Por: Alexis Luján, bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro del Grupo de Investigación sobre Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado desde 2012. Miembro Extraordinario de IUS ET VERITAS.

¿Puede el Colegio de Abogados de Lima (CAL) investigar a los abogados, tanto internos como externos, así como a los árbitros, que facilitaron las supuestas actuaciones ilícitas de Odebrecht y demás empresas constructoras brasileras en el Perú? ¿Puede sancionarlos? De ser así, ¿de dónde derivan dichas potestades? ¿Actúa el CAL como Administración Pública al ejercerla? ¿Su actuación está sujeta al Derecho Público?

A raíz de las investigaciones a la mencionada multinacional brasileña, muchas personas vienen formulándose éstas y otras preguntas con relación al control disciplinario de la abogacía. En efecto, la coyuntura actual exige una reflexión profunda sobre aspectos como: ¿Cuál es la misión del abogado en el Estado Constitucional de Derecho? ¿Cómo debería regularse su conducta? ¿A quién o quiénes debería confiarse las potestades para disciplinar su actuar? ¿Con qué límites o controles? Abordar estas cuestiones es un desafío que tienen no solo los poderes del Estado sino también las universidades, los colegios de abogados y la propia ciudadanía (¿por qué no la Asociación Civil Themis?).[1]

Con el propósito de aportar en esa importante reflexión, en el presente artículo buscamos brindar algunas luces sobre un tema central: si el CAL actúa o no como Administración Pública al inscribir a los abogados que desean patrocinar casos ante el Poder Judicial y al sancionarlos por infracción del Código de Ética del Abogado.[2]

Hemos advertido que esta cuestión está siendo discutida ante el Tribunal del Indecopi, ya que deberá resolver la apelación presentada por el CAL contra una resolución de la Comisión de Barreras Burocráticas que concluyó, partiendo de la premisa de que el CAL es Administración Pública, que el cobro y la exigencia de llevar el curso de práctica forense que viene exigiendo para incorporar a nuevos agremiados constituyen barreras burocráticas ilegales. Por ello, dejamos constancia de que no analizaremos los pormenores del procedimiento mencionado (lo cual exigiría una revisión minuciosa de los hechos del caso a la luz de la normativa sobre barreras burocráticas).

  1. ¿Qué es el CAL? El CAL como institución pública con personalidad jurídica propia y la principal función que tiene a cargo

El CAL existe desde antes de la proclamación de la independencia del Perú, ya que fue instituido con la aprobación dada por el Rey Carlos IV de España en 1804. Poco más de un siglo después (en 1910), obtuvo carácter “oficial” en el gobierno de Augusto B. Leguía y, no hace mucho, fue reconocido como institución autónoma con personería de derecho público por las Constituciones de 1979 y 1993.[3]

Más allá de la discusión con relación a si tiene personalidad jurídica de derecho público o de derecho privado, para efectos del análisis que nos convoca, lo cierto es que la Constitución vigente reconoce que el CAL es una institución de derecho público. Por tanto, -como ha explicado el Tribunal Constitucional (TC) anteriormente- su régimen legal es distinto al de las asociaciones civiles.[4]

Ahora bien, el TC, ha señalado también que el reconocimiento de los colegios profesionales en la Constitución obedece a que su finalidad esencial es el control del ejercicio profesional de sus miembros.[5] Por ello, es importante advertir que la autonomía que la Constitución garantiza al CAL,[6] para tales efectos, se traduce en las potestades de aprobar un código de ética, aprobar las normas que regulan los procesos disciplinarios, así como la de sancionar a sus agremiados.

Al amparo de dichas facultades, el CAL aprobó el Código de Ética del Abogado y el Reglamento del Procedimiento Disciplinario y dispuso su cumplimiento obligatorio para sus agremiados. Además, en forma consistente, en el literal b) del Artículo 4 del Estatuto del CAL se señala como una de sus atribuciones: “Investigar, de oficio o a solicitud de parte, los actos contrarios a la ética profesional”.

Es sobre la base de dichas potestades que el CAL creó hace unos meses una comisión para el estudio, seguimiento y evaluación de los casos de corrupción de empresas brasileñas en el Perú sobre la cual informó la prensa.

  1. La colegiación obligatoria como requisito para patrocinar casos ante el Poder Judicial y a la vez como instrumento para el control del ejercicio profesional

El control del ejercicio de la abogacía no sería posible sin un mecanismo que permita que los abogados estén sometidos a las potestades disciplinarias de los colegios de abogados a quienes se ha confiado el control disciplinario sobre estos. En el Perú, la Ley optó por la colegiación obligatoria para el ejercicio de la abogacía, particularmente, para ejercer la profesión patrocinando casos ante el Poder Judicial.

Así, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que para “patrocinar” un abogado requiere estar inscrito en el Colegio de Abogados del Distrito Judicial correspondiente (requisito que, pensamos, se asemeja a un verdadero título habilitante) y no estar suspendido en el ejercicio por medida disciplinaria de dicho colegio de abogados o inhábil conforme al estatuto del mismo. Para tales efectos, de acuerdo con lo dispuesto por la regulación vigente, basta la inscripción en cualquier colegio de abogados.[7]

Debe tenerse en cuenta que actualmente la abogacía puede ejercerse de formas muy variadas;[8] sin embargo, patrocinar casos ante el Poder Judicial sigue siendo, por antonomasia, “la” forma de ejercer la abogacía. Por ello, nos llama la atención que la Comisión indique que el CAL señaló entre sus descargos que “no es indispensable tener la colegiatura para ejercer la profesión de abogado” y que “la colegiatura es obligatoria para patrocinar, pero no para ejercer la abogacía”.[9]

Lo cierto es que en Perú ejercer la abogacía (“patrocinando casos ante el Poder Judicial”) sin cumplir los requisitos legales, entre ellos estar colegiado, configuraría un delito sancionable por dicho poder del Estado.[10] Además, aunque la constitucionalidad de la colegiación obligatoria parezca discutible (al afectar, principalmente, la libertad de asociación y de ejercicio profesional) se justificaría al permitir el control del ejercicio de la abogacía y únicamente por ello, según explica la doctrina.[11]

De conformidad con lo expuesto, el control del ejercicio de la profesión que realiza el CAL se evidencia en sus potestades públicas para colegiar a sus miembros (habilitándolos para defender casos ante el Poder Judicial) como en la de sancionarlos (incluso con la expulsión) con eficacia en todo el territorio nacional.[12]

  1. El CAL como organización con poderes públicos para disciplinar la conducta de los abogados

A primera vista la cuestión que nos convoca no parece sencilla por lo siguiente: i) La función que realizan los colegios profesionales, como explicó con bastante claridad anteriormente el Tribunal Fiscal, es de interés público.[13]

ii) Pese a lo anterior, no puede concluirse que el CAL sea una entidad “estatal”, ya que, aun siendo entidad de derecho público, sus actividades y, además, la aprobación de las reglas bajo las cuales se rige se realizan en un ámbito de autonomía; es decir, sin mediar la participación del Estado ni de recursos asignados por este.

iii) La definición de Administración Pública no es una cuestión pacífica y, en el caso particular, la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG) no señala expresamente que comprenda a los colegios profesionales.

Como explicaremos a continuación, sin embargo, la doctrina nacional ha resuelto ya esta polémica (en forma coincidente con la solución a la que se llegó en realidades semejantes a la nuestra), la práctica jurisprudencial estaría aceptado dicha solución. Además, en nuestra opinión, en Perú no existiría un régimen de autorregulación en el control de la ética profesional de la abogacía sino uno de autoadministración.

En efecto, Abruña define a la Administración Pública como “una organización del poder público que actúa con potestad administrativa”.[14] De la definición mencionada, se extrae que la personalidad jurídica (si pública o privada, perteneciente al Estado o no) de una organización no es determinante para concluir si es o no Administración Pública sino la capacidad que tiene de “crear, modificar o extinguir unilateralmente derechos y obligaciones y la posibilidad de imponerlos, incluso cuando fuera necesario coactivamente”.[15]

Por ello, como señala también el autor, de acuerdo con la definición mencionada, los colegios profesionales (entre ellos, el CAL) son Administración Pública,[16] opinión que compartimos al encontrarla suficientemente fundamentada. Cabe resaltar que a una conclusión similar se ha llegado en España y Argentina, países en donde los colegios de abogados son entendidos como corporaciones públicas y se reconoce que son Administraciones Públicas.[17]

Nótese que, más allá de una cuestión doctrinal, la LPAG admite que el CAL es Administración Pública, ya que este es un “organismo con autonomía otorgada por la Constitución” y esa habría sido la razón por la cual el TC concluyó que sus actuaciones deben ser impugnadas en la vía contencioso administrativa.[18]

En ese entendido, al admitirse actualmente el control de la actuación del Tribunal de Honor del CAL en sede contencioso-administrativa, la práctica jurisprudencial estaría confirmando la interpretación bajo la cual el CAL actúa como Administración Pública (lo cual es consistente con lo señalado por el máximo intérprete de la Constitución).

Finalmente, debe notarse que el régimen jurídico que regula el control de la ética profesional en Perú se aleja de los modelos basados en la autorregulación[19] -al igual que lo que acontece en España,[20] país del cual heredamos al CAL- y, en realidad, sería uno de autoadministración (Administración Pública sin injerencia directa del Poder Ejecutivo).

En efecto, el régimen jurídico que regula el control de la ética profesional de la abogacía en Perú se ha publificado (es decir, ha pasado de provenir únicamente del derecho privado a fundarse también en el derecho público) y ello se evidencia en lo siguiente: (i) la compulsión legal para la afiliación de sus miembros, (ii) los poderes públicos con los que cuenta para determinar quién puede patrocinar causas judiciales, así como sancionarlos; y, (iii) su sujeción al control judicial en sede contencioso administrativa; (iv) La tipificación del delito de ejercicio ilegal de la abogacía; y, (v) La calificación de los colegios de abogados para fines tributarios como instituciones públicas que conforman el Sector Público Nacional y, por tanto, inafectas al Impuesto a la Renta al tener como función principal el control del ejercicio profesional.[21]

A manera de conclusión

No ha sido objeto de este artículo analizar los pormenores de la controversia entre el CAL y el Indecopi; sin embargo, sí hemos intentado explicar, con la limitación del espacio concedido, que existen sólidas razones para concluir que el CAL es Administración Pública, ya que cuenta con potestades públicas para disciplinar el ejercicio de la abogacía y cumplir, así, una finalidad de interés público.[22] Como consecuencia de ello: (i) la actuación del CAL no debería realizarse a expensas del Derecho Público; y, (ii) su potestad sancionadora se regiría supletoriamente por la Ley No. 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.[23]

Considerando lo que hemos expuesto, pensamos que una defensa del CAL en la controversia que lleva ante el Tribunal del Indecopi cimentada principalmente en sostener que no es Administración Pública (sea por el numeral 1.6 o el 1.8 de la LPAG), no le garantizaría necesariamente un resultado favorable. Es más, pensamos que de llegar el caso al TC, podría ocurrir que este confirme que actuó fuera de los parámetros que impone el ordenamiento jurídico, ya que como ha señalado previamente, la autonomía garantizada al CAL no puede devenir en autarquía (es decir, su autonomía, tiene límites).[24]

Si bien el CAL está en todo su derecho de disentir sobre la interpretación de las normas que realiza el Indecopi, llevar a cabo un largo y oneroso proceso para el Estado y, finalmente perderlo, no contribuiría a mantener la confianza de la población en la entidad que debe velar por un ejercicio de la abogacía responsable (confianza que, en Perú, hoy más que nunca resulta necesaria).

Por lo antes expuesto, invitamos a las autoridades del CAL a reevaluar su posición con relación al cumplimiento de la normativa sobre barreras burocráticas.[25] En todo caso, en el supuesto negado que decidan mantenerla, les invitamos a considerar que una alternativa razonable parecería ser distinguir un cobro para el acceso a la colegiación y uno para gozar a los beneficios privados que ofrece el CAL. Según se ha apreciado recientemente, el sentir de muchos, sugeriría esa como una decisión acertada para una institución que cuenta con más de 200 años, pero que, al igual que cualquier otra, requiere adaptarse a los nuevos tiempos para mantener las potestades confiadas por la población.

Finalmente, nótese que la conclusión a la que llegamos en este ensayo, motiva una serie de cuestiones adicionales: ¿Cuál es la naturaleza jurídica del Código de Ética del Abogado del CAL? ¿Qué rango normativo tiene? ¿De tratarse de una norma de carácter general y vinculante, debería estar publicada en el diario oficial? De proceder una sanción por la vulneración del mismo, ¿cuál es la naturaleza de dicha sanción? ¿Está sujeta a que se establezca responsabilidad en la vía civil o penal? Si la sanción fuera la expulsión del CAL, ¿cuán efectiva es dicha sanción? Un sin número de preguntas que ameritan respuesta si queremos definir una institucionalidad acorde con las demandas que nuestra sociedad (la de hoy) impone a la abogacía.


El autor agradece los valiosísimos comentarios de la profesora Beatriz Boza, coordinadora del curso de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, deja constancia de que las opiniones expresadas en este ensayo, así como cualquier error u omisión, son de su exclusiva responsabilidad y que, de ninguna manera, comprometen la opinión de las organizaciones que conforma. Cualquier crítica, sugerencia o comentario con relación al contenido del presente ensayo puede ser dirigido al correo electrónico [email protected]

[1] El autor felicita el liderazgo de la Asociación Civil THĒMIS en la difusión del conocimiento sobre la Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado, a través de su sección de Buenas Prácticas del Abogado en el portal web Enfoque Derecho y la organización de la Contienda de Ética Profesional Abogados al Banquillo, y la alienta a continuar y doblegar sus esfuerzos en dicha labor.

[2] Nótese que las características particulares de los colegios de profesionales en tanto asociaciones gremiales privadas que ostentan potestades sancionadoras, motivan discusiones en el Perú con relación a su naturaleza jurídica, particularmente para definir el régimen jurídico al cual se encuentra sometida su actuación, esto es si de derecho público o privado. Analizar a cabalidad la cuestión mencionada en el caso del CAL ameritaría, sin lugar a dudas, una investigación y desarrollo mucho más amplio del que nos proponemos, ya que sus actuaciones y las relaciones jurídicas que establece respecto a sus miembros o frente a terceros son muy diversas. Nos centraremos, por ello, en este ensayo únicamente en su función disciplinaria.

[3] Según reseña Geraldo Arosemena los primeros estatutos del CAL fueron aprobados por el Virrey don José Fernando de Abascal mediante decreto del 23 de marzo de 1808 guardando la conformidad posible a los estatutos de México y a los de Madrid. Mucho después los Estatutos del CAL fueron ajustados a la Ley 1367 – Ley Orgánica de Abogados de la República de 1910 (que, por cierto, le atribuyó funciones que claramente rebasan el interés privado como velar por la moralidad de la profesión detallando las sanciones a imponer y el procedimiento a seguir y absolver en forma gratuita las consultas planteadas por las autoridades) y fueron y aprobados por la Corte Suprema en acuerdo de 4 de julio de 1912. Cfr. AROSEMENA, Geraldo. El Colegio de Abogados de Lima y sus decanos. Colegio de Abogados de Lima. Lima. 1977, p. 15-22 y 102.

[4] Cfr. Fundamento 5 de la Sentencia recaída en el Expediente No. 3954-2006-PA/TC.

[5] En el Fundamentos 8 de la sentencia recaída en el Expediente No. 3954-2006-PA/TC el TC señala con relación a los colegios profesionales que sonentidades creadas para tutelar intereses públicos, cuyos fines guardan estrecha relación, o están directamente conectados, con los intereses profesionales propios de sus integrantes. Puede afirmarse entonces que su finalidad esencial, pero no la única, es el control del ejercicio profesional de sus miembros”. (Énfasis agregado)

[6] Como ha explicado el TC, dicha autonomía comprende, entre otras, autonomía administrativa (capacidad de establecer su organización interna) y normativa (capacidad para elaborar y aprobar sus propios estatutos, dentro del marco constitucional y legal establecido). Cabe resaltar que el otorgamiento de autonomía a los colegios de profesionales como el CAL, garantiza que sean los propios profesionales quienes establezcan los parámetros que deben regular su conducta libres de la injerencia de intereses políticos o económicos cuyo impacto en la regulación de la profesión podría resultar perjudicial para la sociedad, en cuyo beneficio se justifica en definitiva el control del ejercicio profesional.

[7] Ver Artículos 284 a 286 del TUO de la LOPJ aprobado por el Decreto Supremo No. 017-93- JUS y Artículo 1 del Decreto Ley No. 25873.

[8] Lo cual se evidencia con claridad de la revisión del Código de Ética del Abogado cuya definición de ejercicio de la abogacía es sumamente amplia.

[9] Ver páginas 11 y 6, respectivamente de la Resolución No. 0079-2017/CEB-INDECOPI del 27 de enero de 2017. Disponible en: http://legis.pe/wp-content/uploads/2017/02/Indecopi-Curso-de-pr%C3%A1ctica-forense-y-cobros-exigidos-para-incorporarse-al-CAL-son-barreras-burocr%C3%A1ticas-ilegales.pdf.

[10] El Artículo 363 del Código Penal sanciona el ejercicio ilegal de la profesión. El Poder Judicial confirmó sanciones por este delito, por ejemplo, en las ejecutorias supremas de 22 de setiembre de 1998 y de 4 de diciembre de 1997, a un bachiller que prestaba asesoramiento legal, confeccionaba escritos y asistía a diligencias judiciales y al practicante de un Juzgado de Paz Letrado. Cfr. SALINAS SICCHA, Ramiro. Delitos contra la Administración Pública. Editora y Librería Jurídica Grijley EIRL. Lima. 2014. P. 63.

[11] Al respecto, Christian Chocano sostiene que la colegiación obligatoria sería una medida adecuada (por permitir un régimen disciplinario uniforme a todos los abogados) para la finalidad constitucionalmente legítima que persigue (controlar el ejercicio de la profesión, aspecto necesario para garantizar la adecuada defensa de los derechos de las personas y el funcionamiento del sistema de justicia), necesaria (al estar los colegios de profesionales en mejores condiciones para definir las reglas de conducta, y juzgar su incumplimiento, además de ser conveniente por el interés de éstos por conservar una imagen positiva de la profesión) y proporcional, es decir, que no restringiría más allá de lo estrictamente necesario la libertad de asociación, la libertad profesional (que tiene sustento constitucional en el derecho al libre desarrollo, la libertad de empresa o la libertad de trabajo) y la libertad empresarial. Cfr. CHOCANO, Christian. La colegiación obligatoria: ¿mayor control o descontrol del ejercicio profesional? Tesis de licenciatura en Derecho. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Derecho. 2007, p. 119-143.

[12] Nótese que de acuerdo con lo señalado en el Decreto Legislativo No. 1265, de reciente data, se estableció que las sanciones de “suspensión” para ejercer la profesión impuestas por un Colegio de Abogados de cualquier lugar del país son aplicables en todo el territorio nacional. Por ello, se desprende con claridad que la sanción de suspensión por 5 años (contemplada en el Reglamento del Procedimiento Disciplinario de los Órganos de Control Deontológico de los Colegios de Abogados del Perú) impide que mientras dure su sanción un abogado pueda inscribirse en otro colegio de abogados para seguir ejerciendo. Sin embargo, la norma no señala –al menos en forma expresa- si la expulsión de un abogado de un colegio de abogados le impide ejercer la profesión inscribiéndose en otro colegio de abogados. Ello, independientemente de que la sanción tenga eficacia territorial, puesto que esta implica la “expulsión” del colegio que sanciona y actualmente se requiere estar inscrito en algún colegio de abogados para cumplir el requisito de la colegiación obligatoria. ¿Habrá sido la intención del Poder Ejecutivo (actuando como legislador) que, ante su expulsión por parte de un colegio de abogados, un abogado pueda seguir patrocinando casos ante el Poder Judicial inscribiéndose en otro? ¿Dicho abogado únicamente quedaría inhabilitado para hacerlo cuando la sanción viene dada por el Poder Judicial?

[13] En su Resolución No. 07394-1-2004 de Observancia Obligatoria el Tribunal Fiscal indica que “es por el mandato de creación contenido en la ley que los colegios adquieren personalidad jurídica, y, de derecho público porque la ley le da a la institución una función social de interés público (cual es velar por el cumplimiento de las normas éticas y deontológicas de la profesión) que no puede ser desconocida ni modificada por los miembros de tales instituciones, aún cuando tengan derecho de decisión al interior de ella”. Además, el Tribunal Fiscal resalta que la trascendencia de las facultades de control de la ética profesional (función pública) que tienen los colegios profesionales se evidencia más cuando la actual Constitución les otorga facultad de iniciativa legislativa en las materias que les son propias, legitimidad activa para interponer directamente acción de inconstitucionalidad en las materias de su especialidad y la función de elegir hasta tres miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. En el caso, del CAL, además habría que agregar que cuenta con la potestad de elegir en votación secreta a uno de los cinco miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

[14] ABRUÑA, Antonio. Delimitación jurídica de la Administración Pública en el ordenamiento peruano. Colección Jurídica: Universidad de Piura. Palestra Editores. Lima, 2010, p. 67.

[15] ABRUÑA, op. cit, p.74.

[16] Bajo la clasificación que propone sería una de tipo especial (considerando que tiene funciones específicas sobre un determinado sector de actuación y no generales para atender el bien común) y corporativa sectorial (atendiendo a la naturaleza de su estructura, conformada por personas unidas por una actividad sectorial, en este caso, profesional). Cfr. Op. Cit., p. 157-194.

[17] Al respecto, pueden verse los trabajos de Darnaculleta y Gardella y Gordillo, respectivamente. Cfr.: DARNACULLETA y GARDELLA, Ma Merce. Autorregulación y derecho público: la autorregulación regulada. Marcial Pons, ediciones jurídicas y sociales. Madrid. 2005, p. 626-630. GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho administrativo y obras selectas: primeros manuales. Primera edición. Tomo IX. Libro I. Buenos Aires: Fundación de Derecho Administrativo. 2014, p. 169.

[18] Cfr. Sentencia del TC recaída en el Expediente No. 5691-2008-PA/TC-Lima. En el caso sobre el cual recae la resolución se alegó que el CAL no constituye parte de la Administración Pública. Sin embargo, el TC hizo referencia al numeral 6 del artículo I del Título Preliminar de la Ley 27444 que define como entidades de la administración pública a “Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes le confieren autonomía” y luego señaló que el CAL es un Colegio Profesional autónomo por mandato constitucional y consiguientemente, sus actuaciones corresponden ser impugnadas en la vía contencioso administrativa.

[19] Haciendo referencia al régimen legal español Darnaculleta y Gardella (2005, p. 272-273) explica que “[…] incumbe a los Colegios Profesionales la determinación que regula la actividad de sus colegiados. En este campo sí que se ha producido, debido a la naturaleza de Corporaciones de Derecho Público, una juridificación de la ética profesional. Los códigos de conducta profesional son aprobados en forma de reglamentos y las sanciones disciplinarias que se imponen por su incumplimiento son, a pesar de su contenido, sanciones administrativas. En principio, pues, la ética profesional es fruto de la regulación pública y no, como ocurre en otros modelos de derecho comparado, de la autorregulación. […] Esta afirmación es predicable, obviamente, de las profesiones colegiadas”.

[20] Darnaculleta y Gardella (2005, p. 625-626) explica que en España, aun cuando los Colegios Profesionales gozan de autonomía para regular sus normas, la autonomía con la que cuentan los sujetos que los integran es eliminada por la obligación de colegiación. Por ello, su actuación no implicaría propiamente autoregulación sino autoadministración. Al respecto, la autora señala lo siguiente: “Es, a nuestro entender, el elevado grado de publificación de su régimen jurídico, que restringe y limita sus potencialidades autorregulativas, el elemento determinante para su calificación como Administraciones Públicas”.

[21] El Tribunal Fiscal concluyó que son instituciones públicas que conforman el Sector Público Nacional y, en razón a ello, los tratan como entidades inafectas al Impuesto a la Renta (y no exoneradas de este, como tendrían, en caso fueran únicamente asociaciones con fines gremiales). Cfr. Resolución No. 07394-1-2004 de Observancia Obligatoria y Oficio No. 250-2006-SUNAT/200000.

[22] No compartimos, por ello, la opinión expresada con relación a este tema en otro portal de información jurídica. Cfr: Francia, Laura. ¿El fin justifica los medios?: Mitos y verdades sobre el reciente pronunciamiento del Indecopi sobre los cobros de colegiación del CAL. La Ley – El ángulo legal de la noticia. Publicación: 14.03.2017. Consulta: 14 de junio de 2017. <http://laley.pe/not/3873/-mitos-y-verdades-sobre-el-reciente-pronunciamiento-del-indecopi-sobre-los-cobros-de-colegiacion-del-cal/>

[23] Nótese que el nuevo Reglamento del Procedimiento Disciplinario del CAL señala lo siguiente: “A toda norma no prevista en el presente Reglamento se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley No. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y del Código Procesal Civil, en razón de que por imperio del Artículo 20 de la Constitución Política del Perú, los Colegios Profesionales son personas jurídicas de derecho público”.

[24] Cfr. Fundamento 6 de la Sentencia recaída en el Expediente No. 3954-2006-PA/TC. En palabras del TC la legitimidad de los colegios profesionales “será posible en la medida que su actuación se realice dentro del marco establecido por nuestro ordenamiento constitucional”.

[25] Dejamos constancia de que al realizar la investigación que sustenta estas líneas, para garantizar una opinión imparcial, hemos intentado conocer los argumentos que sustentan la posición del CAL a través de su Oficialía Mayor y su Comisión de Ética. Nos mantenemos a la expectativa de su respuesta para considerarla y, de ser el caso, ampliar nuestra investigación o comentarios.

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