Por Roy Irribarren, alumno de la Facultad de Derecho de la PUCP y miembro del Consejo Editorial de EnfoqueDerecho.com

El martes 14 de Noviembre de 2017, el diario El Peruano publicó entre sus páginas la Ley N° 30680, “LEY QUE APRUEBA MEDIDAS PARA DINAMIZAR LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y ESTABLECE OTRAS DISPOSICIONES”. Tal como menciona su título, esta ley tiene por objeto acelerar las medidas que el gobierno tome con el fin de plantear soluciones y obtener resultados necesarios para la reconstrucción del país, todo ello con base a los estragos que, como país, sufrimos el presente año a causa del fenómeno de El Niño.

La Ley N° 30680 comprende entre sus alcances la regulación y manejo del presupuesto nacional para los ministerios con mayor incidencia a la reconstrucción del país (como el Ministerio de Educación, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Energía y Minas, entre otros). Su principal fin es el manejo idóneo de los recursos destinados a la reconstrucción del país. Además, finaliza con medidas que dejen un país acondicionado y estable para el recibimiento y estadía del Papa Francisco en el 2018.

Ahora bien, toda la ley en cuestión desarrolla programas y regula la actividad de entidades ejecutoras que, por lo expuesto, realizarán un trabajo efectivo y con miras al bienestar social de la nación. Sin embargo, recorriendo cada artículo de la norma resalto una en específico, que nos parece desfasada entre las demás disposiciones legales que la ley señala. Esto debido a que en un contexto presupuestal, la ley nos traslada –y en un solo artículo– a hablar del derecho de la posesión y facultades anexas al derecho de la propiedad.

Me refiero al Artículo 49° de la presente ley. Dicho artículo regula la posesión de bienes inmuebles en las zonas de riesgo y zonas intangibles; sin embargo centra su atención a la primera, y las caracteriza como zonas de riesgo no mitigable. Se trataría de aquellas que necesitarán de un mayor esfuerzo y mayor gasto económico para la mitigación del riesgo ante eventuales desastres naturales.

Para puntualizar, el Artículo 49º señala que solo se podrá ejercer posesión en zonas que sean habitables, mientras que en zonas de riesgo no mitigable el derecho de posesión será ilegal.

Asimismo, las zonas declaradas de riesgo no mitigable quedarán bajo la administración de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). La SBN estará encargada de preservar la intangibilidad de estas áreas, bajo la supervisión de la Presidencia del Consejo de Ministros. Del mismo modo, la SBN será la encargada de llevar a cabo la desocupación de los pobladores de estas zonas, así como la demolición de las infraestructuras que se encuentren en estas mismas áreas. Ejecutarán dichas medidas mediante expropiaciones y adquisiciones de inmuebles, inclusive podrán usar medidas tributarias como la recuperación extrajudicial. Por otro lado la SBN podrá disponer de dichas áreas “para el desarrollo de proyectos de infraestructura regulados en el Decreto Legislativo 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura.”

Ahora, el dilema con dicha ley no solo radica en el desconcierto, malestar y desacuerdo de los pobladores en quienes recaerá las ejecuciones que se pretende hacer para con sus respectivas propiedades y/o posesiones. El tema de fondo es en realidad la vulneración de algunos derechos y facultades que todos poseemos en el marco de los Derechos Reales.

El Artículo 49° de la Ley en cuestión señala, en tres puntos, los efectos que genera la declaración de zona de riesgo no mitigable.

“1. La posesión no configura un derecho susceptible de acciones judiciales en el fuero constitucional, civil o cualquier otro. 2. Son nulos de pleno derecho los contratos de posesión o de transferencia de propiedad que se celebren respecto de predios ubicados en zonas declaradas de riesgo no mitigable. 3. Son nulos los actos administrativos emitidos sobre otorgamiento de derechos de posesión en zonas declaradas de riesgo no mitigable.”

El primer punto, claramente está contrariando lo señalado en el Artículo 920° del Código Civil, defensa posesoria extrajudicial; es decir, deja a los pobladores de esas zonas sin la facultad de ejercer la defensa posesoria. Ahora, el segundo punto afecta facultades de los propietarios en disponer de sus predios, ya que aquí se les está considerando nulos a los actos de autonomía privada –específicamente contratos de posesión y transferencia de propiedad– que celebren pobladores propietarios de dichas áreas.

Estos tres puntos que expone el Artículo 49 contrarían, claramente, el ordenamiento jurídico en el marco de los derechos del poseedor y del propietario. Vulneraciones o afectaciones generadas por medidas que prefirieron ahorrar “presupuesto y trabajo” y a cambio de ello implantar medidas más “facilistas” para la reconstrucción del país.

Asimismo, adherido a los daños y vulneraciones que causará dicha ley en su Artículo 49º, se suma que dichas disposiciones fueron introducidas en una ley que evidentemente no fue elaborada de forma tal que regule las características relevantes de los Derechos Reales. Peor aún, que pueda llegar a afectar dichos derechos justificadamente. Es decir, la ley, en un inicio nos presenta un orden para la división y administración eficaz del presupuesto nacional con miras a destinarlo a la reconstrucción del país. Sin embargo, en un giro inesperado, declara recortar derechos y facultades de los propietarios y poseedores residentes de dichas áreas. Esta medida resulta sumamente arbitraria y disfrazada en una ley que no encuentra cabida para tal tema. Como si fuera poco, dicha ley también hace referencia a las disposiciones a tener en cuenta para la llegada del Papa al Perú.

Una redacción casi sin sentido, en la cual se adhiere un artículo desencajado e injustificado para los temas a tratar por la norma. En ese sentido, ahora solo queda preguntarse cómo será tomado por los que serán, principalmente, afectados en la ejecución de tal artículo. ¿Se realizará una adecuada reubicación? Cuando un poseedor/propietario no desee perder su bien (impedidos ahora de ejercer su defensa posesoria) ¿serán retirados sin importar sus derechos y las circunstancias en las que se encuentren? Habrá que esperar que en la ejecución de esta ley no se vulnere y recorte más derechos de los que ya hace el contenido del mismo.

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