Hace unos días, la congresista Luciana León presentó el Proyecto de Ley 1485-2017, que busca modificar el artículo 31 de la Constitución Política a fin de permitir el voto facultativo a los adolescentes de 16 y 17 años. Según lo planteado en el propio Proyecto de Ley, su principal objetivo es incrementar la participación política y cívica de los jóvenes. ¿Permitir el voto facultativo de los adolescentes de 16 y 17 años realmente promueve su participación política? En el presente editorial, analizaremos esta interrogante en base a la experiencia internacional.  

La experiencia más cercana, y de la que el proyecto se basó en gran parte, es la argentina. El 1 de noviembre del 2012, el gobierno de Cristina Fernández promulgó la ley que reduce la edad mínima para sufragar, de 18 a 16 años. El objetivo de la norma era prácticamente el mismo que el proyecto de la congresista León. En el 2013, los jóvenes de 16 y 17 años emitieron por primera vez su voto, pero los resultados no eran los esperados. Según el Observatorio Electoral Argentino (Informe de trabajo Nº 150), habría participado poco más del 50% de los jóvenes aptos para votar. Aunque a primera vista parece un buen inicio, el informe señala que solo el 40% de jóvenes entre los 16 y 17 años fueron habilitados para sufragar. En ese sentido, en realidad, solo votaron el 10.9% de los jóvenes de 16 y el 29.2% de los de 17.

El caso chileno también demuestra que el voto no es necesariamente un factor determinante en el fomento de participación juvenil en la política nacional. Ello se evidencia en las estadísticas del Instituto Nacional de la Juventud del país sureño. Según sus proyecciones, cerca del 75% de jóvenes no iría a votar o quizás no lo haría.

Independientemente de si se debe o no habilitar el voto facultativo para los adolescentes de 16 y 17 años, está claro que el fomento de la participación política no es una razón para hacerlo. En realidad, la falta de interés de los adolescentes por la política no se debe a que no puedan votar, sino a factores tales como el poco interés por parte de los políticos para elaborar propuestas destinadas a los jóvenes y adolescentes o el total desprestigio de la clase política del país. De hecho, esta última razón es consecuencia directa de la gran expansión de la corrupción en casi todos los niveles del Estado. La crisis de valores que ha afectado a la mayoría de los países de Latinoamérica genera que se vea con mucha desconfianza a la política y se pierda la esperanza de que es un medio para lograr cambios que beneficien a la sociedad.

Estas razones se replican en casi toda Latinoamérica, y lleva como consecuencia el desinterés de este conjunto. Así, por ejemplo, en Colombia el 60% de los jóvenes no tiene interés por participar en ninguna agrupación política, según el Ministerio de Educación, y solamente el 1.5% de los jóvenes milita o pertenece a alguna agrupación política.

Como podemos ver, el desinterés por la política no es consecuencia de la imposibilidad de votar, pues aún en las poblaciones que sí se habilita este derecho, el desinterés ha aumentado mucho. Si realmente queremos fomentar la participación política de los adolescentes, debemos mejorar los servicios educativos y fomentar la importancia de la acción política en la labor de mejorar la sociedad. Así, la educación juega un rol fundamental en la formación cívica de los jóvenes. Una formación sólida, no solo académica, sino también en valores, fomenta la participación ciudadana, otorga la capacidad de indignarse frente a malas prácticas, genera interés en la realidad nacional y también responsabilidad al momento de emitir un voto.

Ahora bien, el Estado no es el único encargado de fomentar la participación juvenil en política. Los partidos políticos son actores sumamente importantes en la formación de decisiones en el país. En ese sentido, resulta imprescindible que sean en principio institucionales y que tengan como uno de sus objetivos, la inclusión de jóvenes en sus bases, dándoles espacios para expresar sus opiniones, comprometiéndose a velar por sus intereses y derechos, e incluirlos al momento de tomar decisiones partidarias.

Cada intento de que los jóvenes tengan la oportunidad de hacer escuchar su voz y de influir en las decisiones es una forma de mejorar la participación política. En el Perú, las protestas y marchas organizadas precisamente por jóvenes, nos llevan a la conclusión de que existe interés, pero este debe formarse y desarrollarse con mucha responsabilidad, evitando acudir a medidas que resultan demagogas o contraproducentes que no cumplan finalmente con el objetivo previsto. El voto no solo es un derecho, sino también un deber y una responsabilidad, pues de ella depende el rumbo de nuestra sociedad.

Habilitar el voto facultativo para los adolescentes de 16 y 17 años no asegura que estos participen en política. Si realmente queremos hacer un cambio, debemos priorizar la formación de adolescentes y jóvenes conscientes de la realidad nacional que entiendan la importancia de la acción política, independientemente de si pueden o no votar.

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