Desde hace varias semanas, el país viene observando protestas multitudinarias por parte de diferentes sectores. El sector educación es especialmente preocupante por las implicancias que tiene. Los maestros de los colegios nacionales tienen varios reclamos que no fueron atendidos en su momento pese a que algunos de estos fueron promesas de campaña que ayudaron a Pedro Pablo Kuczynski a alcanzar el sillón presidencial. Los reclamos van desde incrementos salariales, deudas sociales y evaluaciones. A pesar de los intentos del gobierno por solucionar el conflicto, este parece estar lejos de terminar por distintos factores que serán analizados en el presente editorial.

En principio es importante señalar que el gobierno no tuvo una reacción adecuada a solucionar este conflicto. Como parece ser costumbre, se esperó a que se produzca una crisis para buscar soluciones inmediatas y eficaces. Adicionalmente, se hizo evidente nuevamente una falta de coordinación dentro del gabinete, conformado por ministros que se contradicen incluso entre ellos mismos. Por parte de los maestros, también existen falencias, principalmente en cuanto a la estructura de su representación. Es sumamente complicado llegar a un acuerdo si una de las partes está tan fraccionada y presenta pliegos de reclamos distintos. Los maestros siguen a distintos líderes regionales y desconocen los acuerdos de representantes que consideran ilegítimos. El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación de Perú perdió legitimidad y las negociaciones con el Ejecutivo fueron mayoritariamente desconocidas. Sumado a ello, la protesta fue aprovechada por ciertos grupos políticos extremistas e incluso relacionados al terrorismo, para posicionarse e influir en las masas que legítimamente protestan.

Existen también otros factores preocupantes en torno al conflicto, y son las consecuencias que trae su prolongación. De acuerdo a cifras de La República, como consecuencia de esta protesta, cerca de un millón de estudiantes se ven perjudicados, sobretodo aquellos que cursan el último año de secundaria dado que recuperarían clases en enero y febrero, por ende estarían fuera de plazo para postular a una universidad. Tan solo en la región de la Libertad, más de 80 000 estudiantes se ven afectados por esta movilización; en Huánuco la situación es aún peor, con más de 116 000 perjudicados. El panorama que ya es desalentador, empeora con la probabilidad de que los alumnos de los profesores que aún siguen acatando la huelga pierdan el año escolar. Si transcurren más de 60 días sin que los estudiantes reciban clases, automáticamente se da esta situación. Asimismo, la marcha de los maestros trajo consigo gran congestión vehícular en las principales vías del centro de Lima. También se registraron fuertes disturbios en otras regiones del país, dejando como saldo una gran cantidad de heridos, cuantiosas pérdidas materiales y la afectación de los negocios cercanos a las zonas rígidas, las cuales tuvieron que ser cercadas evitando que las personas accedan.

El gobierno ha intentado tardíamente acabar con la protesta, y esto influyó en que el conflicto empeore. Kuczynski se había comprometido en campaña electoral a incrementar el sueldo de los maestros a 2000 soles como base para el siguiente año. Por presión de la huelga, se vió obligado a adelantar este aumento para el mes de diciembre de este año. En la misma línea, el Minedu llegó a un acuerdo al garantizar que antes de las evaluación a los docentes que se están insertando, los maestros sean capacitados. La última solución brindada por el gobierno parece ser una consecuencia lógica pero desesperada. Luego de la aplicación de los descuentos a los sueldos de los profesores que no asistían a clases, el pasado viernes la titular del Minedu anunció que se comenzaría a despedir a aquellos que sigan sin cumplir su labor educativa.

Consideramos que si bien el Ejecutivo tuvo intenciones de frenar la protesta, estas no fueron eficientes. El gabinete demostró una vez más que su estructura y accionar es mayormente técnico y muy poco político. Ahora que el conflicto ha estallado y el magisterio está dividido, al gobierno no le queda otra salida más que sentarse a dialogar con la mayor cantidad de representantes, y llegar a acuerdos similares, pues de haber distinciones entre beneficios a los profesores, podría surgir otros conflictos en el futuro.

Por otro lado, no es razonable que los profesores se resistan a ser evaluados por temor a que los despidan. Si bien se debe garantizar la estabilidad laboral, un mal desempeño en un puesto tan primordial para el desarrollo del país como el de un maestro, no puede ser inamovible si se demuestra que es deficiente. Este reclamo parece haber llegado a buen puerto con el establecimiento de capacitaciones previas a las evaluaciones.

Por todo lo mencionado, el Gobierno -y el Estado en general- debe brindar soluciones que no solo apaguen el “incendio del momento” sino que atiendan los problemas estructurales que desatan estos conflictos, por ejemplo, a través de políticas públicas educativas estables y con un mayor financiamiento para que no se vuelva a repetir. Asimismo, el SUTEP tiene que ser reformado para garantizar una representación adecuada que legitime la participación de los docentes, y estos se sientan identificados con la organización.

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