Por Carlos Valverde, estudiante de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

La Remuneración Mínima Vital (RMV) o Salario Mínimo es la fijación de un precio mínimo en el mercado de trabajo, con el que se garantiza un ingreso socialmente aceptable a cada trabajador. En buena cuenta, promueve cierta equidad social y protege al trabajador frente al empleador en la negociación salarial.
En base a la definición brindada, el presente artículo intentará dos cosas: acercarse a su regulación en el Perú y, al contrario de las voces discordantes, mencionar cuáles son las ventajas que imprime en la economía.

Regulación de la RMV desde el bloque de constitucionalidad
Es preciso mencionar, de entrada, que la Remuneración Mínima Vital es formulada gracias a un acuerdo social. Esto quiere decir que no es privativo de un sector (sea el Estado, las fuerzas sindicales o los empresarios) la decisión de aumentarla o disminuirla, sino, como veremos más adelante, se trata de buscar consenso sobre ella, validada por criterios más bien técnicos que políticos. Entretanto, la RMV es reconocida con un derecho social. ¿De qué manera? Lo veremos a continuación.
Dentro del Capítulo II de la Constitución Política del Perú, dedicada a los Derechos Sociales y Económicos, el artículo 24° menciona lo siguiente: “El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual (…)”. De esta disposición se colige que la remuneración salario tiene un carácter contraprestativo y también social, cuyo obtención procura la subsistencia y el pleno desarrollo de la persona. Por otro lado, hacia el final del citado artículo dispone: “(…) Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores”. Es decir, se hace patente la importancia de concertar cuál será la cuantía de la RMV entre los actores representativos del trabajo en el país.
Además, de acuerdo a la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución advierte que los derechos y libertades deben ser entendidos en concordancia con los tratados y convenciones internacionales sobre Derechos Humanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos menciona, en el artículo 25°, inciso 2 y 3, que todas las personas tenemos derecho a salario igual por igual trabajo, y que este debe ser equitativo, satisfactorio que le asegure a él y su familia existencia digna; incluso, ordena, por otro medio de protección social, estabilizar el salario con tal de llegar al estándar mencionado. Sobre el particular, es claro que no se habla explícitamente de un salario mínimo, pero sienta las bases de una remuneración equitativa, con el cual se asegure la subsistencia digna.
Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 7°, inciso a, numeral 1, determina que los trabajadores tienen derecho a “[u]n salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie (…)”. En el mismo sentido, el Protocolo Adicional a la Convención sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 7°, inciso “a”, advierte que la remuneración debe asegurar condiciones mínimas de subsistencia decorosa para trabajadores y sus familias, en tanto que es equitativo e igual por trabajo igual.
Finalmente, de acuerdo a Cuadros y Quiñones, los Tratados de Libre Comercio (TLC) son también herramientas de regulación de instituciones laborales, como es el caso de la RMV. Por ejemplo, el dispositivo comercial firmado con EE.UU. regula la preeminencia de condiciones aceptables de trabajo en relación al salario.
De lo brevemente descrito, notamos que el bloque de constitucionalidad provee las herramientas de protección de la RMV como un derecho de corte social, garantista del trabajador como parte menos favorecida de las relaciones laborales.

¿Cómo se fija la RMV?
El aumento de la RMV se sustenta en los acuerdos internacionales asumidos entre el Perú y la Organización internacional del Trabajo (OIT) y la normativa nacional sobre la materia.
En el ámbito internacional, el Perú ratificó el convenio N° 99 y N° 26 de la OIT en 1960 y 1962, respectivamente. Sobre el primero, la organización multilateral obliga a tener métodos adecuados que permitan tasas mínimas de salarios en el sector agricultura. El segundo, obliga a mantener métodos para la fijación tasas mínimas para remuneraciones en el sector industria y en los sectores que no exista certeza de estándares que fijen salarios mínimos.

En el ámbito nacional, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) tiene un rol medular. Según la ley 29381, Ley de Organización y Funciones del MTPE, en el artículo 7, numeral 7.9, el ministerio tiene como función exclusiva la de fijar y aplicar los lineamientos de la política de remuneraciones mínimas. Asimismo, según el artículo 89°, literal h), del Reglamento de Organización y Funciones del MTPE, el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) es el ente articulador de la regulación de la RMV en el Perú.

El CNTPE se define como un “órgano de naturaleza consultiva y tiene por objeto la discusión y concertación de políticas en materia de trabajo, (…). Asimismo, tiene participación en la regulación de las remuneraciones mínimas”. El Consejo tiene una formación tripartita: el Estado, que hace las veces de mediador, representantes del empresariado y representantes de las organizaciones sindicales o de trabajo. De esta forma, entonces, se busca llegar a acuerdos en cuánto a determinación del salario mínimo, desterrando así intentos unilaterales del Estado de establecer el salario. Dicho esto, entonces, ¿cuáles son los criterios técnicos que se usan para ajustar el salario, según ley, de forma bianual?
De acuerdo al acuerdo Sesión Extraordinaria Nº 25 del 23 de agosto de 2007, vemos que “el Pleno del CNTPE aprobó el Informe “Crecimiento de la Productividad y Reajuste del Salario Mínimo”, que prevé un mecanismo de revisión bienal de la RM en función a la inflación subyacente proyectada (indicador que predice la inflación tendencial, es decir, aquella que excluye a los productos cuyos precios son muy volátiles) y la productividad multifactorial (variable que mide la eficiencia del aparato productivo)”. La fórmula resultante que se emplea en la discusión por un eventual aumento de RMV es la siguiente fórmula:

“ ∆RM : Variación porcentual de la remuneración mínima.
s : Inflación subyacente proyectada.
∆ q : Variación porcentual de la productividad multifactorial”

Esta fórmula tendrá que ser aplicada siempre y cuando no concurran 4 factores de riesgo, lo cual devendría en el aplazamiento de un año del ajuste: 1) profunda recesión, 2) elevación del desempleo abierto, 3) elevación de más del 60% de la informalidad urbana a nivel nacional y 4) alza del ratio remuneración mínima / remuneración promedio en el sector privado formal nacional que supere el 50% en el último año.

Todos los criterios que existen en la fijación de la RMV, todos sumamente técnicos, evitan la discrecionalidad estatal, a razón de ser consensuada, en primer lugar, y evaluada en términos económicos y productivos, en segundo lugar, que tornan a la fijación del salario mínimo en un ejercicio desprovisto de arbitrariedad e imprevisibilidad.

Algunos aspectos positivos para la economía
Paul Krugman, premio Nobel de economía y conocido por su activismo a favor de políticas pro mercado, escribió en El País, en base a los estudios de Card y Krueger, que no existen pruebas de que el aumento del salario mínimo tenga un efecto en la reducción del empleo, porque, el mercado de trabajo, al centrarse en las personas, se obtienen beneficios cuando se les paga más, puesto que se incide directamente en la productividad, en la retención de cuadros y en bienestar de los trabajadores; de esta forma se compensa, refiere el autor, en el costo de la mano de obra.

Fernando Cuadros, economista y profesor de la PUCP, en una entrevista para EnfoqueDerecho.com, manifestó que los aumentos de salario mínimo trasladan ese dinero al mercado, a través del consumo de bienes y servicios generando su dinamización. Además, siguiendo con Cuadros, no se puede hacer una relación directa entre la informalidad y los salarios, en el entendido que el fenómeno no es privativo de cuánto se paga a un trabajador, sino que influyen factores tributarios, registrales, administrativos que lo determinan. Incluso, dice, la informalidad se ha reducido en 12% del 2003 al 2015, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Por otro lado, una de las preocupaciones relacionadas con la RMV es su impacto a las PYME. Sobre el particular, el Dr. Óscar Oscátegui, catedrático de economía en la PUCP, menciona que no es exacta dicha afirmación. En concreto, sustenta que aumentar el RMV estimula la demanda de productos y con ello la inversión en industrias que suplan las necesidades crecientes, de modo que el efecto en la creación de empresa resulta ser positivo, ya que en lo último que piensa un agente económico es en salario, sino que el punto de referencia es el aumento del PBI y los costos de constitución y permanencia de empresas e industrias. Sobre la misma preocupación, se ha verificado que en el 2012, durante el aumento del salario mínimo, hubo un descenso de la tasa de desempleo abierto de 8.5% a 5% ; por otro lado, en el 2011, luego de la primera alza de la RMV, se crearon 10 700 nuevos empleos en las MYPE, lo que corresponde a un alza del 13% del total de nuevos puesto de trabajo de ese año. Entonces, la relación negativa entre las MYPE y el salario mínimo es una especulación más que una realidad.

Aparte de tener un “efecto faro” o “factor de equidad” en el sector no asalariado (autónomos e independientes), del cual puedan guiarse en la negociación de sus remuneraciones, los salarios mínimos, según OIT, lograrían la reducción de la pobreza. En países como China (aumento de 8% a 13%, en los últimos 10 años), Brasil (aumento de 3% anual, en promedio) o Camboya (se triplicó en un periodo de 10 años).

Conclusión
Del desarrollo sucinto de este amplio tópico podemos arribar a la conclusión de que la fijación de la RMV no es una facultad unilateral del gobierno de turno, sino que se basa en criterios muy bien establecidos que definen cuándo se va a intervenir en las mejoras remunerativas en el país.

Asimismo, existen muchos trabajos empíricos y científicos que demuestran las ventajas de tomar en serio la existencia de los salarios mínimos, desde impulsar la economía nacional y la generación de empleo, hasta el bienestar de las personas en su día a día. Por ello, alentamos el debate sobre la regulación de la RMV a través de argumentos técnicos, apartando los dogmas ideológicos que, al parecer, llevan a fundamentalismos inconsistentes con la realidad.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here