Entrevista al Dr. César Landa, ex Presidente del Tribunal Constitucional del Perú y profesor de Derecho Constitucional de la PUCP.

Enfoque Derecho: El contralor Edgar Alarcón presentó una acusación constitucional contra Alfredo Thorne – en ese tiempo ministro de Economía – por presuntamente haber atentado contra la autonomía de la Contraloría. ¿En qué consiste la figura de la acusación constitucional?

César Landa: La Constitución ha previsto que en el sistema de división de poderes exista el control de la división y balance de poderes. En ese sentido, el Congreso realiza una acción de fiscalización, también llamada control; este puede darse al inicio del Gobierno –cuando se presenta el Gabinete y pide un voto de confianza -, pero también puede darse uno vinculado a una investigación y sanción.

Así, la acusación constitucional es reservada por el artículo 100º de la Constitución para los altos funcionarios –el Presidente, los Ministros, Congresistas, etc. – para cuando se cometen delitos en el ejercicio de la función o por infracción a la Constitución. Esta acusación además, se hace bajo un plazo determinado, hasta 5 años después que hayan cesado sus funciones.

Ahora, surge un problema cuando se acusa por infracción a la Constitución. No hay una delimitación normativa de qué cosa es acusación; con ello, se incumple el principio de legalidad en su sentido de tipicidad. Se deja un margen discrecional y político para que la autoridad parlamentaria decida si admite la investigación.

Esta figura se ha utilizado antes. Durante el gobierno de Fujimori, los congresistas de la mayoría se reunían en el SIN; ellos finalmente fueron acusadas. También se ha usado este concepto de forma inadecuada para destituir a magistrados del Tribunal Constitucional cuando declararon la Ley de Reforma Constitucional para permitir la re-reelección de Fujimori.

¿Cuáles son las consecuencias de la acusación constitucional? Que una Subcomisión acusadora del Congreso acuerde que hay elementos que infringen la Constitución para poder denunciar a este alto funcionario ante la Comisión Permanente y esta se presenta ante el Pleno, que vota sin los miembros de la Comisión Permanente, con el fin de decidir si se sanciona o no al funcionario.

Cabe resaltar que el debido proceso juega un rol peculiar en este tipo de mecanismos de control político. Recordemos que lo político no puede estar ajeno a lo jurídico. Si bien no le podemos pedir al Congreso que garantice el debido proceso como lo haría un juez penal, se debe respetar el derecho, por ejemplo, de que el acusado cuente con un abogado. No obstante, considero que el nivel de exigibilidad de la tutela procesal en este tipo de mecanismos no es alta sino intermedia, pues no está en juego la vida, la libertad o el patrimonio del funcionario.

ED: En lo que va del gobierno de Kuczynski, el Congreso ha interpelado al menos a 3 ministros del Ejecutivo sin mayor sustento lógico. ¿En qué consiste la interpelación? ¿Se puede interpelar por cualquier motivo?

CL: El origen de la interpelación es un poco paradójico. En 1848, el Ministro de Guerra del gobierno de Castilla fue invitado al Parlamento y no quería asistir; había un cuestionamiento respecto de la actitud que había tenido este Ministro en torno de un conflicto interno. Así, fue “interpelado” para que se presente por grado fuerza. El Ministro respondió que el era nombrado por el Presidente, por ello debía acudir a la Presidencia y no al Parlamento.

A partir de allí se elaboró la Ley de Ministerios de 1848, en la que se incorporó la figura de la interpelación, en la que se establece que cuando el Ministro es llamado de grado fuerza por el Congreso, él tiene que asistir. Luego se llegaría a incluir la figura de la censura.

Entonces, la figura de la interpelación en el Perú debería haber madurado democráticamente. En ese sentido, no es posible por ejemplo que por la falta de fiscalización laboral en la Galería Nicolini en las Malvinas se busque interpelar al Ministro de Trabajo; tampoco que por falta de semáforos se llame al Ministro de Transportes; o porque la gente muere en un hospital por mala praxis del médico se interpele al ministro de Salud.

Ese desconocimiento o ignorancia de la función de la interpelación tiene que sanearse. Se requiere el sentido común; hay que ejercer la oposición pero respetando la democracia. En este caso se está deformando la figura de la interpelación, se está terminando en la demagogia. Creo que la falla en esta problemática es quiénes están utilizando esta figura. No hay una formación política democrática de los congresistas.

Las interpelaciones son legítimas cuando existe un sentido común democrático detrás de estos llamados, respetando la voluntad popular.  Si vamos a sacar hoy al Ministro de Economía, mañana al de Trabajo, y pasado al de Salud, ¿qué estabilidad recibe el País en torno a políticas gubernamentales?

A aquellos que han planteado este tipo de interpelaciones se les debería acusar constitucionalmente. Estos funcionarios infringen la Constitución tanto en la separación de poderes como en la coordinación, ejerciendo abusivamente el control. El Tribunal Constitucional ya ha mencionado que pueden haber conflictos de competencia. Creo que el Ejecutivo debería plantearle un conflicto de competencia al Parlamento –hablando ya jurídicamente -, porque el Congreso está ejerciendo sus atribuciones pero de forma abusiva. Esto es un caso de abuso de Derecho.

ED: Thorne planteó una cuestión de confianza ante el Congreso, pedido que derivó finalmente en la negativa por parte del Congreso y por ende su renuncia al Ministerio de Economía. ¿En qué consiste la cuestión de confianza? ¿Cuándo puede ser planteada?

CL: Se señala que a los 30 días de iniciado el gobierno, el Ejecutivo tiene que acudir al Congreso para informar sobre las políticas que realizará y sobre las medidas que requiere –como que se le otorgue facultades legislativas -. En ese sentido, solicita un voto de confianza.

Asimismo, la Constitución reconoce que los Ministros no solamente pueden ser invitados al Congreso, sino también pueden ellos mismos solicitar acudir al Congreso. El reglamento del Congreso prevé que cada 30 días, los Ministros pueden asistir para informar lo que ellos consideren necesario.

Ahora, a veces pueden asistir con un pedido; es decir, que no sean solamente escuchados o que se estudie determinado proyecto de iniciativa legislativa, sino también requerir el apoyo del Congreso en determinada política trascendente. En ese sentido, se pide el voto de confianza para esa política o para su persona. El voto de confianza no es únicamente sobre materia, sino también intuito personae.

Si se niega la cuestión de confianza, en el plazo de 72 horas, el Ministro debe presentar su carta de renuncia. ¿Por qué un plazo para presentar la renuncia? Pues en la época de Fujimori, un Ministro de Pesquería fue interpelado y censurado, y no renunciaba. Frente a ello, la Constitución del 93 fijó este plazo.

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