Un nuevo acto de violación ha conmovido a la sociedad peruana: la violación de una menor de 2 meses por su propio padre. El acontecimiento de este tipo de hechos reflejan la gran problemática en la que se encuentra inmersa nuestro país: el Perú tiene el mayor índice de violación en Latinoamérica y el tercer mayor en el mundo. Ante este contexto, es común encontrar a  muchos peruanos exigiendo “mano dura” al Estado; concretamente, la implementación la pena de muerte para los violadores de menores.

La medida no es nueva, ya había sido evaluada anteriormente –en el gobierno de Alan García por ejemplo-. No obstante, esta propuesta es siempre reimpulsada por algunos parlamentarios, siendo actualmente defendida por la bancada fujimorista. Mucho se ha criticado el acogimiento de la medida por parte de algunos legisladores debido a que tendría un tinte populista y su único fin sería contentar el pedido del pueblo, sin reflexionar en las implicancias que tendría aplicar la pena de muerte.

La preocupación de la sociedad es legítimo; sin embargo, deja entrever la poca consideración de los ciudadanos hacia los Derechos Humanos, y el desconocimiento de la importancia de la Convención Americana de Derechos Humanos y el proceso que el Estado peruano tendría que llevar a cabo para instaurar la medida. En el presente editorial explicaremos el procedimiento para renunciar a tal Pacto y la magnitud de las consecuencias que dicha denuncia supondría.

El concepto de dignidad es reconocido por muchas Constituciones al rededor del mundo, incluyendo a la Constitución peruana en su artículo 1°. Es a raíz del reconocimiento de la dignidad inherente a cada individuo, y la conciencia de que cada uno es un fin en sí y no un medio, que surgen los Derechos Humanos como pilar de la democracia y los Estados Constitucionales de Derecho. Sin embargo, es recién desde el término de la Segunda Guerra Mundial y luego de que el mundo fue testigo de las atrocidades cometidas por el régimen Nazi, que se comienza a incidir en la vigencia real de los Derechos Humanos.

En el contexto latinoamericano, La firma del Pacto de San José de Costa Rica, conocido mundialmente como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, marcó uno de los hitos en cuanto al respeto y promoción de los derechos humanos en América Latina y El Caribe.

Estos derechos son de suma importancia para el desarrollo de todo Estado Constitucional de Derecho. Así, se ha expuesto que  los derechos humanos tienen principalmente dos funciones: 1) sirven como límite al poder: sin estos derechos no habría nada que detenga la actuación del Estado, y aquella persona que ostente el poder podría ejercerlo de forma ilimitada causando grandes perjuicios a la sociedad; y, 2) orientan la actuación del Estado: los Estados no solo deben respetar o abstenerse de vulnerar estos derechos, sino también que deben realizar acciones concretas para promover y protegerlos. Son ambas funciones necesarias para garantizar y preservar la dignidad de los individuos.

La introducción de una nueva causal para la aplicación de la pena de muerte –en este caso, la violación sexual de menores– es incompatible con dicho pacto. La Convención en el inciso 2 de su artículo 4º establece que: “[No] se extenderá [la] aplicación [de la pena de muerte] a delitos a los cuales no se aplique actualmente”. Así, la única vía posible para aplicar esta drástica sanción en nuestro país en los casos de violación sexual de menores sería desvincularse del Pacto de San José. Al respecto, el artículo 78º de la Convención señala que: “Los Estados Partes podrán denunciar esta Convención después de la expiración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma y mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario General de la Organización, quien debe informar a las otras partes”.

No está permitido, como alegan algunos, desvincularse parcialmente del pacto. Dicho acto está prohibido por el artículo 44° de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados: “El derecho de una parte […] a denunciar ese tratado, retirarse de él o suspender su aplicación no podrá ejercerse sino con respecto a la totalidad del tratado, a menos que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecto”. Ni el Pacto ni las partes han admitido la posibilidad de una denuncia parcial.

El procedimiento de aprobación de la pena de muerte por una nueva causal sería un proceso excesivamente largo. Primero, requerimos denunciar el pacto con un preaviso de al menos un año. Luego de este plazo, sería necesario reformar el artículo 140º de nuestra Constitución, pasando por las dos legislaturas ordinarias exigidas por la Constitución. Finalmente, se tendría que modificar el Código Penal y el Código Procesal a fin de concretizar la aplicación de la medida. Todos estos trámites durarían, al menos, 3 o 4 años. En palabras de Rosa María Palacios: “Si dentro de 5 años ya contamos con la legislación necesaria, y un sujeto viola un niño, no podrá ser ejecutado hasta que se dé el proceso (10 años más). Por tanto, como están las cosas, no va a haber ninguna ejecución como mínimo dentro de 15 años. No es ni siquiera una medida a corto plazo”.

Por otro lado, denunciar el pacto supondría consecuencias graves para el Perú en particular para el caso peruano. El Perú se retiraría de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que los ciudadanos que acudan a la CIDH para denunciar la vulneración de sus derechos por parte del Estado, no podrán llevar sus casos ante este Tribunal. ¿Por qué es especialmente grave para el Perú? Porque el Perú es el país donde se comente los mayores atropellos a los Derechos Humanos. Hasta marzo del 2014, la CIDH ha emitido 29 sentencias sobre el Estado Peruano –somos el Estado respecto del cual la Corte se ha pronunciado en mayor cantidad de veces -, de las cuales 28 han condenado responsabilidad del Perú por violar derechos humanos. Esta situación se hace aún más grave considerando que los países que tienen un Poder Judicial deficiente –como el Perú –,  son aquellos cuyos ciudadanos más acuden a la Corte en busca de justicia.

En conclusión, la salida del pacto significaría un proceso largo y costoso para el Perú. Incluso, la potencialidad de la aplicación de la pena de muerte podría incluso generar incentivos para la implementación de otro tipo de medidas verdaderamente eficaces para luchar contra la violencia hacia la mujer.

Desvincularnos del Pacto de San José es muy perjudicial para la protección y promoción de derechos humanos, más aún en un país como el nuestro donde históricamente estos derechos no han sido -ni aun en la actualidad son- plenamente garantizados. El Pacto permite a los ciudadanos de los Estados parte, poder acceder a un proceso internacional en caso de que su derecho no haya sido protegido de forma adecuada por las instancias internas; por tanto, surge como una garantía fundamental para la protección de los Derechos Humanos, y con ello, para la vigencia de la dignidad inherente a cada individuo.

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