La comisión Lava Jato del congreso ha citado nuevamente al presidente Pedro Pablo Kuczynski por su participación en la concesión de la Carretera Interoceánica mientras era parte del gabinete de ministros en el gobierno de Toledo. La primera citación no fue respondida por el mandatario. Nuevamente, el presidente señaló que no asistirá al Congreso ni recibirá en Palacio de Gobierno a la comisión. Luego de considerarla un circo, señaló que no está constitucionalmente obligado a recibirlos y que solo responderá a través de una carta.

Frente a esta situación, se presenta la duda sobre los mecanismos que puede emplear una comisión de investigación para obligar a una persona a presentarse, y si estas medidas pueden aplicarse con el Presidente de la República.

Las comisiones de investigación tienen regulación constitucional en el artículo 97º[1] de la Carta Magna. A su vez, el Reglamento del Congreso las define como “encargadas del estudio, la investigación y el dictamen de los asuntos puestos en su conocimiento en aplicación del artículo 97 de la Constitución Política. Gozan de las prerrogativas y las limitaciones señaladas en dicha norma constitucional y el presente Reglamento.” Durante la investigación, la comisión puede citar a los investigados o personas que sepan o tengan documentación valiosa para esclarecer los hechos del caso. Cuando una persona se niega a declarar o entregar documentación necesaria para la investigación, el Congreso puede, mediante un juez penal, allanar la vivienda e incluso arrestar a la persona.

La comisión Lava Jato de este periodo parlamentario se constituyó en octubre del año pasado con el objetivo de investigar y determinar responsabilidades en casos de corrupción relacionados con empresas brasileñas. El plazo inicialmente propuesto fue ampliado recientemente por 360 días más. Hasta ahora parecen no haber llegado a una conclusión tangible. ¿Podrían aplicarse todas las prerrogativas con las que cuentan las comisiones investigadoras al Presidente de la República?

El artículo 117 de la Constitución señala que el presidente no puede ser acusado salvo por traición a la patria, y otros actos relacionados a los entes electorales. La inmunidad es el mecanismo que permite dotar de autonomía a las decisiones del presidente, y busca evitar cualquier intento de alteración o interferencia. En otras palabras, la inmunidad apunta a que ningún poder externo pueda presionar al presidente mientras dure su mandato. De ninguna manera implica la permisión de delitos, ni busca impunidad, sino que es un mecanismo democrático garante de la gobernabilidad y la separación de poderes. Los delitos o faltas en los que incurra el presidente deben ser sujetos de sanción mediante los procedimientos constitucionales y legales vigentes.

Existe mucha discusión sobre la responsabilidad del presidente. Fransisco Eguiguren clasifica la responsabilidad del presidente en 3 tipos: constitucional, política y penal. De acuerdo a esta clasificación, la responsabilidad política “hace referencia a las consecuencias derivadas de los actos, omisiones o decisiones en que se incurra en el ejercicio de la función, cuyos efectos – sea por propia determinación o por negligencia – originan un resultado cuestionado por el Congreso, sin necesidad que además supongan un delito o infracción penal o constitucional”. El caso en cuestión es particular debido a que la responsabilidad no sería por actos cometidos durante su mandato, sino mientras se desempeñaba como ministro en el gobierno de Toledo.

El proceso para obligar a una persona a declarar frente a la comisión está regulado en el artículo 88 del reglamento. El literal d)[2] señala que cuando el obligado no se presenta, la Comisión pedirá que un juez dicte orden de captura, la cual será ejecutada por la Policía Nacional. Sobre el tema, Anibal Quiroga señala que:

“Fuera de los supuestos taxativos del Art. 117º (…); el Presidente es jurisdiccionalmente inmune relativo y temporal como ya queda dicho y, por ende, protegido por el mandato expreso de la Constitución de no poder ser válidamente emplazado, encausado, investigado, acusado o procesado por causa judicial de cualquier naturaleza y con cualquier pretensión o petitorio, sea este civil, penal, constitucional, administrativo, agrario, laboral, etc; ni por causas pre-judiciales (atestados, indagaciones, partes, investigaciones, etc. cualquiera sea la modalidad o denominación que ello reciba, y cualesquiera sea la autoridad que ello tenga a su cargo).”[3]

En ese sentido, no tendría cabida el mandato constitucional de casi absoluta inmunidad presidencial si es que un juez especializado en lo penal pueda tener la capacidad de emitir una orden de captura contra el Presidente de la República por orden de una Comisión Investigadora. El Congreso podría, de forma casi arbitraria, abusar de esta prerrogativa para cuestionar directamente al presidente incluso por actos cometidos durante su función, vulnerando varios principios constitucionales.

Por todo lo expuesto, concluimos que, Pedro Pablo Kuczynski, en su condición de Presidente de la República del Perú, no está obligado jurídicamente a acudir a la citación del Congreso, lo cual no implica que, voluntariamente, decida mantener una reunión con la comisión Lava Jato.


[1] Artículo 97°.- El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer, por requerimiento, ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial.

Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier información, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria; excepto la información que afecte la intimidad personal. Sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales.

[2] Artículo 88°, literal d).- Las solicitudes para que se practiquen los apremios serán presentadas ante el Juez Especializado en lo Penal, el mismo que accederá a la petición y ordenará que se realice por el mérito de la solicitud en el primer caso y previa evaluación de los argumentos presentados por la Comisión de Investigación en el segundo caso.

En caso de que el citado no se presente al primer llamado de la Comisión, el Juez podrá dictar a solicitud expresa de la Comisión, orden de captura contra el citado, a fin de hacer efectivo el requerimiento de la Comisión Investigadora.

Al hacerse efectiva la orden de captura, la Policía Nacional del Perú pondrá al detenido a disposición del Juez Penal de Turno e informará inmediatamente por cualquier medio al Presidente de la Comisión Investigadora para que, bajo responsabilidad, en un plazo no mayor de 24 horas se realice la sesión donde proporcione el testimonio requerido.

[3] http://blog.pucp.edu.pe/blog/anibalquiroga-derechoprocesal/2014/02/12/la-no-procesabilidad-judicial-del-presidente-de-la-rep-blica/

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