Por Cesar Landa, ex presidente del Tribunal Constitucional y docente de la Facultad de Derecho de la PUCP.

La democracia constitucional puede ser analizada desde una perspectiva coyuntural, a partir de los avances o retrocesos del gobierno y la oposición en función de las acciones u omisiones de la agenda pública ofrecida electoralmente. Sin embargo, más allá de la coyuntura política, económica y social -necesaria de evaluar al término del primer año del gobierno -también es importante analizar el régimen democrático constitucional en el cual se asienta el gobierno y la oposición.

Ello debido a que, el origen de la crisis de la gobernabilidad -tres ministros separados por la oposición, medidas gubernamentales paralizadas, sin perjuicio de la óptima reacción frente a los desastres naturales y algunos logros alcanzados- yace en la sostenibilidad del  régimen político, el cual es democrático y constitucional. Esto significa que: desde el punto de vista político, la voluntad popular vale tanto como la soberanía jurídica de la Constitución y de la ley en la acción gubernamental; como, desde el punto de vista jurídico, el gobierno y la oposición son responsables de ejercer su poder dentro de los cauces jurídico democráticos. Esto es necesario para garantizar tanto la división de poderes en una versión racionalizada del control y balance de estos, como para asegurar la protección de los derechos fundamentales, sobretodo de los más desvalidos y de los grupos vulnerables.

Sin embargo, en nuestra experiencia democrática, desde comienzos de la transición del 2000, ello no ha sucedido plenamente. Esto a causa de que, los partidos no han madurado en su quehacer democrático, pues siguen siendo partidos sometidos al  caudillismo, antes que a una doctrina o programa político. Motivo por el cual, se hace necesario relanzar la política, mediante un pacto nacional para asegurar la gobernabilidad y las transformaciones necesarias que espera el pueblo.

Una pequeña muestra de ello son las dos reformas constitucionales trascendentes que se han producido en el primer semestre del año. Una, en materia de seguridad ciudadana (Art. 2-24-F), la cual permite que la Policía Nacional pueda detener a una persona en flagrante delito por el tiempo estrictamente necesario para investigarlo, el cual no puede exceder de 48 horas. Otra, en materia de nuevos derechos, en la medida que se ha incorporado el derecho fundamental al agua potable (Art. 7-A); en virtud del cual el Estado reconoce el derecho a acceder de forma progresiva y universal a esta, priorizando el consumo humano sobre otros usos. Además, reconoce al agua como un recurso esencial y, por tanto, un bien de dominio público, el cual es patrimonio de la Nación, inalienable e imprescriptible, y, sobre el cual, el Estado debe promover su manejo sostenible.

Sobre la base de dichos acuerdos entre la mayoría y las minorías de las fuerzas políticas en el Congreso, se debería avanzar conjuntamente con el Gobierno hacia una reforma política constitucional. De esa manera, reabrir el Senado, abolir la inmunidad parlamentaria, consagrar la imprescriptibilidad de los graves delitos de corrupción, además, reformar el sistema electoral, corrigiendo los excesos del modelo de representación proporcional del Congreso y estableciendo la exclusiva financiación pública de los partidos políticos, los cuales quedarían sujetos a la transparencia para las fiscalizaciones del Estado.

El consenso para regenerar la política con un sentido ético requiere de un pacto político para una reforma constitucional, en la que la ciudadanía participe en el debate y deliberación de los cambios.  Para ello, el Congreso debería aprobar el paquete de reformas constitucionales para someterlo a referéndum del pueblo soberano; consulta que no se ha realizado hasta el momento con las reformas puntuales realizadas a la Constitución. Si no queremos quedarnos paralizados en el permanente conflicto de suma cero entre el gobierno y la oposición, que desgasta a nuestro débil régimen político, la democracia constitucional requiere abrir ciertas válvulas que permitan incorporar a nuevos actores y agendas públicas con miras a una re legitimación de la misma, procurando una mayor integración e identidad nacional, de camino al Bicentenario de la Independencia del Perú.

Tokio, 28 de Julio de 2017.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here