Luego de 37 años, el pasado martes 21 de noviembre, Robert Mugabe renunció a la presidencia de Zimbabue. Esto sucedió luego de que el ejército de dicho país lo retuviera en su domicilio presidencial y de que la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF), partido político del cual formaba parte, lo suspendiera de sus funciones en la dirección de este y promoviera su proceso de destitución ante la Asamblea Nacional. Aunque en un inicio Mugabe anunció en señal abierta que no renunciaría al cargo y que permanecería por lo menos hasta fines de año en el poder, finalmente cedió ante las presiones políticas y sociales. Así, el pasado viernes 24 del presente mes el hasta entonces vicrepresidente Emmerson Mnangagwa, quien tiempo antes fue destituido, juramentó como nuevo presidente de Zimbabue.

La Unión Nacional Africana de Zimbabue es el partido al que pertenecen tanto Mugabe como Mnangagwa. Durante su control estatal -ya que controlaban no solo el gobierno, sino que mantuvieron por mucho tiempo la mayoría parlamentaria e incidieron directamente en las decisiones de otros ámbitos- se han cometido muchos actos atentatorios contra los derechos humanos y la democracia. A pesar de que Mugabe se sometía a elecciones generales cada vez que terminaba su periodo, estas tenían serias denuncias de fraude. En los comisión del 2008, el opositor Morgan Tsvargiran, a pesar de ganar la primera vuelta, se retiró de la segunda por las amenazas y agresiones de las que era víctima. Mugabe pudo mantenerse en el poder gracias a ello. En el 2013, una gran parte de los electores eran personas muertas o desaparecidas, por lo que nuevamente se acusó de fraude. No obstante, la Corte Suprema del país africano sostuvo que se trataron de elecciones completamente válidas. Por otro lado, Mugabe se ha mostrado siempre en contra de los derechos de la comunidad LGTB e impulsó muchas medidas represivas contra esta.

Sin embargo, este modelo está lejos de ser una excepción. Hoy en día existen muchos estados que a pesar de denominarse democráticos, mantienen conductas que notoriamente se alejan de ese concepto. Esta tribuna ya se ha pronunciado sobre la importancia de una democracia sólida, no solo en materia política, sino también en respeto y garantía de derechos humanos [1]. En efecto, un estado no puede considerarse democrático por el simple hecho de tener elecciones, sino que debe cumplir con los principios rectores de la democracia.

Es claro que en el contexto actual, este modelo ha sido preferido por la comunidad internacional en general. Esto ha llevado a que muchos Estados disfracen modelos autoritarios o dictatoriales, de democracias fuertes y sostenibles. Solo en América Latina en los últimos años, varios de estos supuestos han estado presentes. Venezuela y el régimen chavista controlan prácticamente todos los poderes del estado, gestionan elecciones fraudulentas y aplastan los derechos más importantes de una sociedad. Perú fue escenario de una situación similar durante el régimen fujimorista de los años 90. A lo largo del mundo, paises mayormente en vías de desarrollo presentan esta preocupante situación. El gobierno de Guinea Ecuatorial mantiene una “democracia” gracias al uso del ejército para controlar a la población y mantener el régimen.

Coincidentemente, son estos modelos de democracias disfrazadas las que mayores problemas sociales presentan. Debido a la falta de control de las autoridades, los casos de corrupción son el principal flagelo. Transparencia Internacional estima que Zimbabue pierde anualmente más de 1000 millones de dólares por la corrupción. La cifra es especialmente alarmante no solo por el enriquecimiento que genera para quienes detentan el poder, sino que incide directamente en la falta de servicios a los que los ciudadanos deben acceder. Así pues, el dinero debería ser utilizado para reducir la tasa de muerte infantil (650 de cada 1000 niños) o políticas que eleven la expectativa de vida (44 años).

Ahora bien, es importante señalar que el índice de desarrollo humano puede ser variable en estos modelos. En efecto, Zimbabue ocupa el puesto número 154 y formando parte del grupo de países con bajo desarrollo humano, de acuerdo con el informe del PNUD del año 2016. Sin embargo, Venezuela está en el grupo de países con alto desarrollo humano, por encima incluso que Perú, Brasil y Colombia. Por su parte, Guinea Ecuatorial ocupa el lugar 151 del listado a pesar de ser el país con mayor índice económico per cápita de África. La desigualdad de este país hace que solamente el 15% de su población perciba esta beneficiosa situación económica.

Frente a esto, el elemento democrático no deja de ser importante. Debido a la inestabilidad social que representa un modelo pseudo democrático, estas variables pueden dejar de ser constantes. Es decir, cuando existe un país que no es gobernado de forma efectiva y directa por su pueblo, hay un riesgo constante de que se produzca una ruptura del régimen que puede ser pacífica -como en el caso peruano con la destitución de Fujimori o el caso de Zimbabue- o violenta. Esta ruptura genera que se modifiquen las políticas públicas que guiaban la actuación del gobierno previo. Ahora, bien podría decirse que existe la posibilidad de que el cambio implique una mejor situación social, pero esta no debería darse por etapas interrumpidas, sino que necesita ser sostenible. La situación particular de los estados -sea buena o mala- debe apuntar a mejorar de manera integral y sostenible, de tal forma que no dependa de voluntades políticas particulares, sino de una estrategia mucho más amplia que incluya la participación generalizada de la sociedad.

Por todo ello, es importante que el factor oposición y control, propios únicamente de un sistema democrático, nunca deba perderse. Es este elemento precisamente, uno de los que nos permite diferenciar democracias auténticas, de las que aparentar serlo. No se debe pretender formar una oposición anti-sistema, sino una oposición crítica que tenga incidencia en la actuación del Estado y la sociedad, garantizando la participación de quienes no necesariamente comparten las ideas del gobierno. Solo manteniendo el respeto por los derechos fundamentales, la democracia en sus nociones políticas, sociales y económicas, y permitiendo que las oposición siempre tenga un rol activo, un Estado podrá mantenerse viable, sostenible y estable. En efecto, no se trata solamente de “escuchar” a la oposición, sino de involucrarla en ciertas actividades estatales, fomentar su participación y reconocer su causa, cuando es justa.

[1] http://www.enfoquederecho.com/2017/04/23/democracia-por-que/

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