En esta entrega de nuestra Semana por la Protección de los Animales, Enfoque Derecho conversó con Jean Pierre Araujo, abogado de la PUCP y miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, sobre el tráfico ilícito de especies silvestres en el Perú y las políticas públicas emprendidas para evitarlo.  

Enfoque Derecho: ¿Cuales son los principales problemas en la conservación de Fauna Silvestre?

Jean Araujo: El tema de conservación y gestión tiene como principal problema la institucionalidad a cargo. En los últimos 10 años, el país ha estado impulsando un proceso de descentralización de funciones a nivel de protección forestal y de fauna silvestre, y casi todas las regiones amazónicas ya la han obtenido y ejercen la competencia, respectiva. En las regiones recaen funciones muy importantes, como otorgar derechos de acuerdo a la legislación especial y luchar contra las actividades ilícitas, ejercer control y fiscalización en el comercio de los productos, entre otros. La lucha contra el tráfico ilícito de fauna silvestre requiere el trabajo articulado de la autoridad nacional (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR) con las autoridades regionales, para que cuenten con información en tiempo real, a fin de aplicar correctamente la normativa y sancionar efectivamente los actos ilícitos.

En el caso peruano, la lucha contra el tráfico ilegal de especies de flora y fauna reúne especial importancia, considerando la gran biodiversidad con la que contamos. Algunos estudios señalan que por cada espécimen que se vende en el mercado de manera ilegal, fallecen nueve ejemplares. El segundo gran problema es la aplicación de las sanciones, por cuanto son percibidas como meros paliativos, considerando que esta actividad cuenta con niveles de criminalidad organizada, y sólo se sanciona al último eslabón de la cadena.

A pesar de las modificaciones del código penal y el incremento de penas que podrían permitir la encarcelación de estas mafias o personas dedicadas al tráfico ilegal, esto hasta ahora no ha sido efectivo; pues las penas son normalmente suspendidas o no son consideradas, por el tipo de bien jurídico protegido, como importantes para la sociedad.

ED: ¿Qué políticas públicas se han planteado para la protección de la fauna? ¿Son estas efectivas?

JA: El año 2011 se aprobó la ley 29763 que, después de un proceso de 04 años de reglamentación, está totalmente vigente con la aprobación de sus reglamentos en Octubre del 2015. Lo bueno de esta reglamentación es que prioriza el tema de la fauna silvestre. Hasta antes de la ley Nº 29763, la gestión y manejo sostenible de fauna silvestre era visto como un tema accesorio, lo cual se reflejó en el poco desarrollo promotor y regulatorio.

La nueva ley rompe ese paradigma. Ahora se cuenta con un título específico para el manejo y conservación de fauna silvestre, además de un reglamento específico que regula las diferentes actividades económicas vinculadas a la fauna silvestre, como: manejo, investigación, tráfico, comercialización, entre otros. Además, debemos considerar que esta vez el Estado ha establecido reglas especiales para el aprovechamiento de fauna silvestre en favor de las comunidades campesinas y nativas, las cuales se han reflejado en la aprobación de un reglamento especial ellos.

Luego de la aprobación de la nueva regulación sobre fauna silvestre, el reto está en su internalización y aplicación por los diversos actores, en especial, por las autoridades a cargo de su gestión, administración, promoción y control.

ED: Desde la sociedad civil, ¿existen iniciativas que busquen resolver alguno de los problemas descritos?

JA: Sí, existen varias iniciativas interesantes, que van desde el seguimiento de casos hasta el empoderamiento ciudadano para enfrentar amenazas que atenten contra la fauna silvestre. Por ejemplo, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental ha venido implementando, desde el 2010, un consultorio jurídico gratuito (CJG) que nació para apoyar a todos los ciudadanos afectados por ilícitos que tengan que ver con la afectación al derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, tales como contaminación, tala ilegal, minería ilegal, tráfico de ilícito de fauna silvestre, entre otros. El servicio brindado por el CJG, consiste en brindar un servicio de orientación, asesoría y patrocinio para que el ciudadano pueda acceder legalmente a los recursos naturales o pueda denunciar los actos ilegales. De esa manera el CJG brinda un servicio especializado que facilita el fortalecimiento de la sociedad para luchar contra los actos ilícitos, promoviendo el acceso a justicia ambiental. Durante los últimos años el CJG ha incrementado tanto el número de casos como los temas que aborda. En el caso de fauna silvestre, en el último año los CJG de la SPDA (Madre de Dios y Loreto) reportaron 7 casos vinculados a tráfico ilícito o denuncias por tenencia ilegal de fauna silvestre.

Actualmente, la SPDA, en alianza con Wildlife Conservation Society (WCS), vienen trabajando en establecer, conjuntamente con las autoridades regionales y SERFOR, una serie de acciones que permitan enfrentar de una manera más efectiva el tráfico ilícito de fauna silvestre en la ruta que abarca los departamentos de Loreto, Amazonas, Lambayeque, Piura y Tumbes. Ello busca facilitar la articulación de esta lucha con el gobierno ecuatoriano, como parte de una política priorizada por ambos países en el marco de los acuerdos de desarrollo fronterizo. Esta articulación entre ambos países, ha requerido el liderazgo de las autoridades sectoriales de ambos países, así como, en el caso peruano, del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, gobiernos regionales, Ministerio Público, Policía Nacional, entre otras instituciones que tienen incidencia sobre el tema.

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