1. Cambian integrantes de la Mesa de Gracias presidenciales

Esta semana, el nuevo Ministro de Justicia y Derechos Humanos llevó a cabo el cambio de los miembros que conforman la comisión de Gracias Presidenciales, mediante una resolución emitida por dicho Ministerio. La comisión será presidida por Orlando Franchini Orsi y los otros integrantes serán José Luis Espinoza River, Luis Alberto Daniel Pastor Guittón y Mary Lourdes Muñante Pérez. Asimismo, tendrá como nuevo secretario técnico a Camilo Fernando Santillán Vergara, quien se encargará de brindar apoyo técnico administrativo a la comisión. 

El nombramiento de nuevos miembros para esta comisión se vuelve más relevante pues entre los 965 expedientes que tiene, uno de ellos es el pedido de indulto del ex presidente Alberto Fujimori cuyo caso se ha mantenido en gran expectativa las últimas semanas.

La comisión estará encargada de la evaluación, calificación y seguimiento de indultos, conmutaciones y derechos de gracia solicitados por los sentenciados que se encuentran cumpliendo penas que restringen su libertad, aquellos que se encuentren bajo los diferentes regímenes de beneficios penitenciarios y aquellos quienes actualmente están en procesos judiciales. Una vez hecha esta labor, la comisión propone al Presidente sus observaciones para que este tome una decisión final; sin embargo, los informes que emite no son vinculantes para la resolución final que emitirá el Jefe de Estado.

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2. Se llevó a cabo el Pleno Jurisdiccional Nacional Penal y Procesal Penal

Los diferentes magistrados de las salas superiores penales se reunieron con motivo del Pleno Jurisdiccional Nacional Penal y Procesal Penal, el cual se realizó esta semana en la ciudad de Moquegua.

Algunos de los temas más importantes que se abordaron fueron:

  1. Si existen atenuantes privilegiadas en la legislación peruana,
  2. Si es que en un Proceso Inmediato, cuando el Ministerio Público no requiere Prisión Preventiva, debe ponerse al detenido a disposición del Juzgado hasta la realización de la audiencia.

Con respecto al primer tema, aunque el legislador no ha trazado los límites de penas inferiores al mínimo legal, se acordó que sí existen atenuantes privilegiadas y en virtud de ellas los jueces podrán establecer penas menores del mínimo establecido por la ley. Es por ello que, al no existir límites legislativos, resulta viable que los jueces establezcan estos parámetros por vía jurisprudencial mediante los métodos sistemático y teleológico.

Sobre el punto dos, se acordó que antes de aplicar la ley, esta se tiene que interpretar a la luz de la Constitución con el fin de no vulnerar derechos fundamentales. Así, se deben tomar en cuenta el artículo 2 numeral 24 que indica que “No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley (…)” y que “ Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito”. Tomando en cuenta el tiempo máximo de 48 horas dispuesto por la Constitución.

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3. Excarcelación de la terrorista Martha Huatay en posibilidad de no concretarse

El próximo viernes 16 de octubre se cumplen los 25 años de sentencia que se le dictó a Martha Huatay, terrorista miembro de la cúpula de Sendero Luminoso. No obstante, su liberación se encuentra en el limbo de la incertidumbre, ya que el Ministerio Público está evaluando la posibilidad de denunciarla ante el Poder Judicial por haber sido parte del atentado terrorista en Tarata.

El procurador antiterrorismo solicitó a la fiscalía realizar la denuncia y pedir ante el juez la prisión preventiva a Martha Huatay, de tal forma que se pueda iniciar un proceso por el atentado ocurrido en Miraflores. El procurador ha indicado que existen pruebas suficientes para realizar la denuncia, incluyendo la declaración del ex senderista Óscar Ramírez, quien ha declarado que Huatay tenía pleno conocimiento del ataque a Tarata ya que era parte del comité Socorro Central.

Martha Huatay presentó al fiscal una queja indicando que el motivo de todo esto es evitar su excarcelación a pesar de haber cumplido su condena de 25 años.

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