que no hayan sido sancionadas o que no hayan admitido haber cometido actos de corrupción, podrían contratar con el Estado, debido al principio de responsabilidad individual.

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2. Solicitan prisión preventiva contra Alejandro Toledo y Eliane Karp por caso Ecoteva

La fiscal Manuela Villar Ramírez solicitó al Poder Judicial se dicte 18 meses de prisión preventiva contra Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp, por el delito de lavado de activos en el famoso caso Ecoteva. En el caso del ex Presidente, de aceptarse el pedido de la Fiscalía, esta sería su segunda orden de captura, la primera es por presuntamente haber recibido 20 millones de dólares por parte de la empresa Odebretch con el fin de que se le adjudique la construcción de la carretera Interoceánica.

La pareja presidencial es investigada a causa de las millonarias compras de propiedades por parte de Eva Fedenburg, fundadora de la empresa costarricense Ecoteva. De acuerdo a la fiscal Villar, Ecoteva se habría erigido con las coimas pagadas por Odebretch. La empresa brasileña habría depositado el dinero a cuentas de Yosef Maiman, empresario israelí y amigo cercano de Toledo, que finalmente destinaría los pagos a los fondos de la cuestionada empresa.

El pedido de prisión también alcanza a Maiman y al ex jefe de seguridad del Palacio de Gobierno, Avraham Dan On. Tanto la solicitud que pesa contra la pareja presidencial, como contra estas dos personas cercanas a Toledo, serán observadas por el juez Abel Concha Calla, titular del 16° Juzgado Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, este jueves y viernes respectivamente.

De acuerdo a la República, los abogados defensores de Toledo y Maiman están solicitando la acumulación de este caso con el de los sobornos que habría pagado Odebretch en el gobierno de Toledo, para que ambos se vean en un solo juzgado. La fiscalía aún no se pronuncia respecto a este tema.

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3. Quedó sin efecto la interpelación al ministro Martín Vizcarra

El jueves 23 de marzo quedó sin efecto la interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, por falta de quórum al cumplirse el plazo para su realización. Es importante recordar que el ministro iba a ser interpelado por la adenda que se celebró entre el Ejecutivo y el Consorcio Kuntur Wasi para la construcción del aeropuerto de Chinchero, en Cusco, la cual era considerada como lesiva para los intereses de nuestro país.

Si bien la sesión de pleno del Congreso se inició, esta fue suspendida a los pocos minutos de iniciada por la falta de legisladores. La mayoría de estos se encuentran gestionando apoyo en las regiones que representan debido a los desastres naturales ocurridos en nuestro país.

Esta situación ya había sido anunciada por las bancadas de Fuerza Popular, Peruanos por el Kambio, Alianza para el Progreso y Acción Popular quienes afirmaron que era necesario suspender la interpelación para que el ministro pueda seguir con sus labores en el contexto de los desastres naturales en nuestro país.

Contrario a ello, se mostraron los congresistas del APRA quienes confirmaron su asistencia, debido a que querían sentar un precedente sobre su posición a favor de la interpelación.

En este contexto, solo acudieron algunos congresistas como Carlos Bruce, congresista de Peruanos por el Kambio; Mauricio Mulder, del Apra; Marisa Glave del Frente Amplio, entre otros. Así como, el ministro Martín Vizcarra quien se presentó al Congreso con un documento escrito que contenía las respuestas a las 82 interrogantes que se le iban a realizar.

Finalmente, Yonhy Lescano, congresista de Acción Popular, quien impulsó la interpelación, no descartó volver a presentar esta medida cuando la situación del país se encuentre estable.

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4.  Denuncian ante la fiscalía a los autores de convocatorias de saqueos a centros comerciales

En el contexto de escasez de agua en los distritos de Lima y los desastres naturales en distintas regiones de nuestro país como Lambayeque, Tumbes, Piura, La libertad, los cibernautas comenzaron a difundir, a través de las redes sociales, eventos que promocionaban saqueos en distintos centros comerciales de Lima. Entre estos, se promocionaba uno en San Juan de Lurigancho el cual fue frustrado el pasado domingo 19 de marzo por la Policía Nacional del Perú.

Frente a estos acontecimientos, la División de Investigaciones de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) realizó las investigaciones para identificar a los usuarios detrás de estos eventos. Cuando estas se culminaron, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, denunció ante la fiscalía a 24 personas. Es en este sentido que la 57° Fiscalía Provincial Penal de Lima abrirá un proceso a los implicados quienes son acusados por el delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, el cual implica hasta 6 años de pena privativa de la libertad.

A parte de ello, el miércoles 23 de marzo el Ministerio Público confirmó que pedirá información de las cuentas, desde las que se realizaron los eventos, a la red social Facebook. Este pedido se hará a la sede principal de la red social en Estados Unidos.

Es importante destacar que, como medida de protección a la ciudadanía, se dispuso de 2000 policías para resguardar la seguridad en los centros comerciales de la capital.

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