En los últimos días, se ha discutido mucho la posibilidad de que el Presidente de la República otorgue un indulto humanitario a Alberto Fujimori. Respecto a ello, muchas personalidades y especialistas se mostraron a favor y en contra de este acto. Si bien, de acuerdo a la Constitución, el indulto es una potestad presidencial que tiene la naturaleza de cosa juzgada, las leyes y jurisprudencia han señalado ciertos límites a su ejercicio. En función a ello, en el siguiente editorial, analizaremos los efectos jurídicos que generaría un eventual indulto a Alberto Fujimori de acuerdo con el ordenamiento nacional, así como la posibilidad de dejarlo sin efecto.

Lo primero a señalar es la naturaleza aparentemente inmutable del indulto. Como mencionamos, nos encontramos frente a un acto que tiene el mismo tratamiento que la cosa juzgada. Un primer análisis de la cosa juzgada supondría asumir que se trata de una decisión definitiva, frente a la cual resulta imposible una impugnación. Con la característica de cosa juzgada, el constituyente prevé que el indulto no pueda ser revisado por ninguna instancia -ni siquiera la misma-. No obstante, el Tribunal Constitucional ha establecido que incluso la cosa juzgada es materia de control constitucional cuando se haya incurrido en error, toda vez que “el error no puede generar derechos”.

Asimismo, en el Exp Nº 4053-2007-PHC/TC, el Tribunal señala que es una consecuencia del carácter jurídico de la Constitución, que los actos tanto de los poderes públicos como de los particulares, sean materia de control jurisdiccional. Expresamente manifiestan que: “No puede afirmarse que la sola existencia de la potestad presidencial de conceder la gracia impida ejercer un control por parte de las autoridades jurisdiccionales”.

Uno de los casos más sonados relacionados al indulto y sus límites es el de José Enrique Crousillat, quien interpuso un Hábeas Corpus contra una resolución ministerial que dejaba sin efecto una norma del mismo rango que le otorgaba el indulto. La razón de la revocación era que un juzgado penal encontró responsabilidad en Crousillat por el delito de peculado en el proceso de solicitud de la gracia presidencial. El supremo intérprete, en el Exp. Nº 03660-2010-PHC, señaló que si bien el indulto no puede ser revocado por el presidente -precisamente por la característica de cosa juzgada-, este sí está sujeto a un control jurisdiccional extraordinario para determinar su constitucionalidad, pero en ningún caso su conveniencia.

Por otro lado, es importante analizar si la inobservancia de una norma limitante de la potestad presidencial de indultar se sujetaría a un control de constitucionalidad. Ello es dilucidado en la sentencia recaída en el Exp. N.º 0019-2005-PI/TC, donde el Tribunal estableció que:

“…ninguna medida legislativa podría, en un afán por favorecer “a toda costa” la libertad personal, anular el factor preventivo como finalidad de la pena a imponerse. En tales circunstancias, lejos de ponderar debidamente los distintos bienes protegidos por el orden constitucional, se estaría quebrando el equilibrio social que toda comunidad reclama como proyección de la Constitución material.
(…)
En consecuencia, toda ley dictada como parte de la política criminal del Estado será inconstitucional si establece medidas que resulten contrarias a los derechos fundamentales de las personas, procesadas o condenadas. Pero, también lo será si no preserva los fines que cumple la pena dentro de un Estado social y democrático de derecho”.

En base a ello, es razonable indicar que un indulto contrario a las leyes penales establecidas y que funcionan como límite a esta potestad presidencial devendría en inconstitucional.

Como hemos podido observar en estos casos, las gracias presidenciales como el indulto pueden ser sometidas a control jurisdiccional, en aras de proteger otros bienes jurídicos de relevancia constitucional. En el caso concreto de Fujimori, tal como manifestó el abogado penalista Armando Málaga en un artículo anterior, otorgarle un indulto contravendría dos dispositivos legales vigentes, y por ende, atentaría contra el Estado social y democrático de derecho. [1]

La ley Nº 26478, dictada en el año 1995 -paradójicamente cuando Fujimori era presidente del Perú -excluye del indulto a los autores del delito de secuestro agravado -delito por el que fue condenado el ex Presidente -. En la misma línea, la Ley  Nº 28760, promulgada el 2006, estipula la improcedencia del indulto y conmutación de la pena a los condenados por secuestro y extorsión.

Entonces, en el caso de que el Presidente Kuczynski le otorgue el indulto a Alberto Fujimori, es posible plantear una acción de inconstitucionalidad contra esta decisión para que sea el Tribunal Constitucional quien analice su validez. La Constitución en su artículo 203º señala que la acción de inconstitucionalidad puede ser presentada por el Presidente, el Fiscal de la Nación, el Defensor del Pueblo, el 25% del número legal de congresistas, cinco mil ciudadanos, los presidentes regionales o alcaldes municipales, o por último, los colegios profesionales (en este caso, el Colegio de Abogados).

El uso de la potestad presidencial puede ser -y en ocasiones ha sido- perjudicial para el sistema de garantías penales y protección del sistema jurídico y los derechos de la ciudadanía. Por ello, si el presidente Kuczynski le otorgase el indulto a Alberto Fujimori se debe presentar una acción de inconstitucionalidad frente al Tribunal Constitucional por la vulneración de las leyes que limitan la discrecionalidad presidencial para el otorgamiento de esta gracia. No olvidemos que vivimos en un Estado de Derecho y, por tanto, todos estamos obligados a respetar la ley, inclusive el propio Presidente de la República.


[1] http://enfoquederecho.com/penal/acerca-de-la-imposibilidad-legal-de-otorgar-el-indulto-al-reo-fujimori/

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here