En las últimas semanas,  Lorena Álvarez y Micaela de Osma se convirtieron en las nuevas víctimas de la violencia contra la mujer en el Perú. No obstante, ellas decidieron denunciar a sus parejas por tales hechos y emprender el camino en búsqueda de justicia. Lamentablemente, estos episodios evidencian la situación de vulnerabilidad en la que se sigue encontrando la mujer en nuestra sociedad actual. Frente a este contexto, las declaraciones vertidas en el Congreso de la República por la  Presidenta de la Comisión de la Mujer, causaron gran indignación, pues manifestó que ‘‘la mujer, a veces sin razón o sin querer queriendo, da la oportunidad al varón para que se cometa ese tipo de actos’’, justificando el comportamiento del hombre que se ve incitado por la actuación de la mujer.

Sin duda, lo dicho por la congresista fujimorista refleja un pensamiento que legitima la violencia de género y coloca a la mujer como responsable en lugar de víctima. Pero, estas declaraciones se revisten de mayor importancia si consideramos el cargo que ostenta dentro del Congreso. Por ello, es fundamental comprender cuál es el rol de la Comisión de la Mujer y qué se necesita de ella para luchar verdaderamente por los derechos de la mujeres en el país.

En primer lugar, el artículo 34 del Reglamento del Congreso,  establece que las Comisiones son grupos de trabajo especializados cuya función principal es el seguimiento y fiscalización de los órganos estatales, así como el estudio y dictamen de los proyectos de ley, y la absolución de consultas respecto a su especialidad. Estas comisiones pueden ser divididas en cuatro clases: ordinarias, especiales, de investigación y de ética parlamentaria.

La Comisión de la Mujer y la Familia forma parte de las denominadas comisiones  ordinarias, por lo que se encarga del estudio y dictamen de los asuntos ordinarios de la agenda del Congreso según su materia de competencia que es, en el caso concreto, temas relacionados con la mujer como la lucha contra la violencia y la promoción de la igualdad.

Por tanto, esta comisión cumple un rol crucial no solo como ente fiscalizador, sino que también tiene la responsabilidad de legislar y liderar el trabajo parlamentario en la elaboración de dictámenes y propuestas legislativas dirigidas a garantizar la plena vigencia de los derechos de la mujer.


Asimismo, es necesario tener en cuenta que cada comisión ordinaria, al ser un grupo de trabajo especializado,  se encuentra en una mejor posición que otras para promover proyectos de ley relacionados con su materia y  fortalecer su sector, para lo cual se requiere de personas idóneas que trabajen y más aún, presidan tales comisiones, con una visión progresista de los derechos fundamentales en aras de la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, sobre todo de aquellos grupos más vulnerables.

Si bien por parte de la Comisión de la mujer se ha logrado avances frente a esta problemática como la creación del Registro de Casos de Violencia y la creación de nuevos Centros de Atención para la mujer en el VRAEM, las declaraciones de Maritza García representan una visión cargada de prejuicios sociales en cuanto al rol del varón y la mujer y un peligro para la búsqueda de la efectiva tutela de los derechos de las mujeres desde la Comisión a su cargo.

Asimismo, cabe recordar que la congresista García no solo estuvo a favor de la derogación del Decreto Legislativo N° 1323, mediante el cual se buscaba agravar las penas por actos de violencia de género y discriminación sino también es una de las promotoras de aquel proyecto de ley que plantea crear un Ministerio de la Familia, a partir de la fusión de los despachos de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y el de Desarrollo e Inclusión Social, lo cual representa un grave retroceso en la creación de propuestas y políticas que ayuden a combatir las causas estructurales de la violencia y discriminación hacia la mujer.

Sin duda, tales actitudes de la presidenta de la Comisión de la mujer y el discurso brindado en el Congreso, tal como señalaron los representantes de la Defensoría del Pueblo,  “no se condicen con la responsabilidad que le compete, entre otros, a quien preside la comisión de la Mujer y la Familia del Congreso de la República, la cual obliga en razón de su cargo a defender los derechos de las mujeres”, siendo condenable que se le atribuya a la mujer la responsabilidad de propiciar los actos de violencia y feminicidio, justificando la actitud del agresor.

Por ello, si queremos subir un escalón más en la obtención de medidas efectivas y avanzar firmemente en la lucha contra la violencia de género debemos empezar por desvestirnos de aquellos prejuicios y pensamientos erróneos, empezando por aquellas personas que tienen en sus manos la labor de presidir desde el Congreso, la comisión encargada de fiscalizar, analizar, dictaminar y sobre todo, representar a cada una de las mujeres.

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