Por Roger Yon Ruesta, docente de Derecho Penal de la PUCP y socio fundador del Estudio Roger Yon.

Dos hechos han llamado nuestra atención durante la reciente huelga médica y de personal de salud:

El 29 de julio, el señor Andrés Armas Ramírez de 63 años fue conducido de emergencia por los efectivos policiales a un hospital en Chiclayo, tras ser atropellado y evidenciar lesiones graves. La enfermera, Gladys Robles, se negó a atenderlo alegando que se encontraban en huelga y no había médicos. Esto último (ausencia de personal médico especializado) no ha sido contradicho con ningún elemento probatorio. La policía trasladó a Armas Ramírez al hospital  “Las Mercedes” para ser atendido de emergencia y la demora en la atención le generó consecuencias lesivas para su salud.

Por otro lado, la huelga médica se extendió a distintas regiones, como Loreto; en donde el señor Guillermo Millones llegó al hospital Santa Gema de Yurimaguas con su hijo de 1 año y 10 meses en brazos, quien estaba sufriendo un shock séptico[1]. Un médico que se encontraba en el lugar se percató de la situación, y dispuesto a salvar al bebé, lo sostuvo en brazos y se dirigió a la puerta del hospital para ingresar. Sin embargo, el personal administrativo, que se encontraba en huelga, impidió el ingreso e inició un gran enfrentamiento. Por la gravedad de la situación y la falta de atención, el bebé de 1 año y 10 meses falleció.

En principio, pareciera que la discusión jurídica podría discurrir en un conflicto entre dos principios o derechos constitucionales, a saber, entre el derecho de huelga y el derecho a la atención de la salud en caso de emergencia[2]. Esto, en nuestra opinión, es errado. Aun cuando el artículo 42 de la Constitución contempla el derecho a huelga[3] y el derecho a la atención de la salud encuentra también amparo constitucional[4], consideramos que no existe contradicción de normas o principios constitucionales. En todo caso, se trataría de un conflicto aparente, puesto que el derecho constitucional de huelga, correctamente definido y aplicado, no faculta o genera un derecho a hacer daño a otros.

Como bien es sabido, el derecho a huelga consiste en la cesación temporal de la prestación del trabajo; para efectos del presente caso, de trabajo en la función pública. Si bien es cierto que el derecho a huelga está reconocido en la Constitución, también es cierto que su ejercicio no puede significar per se “el derecho” a atentar contra la vida de otra persona. Entendemos que no es necesario, por tanto, para analizar los casos aquí relatados ni recurrir, por ejemplo, a la teoría del peso de Robert Alexy respecto a la proporcionalidad, el cual está materializado en el test de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Dicho test está previsto para situaciones de antinomia; es decir, situaciones en las que dos principios o derechos constitucionales colisionan y es necesario saber cuál de ellos debe prevalecer.

Consideramos que no es de recibo que al amparo del derecho a huelga se contemple el derecho a impedir, ante la evidente emergencia de la salud, que una determinada persona sea atendida[5], máxime si la Federación Médica se había comprometido a priorizar los servicios de atención, sobre todo de emergencia, durante la huelga.

Cuando el reporte periodístico señala, respecto al primer caso, que Gladys Robles, aun estando presente en el centro médico, no quiso auxiliar a Andrés Armas Ramírez ni realizar actos de atención y socorro; entonces, en principio, será pasible de que se le impute el delito de omisión de prestación de auxilio, previsto en el artículo 127 del Código Penal. Es decir, el no realizar el acto de prestación o atención médica al cual se encontraba obligada la coloca en la esfera de autoría de un delito omisivo en atención a lo dispuesto por el artículo 13 del Código Penal.

Es de agregarse que la mencionada Gladys Robles no prestó ayuda, pero tampoco existía personal médico especializado que pudiera hacerlo. La determinación de responsabilidades surge de la organización de la sociedad en la que existen roles y competencias que se nos han asignado, y en función a ellos, surgen deberes de actuación. Precisamente en esa línea, se le ha asignado al personal médico, especializado en la materia en cuestión, la obligación de realizar actos de salvamento. Son estos, entre otros funcionarios, los que tienen el deber previsto en la constitución de contribuir a la defensa de la salud. Estando a que la huelga no configura una causa de atipicidad o de justificación, ni a que tampoco existe el deber de tolerancia respecto a los actos de huelga que impiden atención médica, la no atención a Andrés Armas Ramirez por la enfermera en mención configura la autoría[6] del delito de omisión a la prestación del socorro o, de ser el caso, si estaba habilitada para brindar una ayuda especializada (enfermera calificada y no una técnico de enfermería) variaría a homicidio por comisión por omisión.

En relación al segundo caso, el personal administrativo del hospital de Yurimaguas, invocando su derecho de huelga, impidió la intervención del médico especializado que se encontraba presente para que atendiera al menor de 1 año y 10 meses, y ocasionó la muerte del menor. Se trata de la evidente interrupción de un curso causal salvador por persona cualificada que ostenta el deber de garante (médico especialista). Esta interrupción estuvo a cargo del personal administrativo, esto es, personas no cualificadas. Para el derecho penal, esta interrupción es valorada de la siguiente manera: el personal no cualificado que interrumpe el acto de salvamento de persona cualificada, se sustituye en la responsabilidad que tendría la persona cualificada que no realiza el acto de salvamento; es decir, este personal deberá responder por la muerte del menor a título de homicidio, siempre y cuando la interrupción del salvamento configure el riesgo idóneo para provocar la muerte del menor[7].

A modo de conclusión se puede señalar que es importante que el desarrollo de las actividades con ocasión del ejercicio de nuestros derechos esté acorde con el desarrollo y ejercicio de los derechos de los demás. Extralimitarse en el ejercicio de un derecho constitucional como el narrado en los presentes casos, pretendiendo ampararse en la huelga médica, puede alcanzar consecuencias penales si con ello se afectan o ponen en peligro derechos fundamentales.

Para evitar estas afectaciones o puestas en peligro debe tenerse en cuenta el derecho de los demás a su libertad negativa: a no ser perturbada o lesionada su libertad reflejada; en los casos en comentario, en el derecho a ser socorrido o auxiliado por personal médico. Entonces, existe la invitación a disfrutar de los derechos previstos en la Constitución, pero no a que, al amparo de estos, se vulneren intereses como la vida o la salud.


[1] El shock séptico es una afección mortal ocasionada por una infección grave localizada o sistémica que requiere atención médica inmediata.

[2] Es decir, que no nos encontramos ante una discusión de la teoría de las antinomias o normas contradictorias o incompatibles para ser aplicadas en un caso, ni menos resulta necesario recurrir a las reglas de resolución de antinomias puesto que, entendemos, el problema se centra en delimitar el derecho de huelga. Respecto de las antinomias y de las reglas de solución de antinomias ver  a Wilenmann, Javier. Injusto, justificación e imputación. En La “Antijuricidad en el Derecho Penal”, Editorial: IBdeF, 2013, pág. 133 y 134.

[3] El referido artículo 42 establece que “Se reconocen los derechos de sindicalización y huelga de los servidores públicos. No están comprendidos los funcionarios del estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional”, este artículo debe ser concordado con el numeral 3 del artículo 28 que señala que se “regula el derecho a huelga para que se ejerza en armonía con el interés social (…)”.

[4] Radicado en el artículo primero de la Constitución, referido a los derechos fundamentales de la persona “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado” en concordancia con el artículo 2, numeral 1, que señala como derecho fundamental de la persona el derecho a la vida.

En la misma línea, el artículo 4 señala, como un derecho social “La comunidad y el Estado protege al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono (…)”; el artículo 7 consigna que “Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma, a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad”; también es pertinente mencionar el artículo 49 que señala “Todos los funcionarios públicos y los trabajadores públicos están al servicio de la Nación”. Finalmente, el artículo 44 prescribe que “Son deberes primordiales del Estado: (…); garantizar la plena vigencia de los derechos humanos”

[5] Por el contrario, como lo expone Pawlik, la persona ostenta la libertad “negativa”, esto es el derecho a ser dejado en paz y por lo tanto, a la prohibición de lesión. Lesión que en este caso se materializa por los huelguistas que impidieron la atención médica. La legítima defensa según Kant y Hegel, Michael Pawlik en “La Antijuricidad en el Derecho Penal”, editorial: IBdeF, Buenos Aires, 2013,  pág. 45.

[6] Al respecto Robles señala “(…): la decisión sobre la calificación como de autoría o de participación de una conducta omisiva dependerá del valor de la omisión para el conjunto del hecho”. En, Garantes y Cómplices; La intervención por omisión y en los delitos especiales; ROBLES PLANAS, Ricardo; Ed. Atelier; 2007; Barcelona, pag. 74

[7] Respecto a la interrupción de cursos causales salvadores, ver: SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Revista Réplica, N°7.

http://bibliotecadigital.uns.edu.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1515-73262007001100008&lng=es&nrm=iso&tlng=es; Págs. 15-19

Fuente de la imagen: Útreo.pe

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