El último miércoles se entregaron los cuerpos de los jóvenes fallecidos en el incendio de la galería Nicolini, Jovi Herrera y Jorge Huamán. Ambos fueron encerrados en un contenedor instalado en la terraza de la galería incendiada. Sumado a las pésimas condiciones en las que estos dos jóvenes trabajaban, se supo que fueron contratados para adulterar fluorescentes, cambiando su marca por la de una reconocida empresa en este rubro. Toda esta situación nos lleva a reflexionar sobre un hecho que en nuestra realidad es cada vez más común: la relación entre la informalidad e ilegalidad  y las pésimas condiciones de trabajo.

Un considerable sector del mercado nacional está representado por la comercialización de bienes adulterados o producidos de forma ilegal o informal. Aun cuando las autoridades se esfuerzan por erradicar esta problemática, esta tarea es de nunca acabar. Ello debido, en gran medida, al beneficio que irroga para el consumidor adquirir dichos bienes. En primer lugar, todos ellos son ofrecidos a precios mucho más bajos que aquellos producidos y vendidos siguiendo lo establecido por ley. Así, la adquisición de estos bienes importa un considerable ahorro en la economía de los consumidores. Un segundo beneficio, estrechamente relacionado con el primero, es que la accesible oferta de estos productos permite que muchas personas, que en condiciones normales – es decir, de legalidad – no podrían hacerlo, accedan a estos. Con ello pueden satisfacer necesidades que de otra forma no podrían ser cubiertas. Por tanto, estos productos se tornan en sustitutos perfectos de los bienes producidos y comercializados legalmente.

Ahora, si bien esto se muestra como algo casi inofensivo y hasta positivo para la sociedad, lo cierto es que conlleva consecuencias desastrosas.  

En primer lugar, tiene un impacto negativo en el crecimiento de otras empresas, ya que para desplegar sus actividades, estas consiguen insumos, bienes o servicios de empresas que, a su vez, también son informales o ilegales. Asimismo, para encubrir este circuito comercial hacen uso de sobornos a funcionarios públicos. Frente a esto, las empresas formales se ven obligadas a usar intensivamente los recursos poco afectados por ley a fin de mantener su posición en el mercado.

Por otro lado, las actividades informales “utilizan y congestionan la infraestructura pública sin contribuir con los ingresos tributarios necesarios para abastecerla. Puesto que la infraestructura pública complementa el aporte del capital privado en el proceso de producción, la existencia de un sector informal de gran tamaño implica un menor crecimiento de la productividad”. En resumidas cuentas, la informalidad contribuye a reducir la recaudación fiscal del Estado y satura los servicios públicos sin contribuir a su financiamiento, ocasionando que aquellos que sí tributan sostengan una mayor carga fiscal y se vean desincentivados a hacerlo debido a los altos costos que implica.

Desde el punto de vista laboral, ocasiona que muchos trabajadores no puedan jubilarse adecuadamente. Esto conlleva la mala distribución del servicio de salud pública, ya que estos trabajadores no contarán con seguros ni recursos suficientes para cubrirlo. Asimismo, los trabajadores no pueden acceder a créditos hipotecarios con facilidad ni pueden gozar de los derechos laborales con plenitud.  En suma, una persona que está trabajando en la informalidad no puede planificar su vida a largo plazo, mucho menos invertir, y vive finalmente en una constante incertidumbre.

En la misma línea, una persona que trabaja en estas situaciones se expone a ser maltratada y sometida a condiciones de trabajo totalmente deplorables. Ello, en virtud de que la actividad que realiza puede ser, en algunos casos, hasta ilegal y en caso reclame o denuncie las condiciones a las que es sometido perderá el empleo. Lo cual, considerando que las personas de mayor necesidad económica son las que se someten a estas situaciones, resultaría desastroso para ellas y sus familias.

Finalmente, la informalidad frena el progreso social y económico del país, provoca la transmisión intergeneracional de pobreza, alimenta la baja productividad, reduce la capacidad de inversión en desarrollo del Estado, alienta altos niveles de competencia desleal, potencia actividades de subsistencia de bajo valor agregado. Asimismo, la informalidad afecta el sector formal en la medida que genera bajos niveles de rentabilidad, desincentiva la innovación y la interiorización de nuevas tecnologías y aumenta las pérdidas de eficiencia.

Sin duda alguna, la informalidad e ilegalidad en el empleo no son gratuitas. Si existen es porque satisfacen una demanda en el mercado que, en nuestro caso, es considerable. Si bien, la responsabilidad del fallecimiento de estos dos jóvenes en el incendio de Las Malvinas recae en el Estado y en aquellos que los sometieron a estas deplorables condiciones, también es, en parte, de todos nosotros.

En ese sentido, tomar conciencia – y concientizar- que somos nosotros, los consumidores, los que sustentamos círculos de explotación y estancamiento económico y social es parte del autoanálisis que debemos hacer, antes de darnos golpes de pecho frente a sucesos como el incendio en Las Malvinas y tantos otros que abundan, lamentablemente, en nuestro espectro informativo.

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