La bancada de Fuerza Popular ha presentado el Proyecto de Ley 1123 “que declara de interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en Ucayali”. La propuesta ha sido bastante criticada y sus opositores alegan que con ella se afectarían diversas reservas indígenas habitadas por pueblos en aislamiento voluntario, perjudicando su vida e integridad. A su vez, resulta paradójico que este proyecto se haya aprobado al mismo tiempo que se venía realizando la COP23 (2017 United Nations Climate Change Conference), que impulsa la acción climática con nuevos anuncios de financiación en seguros y, bosques por parte de gobiernos, ciudades y empresas.

En el presente editorial, analizaremos la viabilidad jurídica de este proyecto, revisaremos normativa tanto nacional como internacional y analizaremos los puntos que debería ser tomados en cuenta para evaluar esta propuesta, y en general, antes de aprobar propuestas como de este tipo.

Los pobladores en aislamiento voluntario son definidos por la CIDH como pueblos o segmentos de pueblos indígenas que voluntariamente han decidido no mantener contacto prolongado con  la población mayoritaria no indígena, y que suelen rechazar el contacto con personas que no sean de su pueblo.  Esta exclusión voluntaria, señalan, es justificada, ya que cuando estas comunidades han tenido algún contacto con la sociedad el encuentro no ha sido pacífico. Por ello, se debe respetar el no contacto y su decisión por mantenerse en aislamiento, ya que esto se engloba dentro de su derecho a la libre autodeterminación e identidad (CIDH: 4).

Existe amplio desarrollo normativo que protege a estos pueblos. Encontramos, por ejemplo a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, cuyo artículo XXIII protege a la propiedad, velando también por la propiedad de las tierras de los pueblos indígenas, así lo han entendido la CIDH y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por otro lado, hoy en día se encuentra en negociación el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que erige por primera vez un artículo dedicado a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

Otros medios normativos internacionales igualmente importantes en este tema son el Convenio Nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En el plano nacional, encontramos a la Ley No 28736, LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO Y EN SITUACIÓN DE CONTACTO INICIAL. Esta ley estipula el carácter intangible de las reservas indígenas, señalando en su artículo 5º que: “b) Se prohíbe la realización de cualquier actividad distinta a la de los usos y costumbres ancestrales de los habitantes indígenas”;y “d) Los pueblos indígenas que las habitan son los únicos y mancomunados beneficiarios de la misma”. Asimismo, el texto expresa que le corresponde al Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano – INDEPA, en forma coordinada con los sectores de Agricultura, Salud e Interior, velar por el cumplimiento de la ley.

A diferencia de cuando se quiere implementar proyectos mineros o de infraestructura en poblaciones indígenas en la sierra, en el caso de las comunidades en aislamiento voluntario no es posible realizar una consulta previa. Estos pueblos rechazan el contacto con la sociedad, por lo que una intromisión ilegítima vulneraría su derecho a la autodeterminación, como ya mencionamos.

Otro aspecto cuestionable del presente proyecto es que no se ha consultado la opinión de entidades como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud o el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, SERNANP; en suma, entidades que conocen sobre comunidades indígenas.

El Ministerio de Cultura tiene como una de sus atribuciones la protección de la pluralidad étnica y cultural de la nación, así como la conservación y protección del patrimonio cultural.  En ese sentido, el Ministerio de Cultura debería ser consultado sobre cualquier ley o norma que esté relacionada con los temas antes mencionados, como es el caso del Proyecto de ley 1123.

El Ministerio de Salud es el organismo que busca proteger la dignidad de la persona, garantiza la atención integral de salud de todos los habitantes del país y conduce los lineamientos de las políticas sanitarias en conjunto con los sectores públicos y actores sociales. Esta entidad es la adecuada para dar su opinión sobre los aspectos sanitarios y relacionados con la salud de las personas, por lo que debió ser consultada sobre las posibles repercusiones y que tan irreversible era el daño ocasionado a la salud de las comunidades que podría implicar el contacto con la sociedad.

Finalmente, entre las funciones del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas se encuentra promover la coordinación interinstitucional entre las entidades del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales que actúan, intervienen o participan, directa o indirectamente en la gestión de las Áreas Naturales Protegidas y emitir opinión sobre todos los proyectos normativos que involucren a las Áreas Naturales Protegidas. Por tanto, resulta claro que una de sus funciones es el opinar sobre el proyecto de ley 1123 y es necesario que se le consulte, puesto que el proyecto tiene una incidencia y vulnera más de 6 Áreas Naturales Protegidas.

Es cierto que en el proyecto se menciona la opinión consultiva a otros Ministerios y entidades; sin embargo, las opiniones y consultas realizadas a las entidades mencionadas fueron solo de cuestión técnica, sin tener en cuenta las competencias y funciones que otras tenían. Esta carencia de “vistos buenos” podría traer consecuencias perjudiciales para las comunidades y reservas naturales. Además, los Ministerios serán las entidades competente para dar medidas alternativas a las planteadas y que de ese modo, se pueda construir la carretera sin afectar ni dañar a la población.

Así, la construcción de estas carreteras representa una gran afectación a la integridad, subsistencia y salud de estas comunidades. En primer lugar, las comunidades rechazan el contacto con la sociedad por experiencias traumáticas ya vividas. En segundo lugar, es posible que se proliferen enfermedades que podrían llevarlos a la extinción, pues, como indica AIDESEP, las comunidades no tienen los medios necesarios para combatir las enfermedades infecciosas, por lo que estas podrían ser contagiadas por cualquier contacto con alguien fuera de su entorno y podría llevarlos hasta la muerte.

Es importante tener todo esto en cuenta y ponderar el bienestar de pobladores del país antes que la construcción de cualquier obra que los afecta y, también, tener en cuenta la opinión de autoridades pertinentes para la promulgación de leyes como esta.

La zona que abarcaría la construcción de la carretera afectaría a más de 8 pueblos en aislamiento voluntario y a más de de 6 reservas nacionales, por lo que representa un peligro para estos. En ese sentido, la ley vulnera derechos de las comunidades y daña el medio ambiente por lo que debería analizarse seriamente su compatibilidad con la Constitución.  

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Fuentes:

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