Fuente (Imagen): Diario El Comercio

Por Lucía Varillas, estudiante de Derecho de la PUCP y miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho.

Hace algunos días el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) realizó una movilización por el día del trabajo en el centro de Lima, llevando con ellos pancartas con fotografías de cabecillas terroristas que se encuentran hoy presos, entre ellos de Abimael Guzmán. En estas pancartas se leían mensajes que decían “¡Basta de odio y venganza!”, pidiendo libertad para aquellos presos por terrorismo. La situación ha generado la respuesta de ministros como Salvador del Solar quien se mostró crítico y rechazó la defensa a terroristas.

No es la primera vez que este movimiento realiza una marcha de este tipo, alegando libertad de expresión para cometer un delito. El 17 de abril también se realizó una movilización que terminó con la denuncia del procurador Milko Ruiz a Manuel Fajardo por el delito de apología.

Hoy nuevamente la fiscalía ha iniciado una investigación a los dirigentes del Movadef por el presunto delito de apología al terrorismo.

Pero, ¿cómo se desarrolló esta movilización? En todo momento contaron con respaldo policial, ningún herido, ningún manifestante detenido. Todo en orden.

Mientras tanto, esa misma semana se realizó una marcha en favor del uso de marihuana medicinal. En esta marcha participaron padres, madres, y niños quienes buscan que se legalice el uso de esta planta para aliviar distintas dolencias y enfermedades. Fue una manifestación pacífica que pretendía hacer un llamado a las autoridades y generar conciencia.

Es el octavo año que realizan esta manifestación en el marco del Día Mundial de la Marihuana y de acuerdo a ellos tramitaron los permisos respectivos para llevarla a cabo.

Sin embargo, y en total contraposición, ¿cómo se desarrolló esta marcha? La policía decidió suspenderla haciendo uso de bombas lacrimógenas. Estas fueron lanzadas indiscriminadamente, sin consideran la presencia de niños y pacientes en sillas de ruedas. Se detuvieron a 9 personas y fueron llevadas a la comisaria solo para ser liberadas casi 24 horas después.

Una de las personas detenidas era un padre de familia que acababa de perder a su hijo hace una semana. “Un padre que luchó entre el marco de la ilegalidad y el amor por mejorar la calidad de vida de su hijo, ha vivido tamaño dolor y ahora semejante humillación”, indicó Dorothy Santiago, coordinadora del colectivo ‘Buscando Esperanza’, en su página de Facebook.

De acuerdo al general Gastón Rodríguez, jefe de la Región Policial Lima, la policía intervino en tanto no se contaba con permiso para marchar y los manifestantes presentaban “actitudes agresivas”.

El artículo 2 inciso 12 de la Constitución establece el derecho de reunión siempre que sea pacífica y, de darse en un “plazas y vías públicas”, que sean avisadas a la autoridad quien podrá prohibirlas “solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas.” Es decir que solo deberían prohibirse de manera excepcional.

El aviso a la autoridad a que se refiere el artículo en cuestión se manifiesta a través de un permiso que debe otorgar la Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi) y parece ser que conseguir este permiso no es tan difícil (o al menos no debería serlo). El trámite es bastante simple, y en principio gratuito y se realiza en las oficinas tanto en Lima como en provincia y es resuelto por el Director de la Dirección de Otorgamiento de Garantías o el Gobernador Provincial. Deben presentarse los siguientes documentos: 1) Comunicación escrita del personero legal de la institución organizadora; 2) En el caso de persona jurídica acreditar la representación con copia de la vigencia poder, expedida por SUNARP; y, 3) Acta de Compromiso con carácter de declaración.

Contar con esta formalidad es necesario para realizar una marcha o manifestación en tanto es la manera que tiene el Estado de verificar que no se atente contra la seguridad o sanidad pública. Pero, ¿qué sucede si no se cuenta con este? La policía puede detener la manifestación y pedir que las personas se retiren de la vía pública. Hasta aquí no hay mucho que decir y todo estaremos de acuerdo en que tiene sentido que así sea. Sin embargo, ¿resulta razonable la actuación policial en este caso solo por no contar con el permiso? ¿Puede la policía desplegar toda su fuerza contra los manifestantes solo por no cumplir con esta formalidad? Es evidente que no.

La policía claramente ha hecho un uso desproporcionado de su fuerza en este caso. No contar con un permiso no justifica que se lancen bombas lacrimógenas contra niños y personas discapacitadas.

Es que en este país, dónde aquellos que justifican el terrorismo la pasan mejor que aquellos que luchan por la salud de sus hijos, las cosas cada vez tienen menos sentido.

 

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