El jueves 05 de octubre, la revista Caretas publicó la columna satírica de Rafael León Rodríguez, más conocido como Rafo León, titulada “Reporte desde el Baño de Damas”. En dicho artículo, el periodista relataba una conversación entre congresistas fujimoristas sobre la llegada del Papa al país. La columna, lejos de enfocarse en la visita de Francisco, se encargó de ridiculizar a varias parlamentarias usando frases como las siguientes: “La Luz Lomo Saltado, que se ha mandado a hacer un chachá negro pero que para poder ponérselo entre ahora y enero de 2018 va a tener que bajar treinta kilos”, ola Chacóncha, contó que ella iba a ir de negro también pero con falda de tajo por si algún purpurado arreola se animaba”.

Mientras que los miembros del Congreso rechazan tajantemente las expresiones usadas por León señalando que estas representan una ideología machista implantada en nuestra sociedad, la revista ha salido al frente a defender la columna, amparados en la libertad de expresión y el derecho de sátira. Por ello, el congresista Galarreta exhortó a las empresas a retirar su publicidad de la revista.

El siguiente editorial intentará abordar principalmente dos preguntas: ¿Es un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión la columna de Rafo León? y ¿cómo se califica la reacción del congresista Galarreta?

La libertad de expresión es un derecho fundamental para la democracia. Naturalmente,  este derecho se encuentra amparado por nuestra Constitución Política, específicamente en su artículo 2, inciso 4. A su vez, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano se ha encargado de completar el contenido de este derecho señalando que aquel “garantiza que las personas (individual o colectivamente consideradas) puedan transmitir y difundir libremente sus ideas, pensamientos, juicios de valor u opiniones”. Sin embargo, como todo derecho fundamental, la libertad de expresión tiene límites. Esto sucede, por ejemplo, cuando colisiona con el núcleo esencial de otros derechos y; por lo tanto, su ejercicio puede llegar a ser ilegítimo. En el caso concreto, vemos que la libertad de expresión colisiona con los derechos al honor y a la buena reputación. Concretamente, hay expresiones o frases que colisionan directamente con el núcleo esencial de estos derechos, y por tanto hacen ilegítimo el ejercicio de la libertad de expresión. Estas expresiones son, por ejemplo, los insultos e injurias.

Francisco Eguiguren indica que la vulneración al derecho al honor y buena reputación se produce “si se atribuye o difunden informaciones o afirmaciones que indebidamente menoscaban o dañan la reputación o consideración social de una persona.” [el énfasis es nuestro]. Así, una de las vías para proteger este derecho es el derecho a la rectificación. Sobre este mecanismo, el mismo autor señala que “el derecho de respuesta o rectificación tiene por finalidad la aclaración, gratuita e inmediata, frente a informaciones que causen daño a la dignidad humana e intimidad de una persona en los medios de comunicación social que las difundieron.” Por otro lado, también existe una acción legal por la vía penal, las personas que se sienten afectadas, podrán interponer una querella, regulada a partir del artículo 459º del Nuevo Código Procesal Penal. Es menester señalar que la acción se interpone necesariamente por quien se siente afectado o sus representantes debidamente facultados. En ese sentido, no corresponde al Presidente del Parlamento, ni al Ministerio Público, iniciar esta acción.

Ahora, si bien los personajes públicos son mas propensos a que su derecho al honor se vea vulnerado en tanto ejercen función pública y por ello están más expuestos a críticas más severas y amplias sobre el cargo que ejercen, eso no implica que se pueda realizar sátira respecto de su apariencia física o información que pertenece a su ámbito de intimidad. Como manifiesta Marciani, “la parodia es un tipo de expresión humorística de intrínseco contenido crítico que (..) permite hacer accesible a las mayorías la actualidad de la discusión política y social. (…). Así, la parodia referida a temas de interés público tiene como fundamento o criterio de legitimación a la formación de la opinión pública, que deriva de la discusión pública sobre temas de interés general”. Con esta premisa, es evidente que se vulneró el derecho al honor y buena reputación de las Congresistas.

En el presente caso, es claro que se han cometido excesos en la forma en la que se presenta la columna y el extremo al que las ironiza. Así, el artículo no va dirigido solo a la función pública de las congresistas, sino, también, a sus características físicas y al ejercicio de su libertad sexual. Concluimos entonces que mediante la columna, no se realiza un ejercicio legítimo de la sátira, amparada en la libertad de expresión, sino que se mella el honor y dignidad de las aludidas funcionarias.

Ahora bien, la participación del presidente del Congreso, Luis Galarreta en el caso también viene siendo polémica. El parlamentario fujimorista exhortó a las empresas que auspician los programas de Rafo León a dejar de hacerlo. Ricardo Uceda, director ejecutivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), señaló lo siguiente para rechazar este accionar:  “El presidente del Congreso no tiene derecho a llamar a un boicot contra un medio o un periodista para limitar su circulación y su financiamiento. El Estado debe proteger la libre circulación de ideas, así estas parezcan inconvenientes, ofensivas o hasta delictivas”. Sobre la misma discusión, Marco Zireli, director de Caretas, manifestó lo siguiente: “Se trata de una columna satírica, una caricatura, y debe juzgarse en ese sentido. Puede no gustar, a veces ser muy mordaz, pero es una caricatura. Por eso nos parece gravísimo que el presidente del Congreso proponga un boicot publicitario contra su autor y el medio que la publica, que es Caretas”.

Es prudente que los hechos cometidos por Rafo León sean condenados por los diferentes sectores de la sociedad, pues como demostramos, constituye una afectación a los derechos de las congresistas. Sin embargo, este contexto no legitima a las autoridades a aprovecharse de la situación para intentar boicotear a un medio de comunicación. Desde su posición de congresista, este debe promover el debate democrático y el respeto al ordenamiento y sus principios rectores, pero queda completamente fuera de sus funciones el desincentivar a un bloque comercial a que contraten con determinado medio.  Si se vulneraron los derechos fundamentales de las congresistas como el honor y la buena reputación, esto debe ser determinado y sancionado por la vía judicial adecuada, mas no por la iniciativa antidemocrática formulada por el congresista Galarreta.

Si bien la libertad de expresión es un derecho fundamental que está protegido por la Constitución, también esta tiene límites, y uno de ellos es cuando afecta al honor y buena reputación de las personas. Como se ha podido ver, la columna criticaba a las congresista no desde un punto de vista político sino desde un aspecto físico haciendo alusión a su peso, color de piel, vestimenta, entre otros. Asimismo, la referencia a la congresista Chacón constituye una frase denigrante para su honor y permite reflejar un pensamiento retrógrada que genera una de las principales problemáticas en nuestro país: el machismo. En ese sentido, deben ser rechazadas estas declaraciones y las personas afectadas pueden ejercer los mecanismos legales previstos para estos supuestos. Sin embargo, es inaceptable que un congresista, en su rol de autoridad y dada la influencia que tiene, emita comentarios para realizar un boicot comercial a una revista, ya que esto sí atenta contra la libertad de expresión. Esta tiene sus límites y por la vía legal se pueden establecer las penas para quienes lo incumplen.

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