Es usual ver en los noticieros las airadas discusiones entre congresistas de distintas bancadas y los comentarios de los mismos fuera del hemiciclo. La intensidad de las discusiones parece hacer que, a veces, pierdan por completo la objetividad y hasta la noción de lo que están diciendo. En este punto, se hicieron, también, normales las acusaciones -en ocasiones sin fundamento y hasta exageradas -a sus opositores. En ese sentido, algunos congresistas tildan de corrupto y “vendido” al presidente o a algún ministro, sin poder demostrarlo; o que señalan que el Frente Amplio o Verónika Mendoza mantienen el ‘pensamiento Gonzalo’, relacionándolos con Sendero Luminoso. Abusan así de la inmunidad parlamentaria y consideran que cuentan con autorización para difamar a quienes piensan de manera distinta a ellos.

La inmunidad parlamentaria se configura como una garantía para que los congresistas no puedan ser procesados por motivaciones políticas. El artículo 93º de la Constitución regula las prerrogativas de los congresistas que, entre otras, los exime de responsabilidad por opiniones y votos en ejercicio de sus funciones y establece los supuestos en los que es posible quitarles la inmunidad. En ese sentido, nos encontramos con dos actores: el Poder Judicial y el Congreso mismo.

Para levantar la inmunidad, según el artículo 16º del Reglamento del Congreso de la República, debe formarse una Comisión integrada por Jueces de la Corte Suprema, quienes en base a la investigación policial, fiscal y judicial, solicitan al Congreso de la República el levantamiento de la inmunidad del congresista que presuntamente cometió el delito. Seguidamente, la solicitud es evaluada por la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, quienes determinan si existen fundamentos estrictamente legales, o si responden a criterios políticos, religiosos u otros. Posterior a ello, se cita al congresista señalado y, luego de 15 días, se emite el dictamen para que sea discutido y votado en el Pleno. Se aprueba el levantamiento con la mitad más uno del número total de congresistas. De aprobarse, el Poder Judicial inicia el proceso respetivo.

Con respecto al proceso de levantamiento de inmunidad parlamentaria, este artículo prevé, en su punto 2, que no se sancione a parlamentarios por cuestiones de índole política. Esto se entiende, ya que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria evalúa que los pedidos solo tengan motivación legal y no política, racional, religiosa o de otra naturaleza discriminatoria. En otras palabras, las motivaciones de índole política, que pueden comprender opiniones e ideologías diferentes, son catalogadas como discriminatorias.

Por otro lado, el artículo 132º del Código Penal, que se encuentra dentro de los delitos contra el honor, señala sobre la difamación lo siguiente: “El que, ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona, un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a ciento veinte días-multa”. En este caso, los parlamentarios en el hemiciclo se encuentran frente a otros congresistas, funcionarios y periodistas, y, al afirmar que, por ejemplo, Marco Arana y los militantes del Frente Amplio están vinculados a grupos terroristas, evidentemente, perjudican su imagen.

Entonces, ¿cómo podemos diferenciar el delito de difamación con una postura política? En primer lugar, el delito de difamación se da cuando se hace referencia a la persona; en este sentido, si un congresista manifiesta su postura sobre una problemática, al referirse a alguien, evidentemente, personaliza el problema y no se centra en el hecho que genera controversia. En segundo lugar, el delito de difamación se configura cuando se intenta perjudicar el honor o reputación de alguien; por su parte, una postura política, no pretende más que dar a conocer mediante argumentos un punto de vista sobre un hecho, no sobre alguien en específico.

En vista del panorama actual, consideramos que no es aceptable la impunidad por delitos de difamación, ya que no defienden posturas sobre hechos controversiales que definan el futuro del país. Resulta claro que los parlamentarios aprovechan su condición para dañar la imagen de otra persona y esto debe tener consecuencias.

Si bien, es poco probable que un Congreso dominado por una fuerte mayoría apruebe el levantamiento de inmunidad para alguno de sus colegas, el Poder Judicial tiene también un rol importante, ya que no debe bajar la guardia frente a los evidentes delitos que en ocasiones cometen algunos congresistas.

Esperemos que, la inmunidad no sea de nuevo un pretexto de impunidad. La ley debe ser cumplida por todos, y más aún, por los que la elaboran.

 

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here