Por: César Landa, ex Presidente del Tribunal Constitucional y profesor en la Facultad de Derecho de la PUCP.

El modelo político de nuestra democracia constitucional hunde sus raíces en el  régimen presidencial, que fue la forma republicana de gobierno que se dio el Perú a partir de su independencia. Pero debido a los excesos autoritarios de algunos presidentes de turno, ya  desde el siglo XIX se fueron añadiendo algunas instituciones parlamentaristas a nuestro régimen presidencial tales como la interpelación y censura de los ministros, el voto de confianza del parlamento al gabinete ministerial, la formación de las comisiones investigadoras, las acusaciones constitucionales y el juicio político. A su vez, se fue institucionalizando el poder ejecutivo mediante la creación de las Vice-presidencias, la institución del Consejo de  Ministros y de su presidente, entre otras instituciones.

Este modelo presidencialista atenuado en nuestra historia constitucional nunca había producido un desequilibrio en el principio de la separación de poderes tal como viene sucediendo desde los últimos años de la transición democrática, iniciada en el año 2000. Tan solo en los regímenes militares de facto, al margen de la constitución, se ha conocido el autoritarismo presidencial; sin embargo, las dictaduras civiles, aunque de manera excepcional, como en los casos de los ex presidentes Leguía y Fujimori, tampoco han estado ajenas en el siglo XX.

Pero, la dictadura parlamentaria propia de un desorbitado régimen parlamentario constituye una nueva práctica de la oposición política para ejercer no solo sus competencias de control parlamentarias mediante la interpelación y censura ministerial, y la negación del voto de confianza al presidente del consejo de ministros, sino también al inicio de acusaciones constitucionales a cuatro magistrados del tribunal constitucional en momentos en que se encuentran abocados a resolver procesos muy sensibles para el país, como son: por un lado,  el juicio contra un grupo de marinos por la matanza del frontón donde habría responsabilidad del ex presidente Alan García y su ex vice presidente el marino Giampietri; y por otro lado, el  pedido de la líder de la oposición, Keiko Fujimori, para anular el proceso penal condenatorio a su padre por violar gravemente los derechos humanos y realizar graves actos de corrupción.

Pero, si no fuera suficiente poner en cuestión la independencia judicial que se demanda a todo poder político para que un órgano de impartición de justicia como el Tribunal Constitucional pueda actuar autónomamente, ahora se suma el pedido de la acusación constitucional de la bancada fujimorista contra el Fiscal de la Nación por porque un fiscal provincial reabrió un proceso penal contra Joaquín Ramirez,  ex  secretario general del partido fujimorista, acusado de lavado de activos y porque habría estado encargado por la líder de la oposición de lavar 15 millones de dólares, remanentes de la campaña electoral del 2011.

El desproporcionado ejercicio del control y fiscalización   parlamentario quizás se explique en la inexperiencia de la oposición en el ejercicio de dichas instituciones parlamentaristas, con un costo, por una lado, de crear  inestabilidad gubernamental, y, por otro lado,  resquebrajar el principio de la independencia judicial.

Ante esta situación, en nuestro sistema jurídico le corresponde al propio Tribunal Constitucional, a través del conflicto de competencia y atribuciones, resolver las controversias que se susciten entre los poderes del estado y los organismos constitucionales autónomos, incluso si el propio TC fuera sujeto de una interferencia inconstitucional.

En efecto, de prosperar dichas acusaciones arbitrarias contra los cuatro magistrados constitucionales y el fiscal de la nación, estos podrían demandar un conflicto de competencia y atribuciones en contra de la decisión parlamentaria de acusarlos y de ser el caso destituirlos, solicitando la nulidad de dicha medida, por cuanto la Constitución (art. 202-3) y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (art. 3) facultan al Tribunal Constitucional a resolver las controversias acerca del alcance y los límites de las competencias atribuidas a los poderes públicos y los organismos autónomos en materia de su potestad sancionadora, así como, en su caso el TC goza de la kompetenz-kompetenz, en virtud del cual está facultado para decidir su propia competencia sobre cualquier asunto que se le presente.

MÉXICO, 9 DE NOVIEMBRE DE 2017.

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