En lo que va del año, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ha sufrido la salida de cuatro de sus ministros. Entre renuncias y censuras, este gobierno lucha por mantenerse en pie frente a un Poder Legislativo que parece estar decidido a cuestionar toda acción del Ejecutivo; generando inestabilidad, e impidiendo la gobernabilidad y el desarrollo del Estado. En torno a esto, debemos preguntarnos: ¿todas las salidas ministeriales fueron justificadas? ¿Qué debería hacer el ejecutivo para detener esto?

Si bien las constantes interpelaciones e intentos de censura fueron percibidos como una cacería, no todas las salidas de ministros tuvieron esta causa. En específico, la renuncia del ex Ministro de Defensa, Mariano González, fue completamente razonable y justificada. Él renunció de manera voluntaria, a solicitud del Presidente del Consejo de Ministros, luego de que se diera a conocer que contrató como asesora de su despacho a su entonces pareja sentimental y hoy esposa. No obstante, las siguientes tres salidas fueron sumamente polémicas y discutidas, tanto por las formas como por los fondos.

A fines del año pasado el ex Ministro de Educación, Jaime Saavedra, fue interpelado por el Congreso. El pliego presentado por los parlamentarios contenía preguntas relacionadas con las demoras en la organización de los Juegos Panamericanos, la nueva Ley Universitaria, y las supuestas irregularidades en la compra de computadoras por su despacho. La aplastante mayoría fujimorista, insatisfecha con las respuestas de Saavedra, decidió censurarlo. Como consecuencia, él se vió forzado a renunciar.

Son varios los factores cuestionables de esta censura. En primer lugar, miembros de la bancada fujimorista ya afirmaban que el exministro sería censurado incluso antes de escuchar la interpelación en el Congreso. Además, resultó totalmente contradictorio que se responsabilizara al ex Ministro por una compra irregular de computadoras, pero no a la Presidenta del Congreso, Luz Salgado, por una situación similar. Finalmente, una de las razones presentadas en la moción de censura fue la inclusión de la ‘ideología del género’ en el Currículo Escolar, a pesar de que este tema no fue abordado en el pliego interpelatorio.

La tercera salida fue la del ex Ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, quien respondió un pliego de 78 preguntas frente al Congreso. Se le cuestionó, sobre todo, el proceso de licitación del aeropuerto de Chinchero en el Cusco, que aparentemente supondría una pérdida de USD$ 40.6 millones al Estado peruano. Si bien, en este caso no se llegó a la censura, la presión política ejercida por parte del Congreso -que de hecho amenazaba con censurar a Vizcarra – logró hacer que el funcionario renuncie al cargo.

Esta semana fue el turno del ahora ex Ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, quien fue interpelado por el Congreso a raíz de la publicación de audios en los que, para algunos, este ejercía presión sobre el Contralor General de la República. Luego de su presentación, el economista solicitó la confianza del Congreso, la que fue negada con 88 votos a favor. Como establece la Constitución, Thorne se vió obligado a renunciar.

Asimismo, los parlamentarios fujimoristas manifestaron su intención de censurar al Ministro del Interior, Carlos Basombrio, por una marcha del Movadef. Para el congresista Daniel Salaverry, Thorne salvó de la censura a Basombrío, pues de no ser por Thorne, “(Basombrio) se iba a su casa”. Sin embargo, esto no acaba allí, pues el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Grados, ya ha sido llamado al Congreso para declarar por la “falta de fiscalización” en las galerías siniestradas por el último incendio en Las Malvinas, donde fallecieron trabajadores sometidos a un régimen injusto de trabajo -por decir lo menos-.

Distintas razones, mismo procedimiento. El Poder Legislativo ha logrado, ya sea por presión política o por retiro de confianza, la renuncia de tres ministros nombrados por el Presidente. Resulta sorprendente que en menos de un año de gobierno el Ejecutivo haya tenido que sufrir tantos cambios. Ante ello, es claro que el gobierno no puede seguir de brazos cruzados. La renuncia y censura de ministros no puede continuar si queremos que el país siga creciendo. Cada una de estas renuncias supone un retroceso o al menos un freno a las actividades de cada ministerio. ¿Dé qué manera se puede cumplir con los objetivos o metas propuestas para cada sector si el que los dirige es cambiado en menos de un año?

En base a todas estas actitudes tomadas por parte del Congreso, consideramos necesario que el Ejecutivo plantee una cuestión de confianza de todo el gabinete; a fin de saber si es que realmente el primer poder del Estado considera que los actuales ministros son capaces para dirigir sus sectores, o por el contrario, si es que deben dar un paso al costado. Si bien la dación de confianza no imposibilita al Congreso a interpelar y luego censurar a algún Ministro, resultaría incoherente que se sigan buscando pretextos para cesar a un ministro de su cargo, luego de haberle dado formalmente la confianza. De hacerlo, ello podría jugar en contra en su aprobación por parte de la población. Esto favorecería al Ejecutivo y a su gobernabilidad.

El Ejecutivo debe actuar y mostrarse fuerte contra la presión de algunos grupos políticos que apuntan a obtener beneficios e indultos, a través de prácticas obstruccionistas y antidemocráticas, aplastando derechos de las minorías y usando de forma abusiva las facultades que tienen. El gobierno debe frenar esta situación que se está tornando patológica.

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