Enfoque Derecho entrevistó a León Trahtemberg, Magíster en Educación por la Universidad Hebrea de Jerusalem y miembro del Consejo Nacional de Educación desde el año 2002, tratando distintas aristas sobre el Derecho a la Educación.

Enfoque Derecho: El artículo 13º de nuestra Constitución establece que los padres de familia deben participar en el proceso educativo de sus hijos. ¿En qué consiste esta participación?

León Trahtemberg: En todos los artículos de la Constitución de 1993 y de la Ley de Educación Nº 28044 del 2003, se observa un claro deslinde entre el rol de la familia (deber de educar, escoger el centro educativo, apoyar, colaborar, participar, informarse, velar por la calidad de este último) y el rol del Estado (organizar, dirigir, normar), tanto en la educación pública como en la privada (incluyendo elaborar el currículo escolar por niveles). Como se observa, los padres pueden escoger el colegio en el que deseen matricular a sus hijos, pero los padres no pueden imponer al colegio qué y cómo enseñar. Por eso es que resultaba absurda (quizá inconstitucional) la norma que dio el Congreso hace un tiempo en el sentido de que los padres deciden qué libros de texto usarán sus hijos en el colegio o a qué edad creen que sus hijos deben ingresar al primer grado de primaria.

En ninguna parte de la legislación se dice que los padres deciden sobre los quehaceres del colegio, mucho menos en la definición del currículo. Ese es un rol del Estado administrado por el gobierno.

ED: En el artículo 14º de este mismo texto se precisa que la educación religiosa se imparte con respeto a la libertad de conciencia, ¿se cumple ello en nuestro país?

LT: No se cumple en el sentido estricto del concepto. Por un lado, se obliga a la enseñanza de la religión católica en todos los colegios. Quien no lo desee, tiene que hacer una gestión para exonerarse o para mostrar que es de una confesión distinta. Esa es una forma inequitativa de tratar a todas las otras religiones o incluso a los laicos. Los estados modernos democráticos no incluyen la enseñanza de religión en la escuela pública que debe ser laica para no establecer diferencia alguna y dejar la religión en el ámbito de la vida privada.

Regresando a la libertad de conciencia, no se colige con claridad a quienes está dirigida: ¿a los padres que se la imponen a sus hijos o a la elección propia de los hijos? En el caso peruano, los hijos no pueden ejercer su libertad de conciencia porque los padres definen la religión de estos y se les impone dogmáticamente el credo desde la infancia en la escuela.

Por otro lado, ese artículo 14 dice que: “La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa”. Si la institución es laica, ¿por qué debe enseñar religión? Si la institución no es católica, ¿por qué tiene que hacer trámites para tener una opción confesional distinta a la que los católicos obtienen automáticamente, por default?

ED: En este mismo numeral, se decreta que los medios de comunicación deben colaborar con la educación y la formación moral y cultural; sin embargo, la mayoría de programas de TV y radio reproducen contenidos que no contribuyen a alcanzar este fin. ¿Cree usted que debería existir regulación más estricta en este tema?

LT: La palabra “colaborar” no está definida, pero sin duda alude a un concepto diferente al de “están obligados”, de modo que se puede interpretar de muchas formas. Tampoco está definida qué es la formación moral y cultural. Acaba de verse el conflicto suscitado por la educación sexual. ¿Qué rol de los medios se consideraría que cumple el mandato constitucional? ¿Cumplen con los criterios constitucionales los noticieros matutinos, programas radiales sobre sexualidad, entretenimiento juvenil con juegos agresivos vespertinos, dibujos animados violentos, o alguna novela que se sustenta en continuos adulterios y asesinatos por encargo? Un medio de prensa que inventa noticias, o propala chismes, ¿cómo calificaría? Un entrevistador que agrede a un invitado con el que no concuerda y ensalza a quien está en su línea, ¿cómo califica? Un medio que no da la oportunidad a los dos lados de la moneda para expresarse en un tema polémico, ¿cómo califica?

No me siento preparado para dar una propuesta específica sobre la regulación en prensa, radio y televisión. Creo que los códigos de ética de los medios, los anunciadores, el horario de protección a los menores, las regulaciones de la publicidad, deben converger en algún punto que contribuya a la salud mental y cívica de la población. Junto con ello la oferta estatal de medios bien financiados con productos de calidad deben ser una opción a la par de las otras, que si es buena se convierte en un referente valorado por la población.

ED: La Constitución también instaura que se debe fomentar la educación bilingüe e intercultural, según las características de la zona. ¿Cuánto hemos avanzado en esta materia?

LT: Formalmente el Ministerio de Educación ha procurado producir materiales y alfabetos escritos de todas las lenguas nativas y promover su uso en las zonas en las que están vigentes. En lo posible (difícil de lograr), que cuenten con maestros bilingües castellano-lengua nativa. La parte intercultural es más compleja porque no se circunscribe a la enseñanza en la escuela. Entra a tallar todo el entorno social, cultural, los medios de comunicación, las autoridades policiales y judiciales, los servicios públicos, etc. Y en eso falta mucho (no sé si realmente sería posible). También hay un bilingüismo internacional para vivir en un mundo globalizado, lo que incluye castellano-inglés u otro idioma de uso amplio. Esto tomará aún mucho tiempo.

Pero hay otra dimensión intercultural que es nacional, y concierne a la valoración y respeto a las diferencias incluyendo las étnicas, sociales, raciales, etc. Siendo el Perú un país fracturado, con fuerte presencia de racismo y discriminación, nuestra caracterización como país intercultural queda muy debilitada.

Diversas organizaciones sociales están tratando de avanzar en esos temas e influir en los parlamentarios para que legislen en función de ello y a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, pero es un proceso lento con muchos retrocesos y acomodos a las conveniencias políticas. Más aún cuando hay una asociación entre minorías discriminadas y niveles socio-económicos más débiles, que hace que no tengan peso político para avanzar en sus derechos y demandas.

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