En el marco de las investigaciones que se vienen realizando respecto al Caso Odebrecht, una nueva polémica ha surgido, esta vez de parte de la congresista fujimorista, Rosa Bartra. Esto debido a su presencia durante el allanamiento de los locales del partido Fuerza Popular, los cuales fueron realizados el pasado jueves por orden del juez Richard Concepción Carhuancho; suceso en el que incluso la congresista grabó con su teléfono a los agentes de la policía que estaban incautando documentos y libros.

Luego de ocurridos estos hechos, varios congresistas, políticos y otros actores de la sociedad civil solicitaron que la congresista Rosa Bartra renuncie a la presidencia de la comisión Lava Jato. ¿Es legítimo este pedido de renuncia? Es la interrogante a la que intentará responder este editorial.

La comisión Lava Jato, de la cual es presidida por Rosa María Bartra, se creó a raíz de los escándalos de corrupción de Odebrecht con políticos de todas partes de Latinoamérica, entre los cuales se encuentran también peruanos. El nombre oficial es ‘Comisión Investigadora Encargada de Investigar el Pago de Presuntas Coimas a Funcionarios Peruanos por parte de Empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao y otras’. Según el reglamento interno del Congreso de la República, las Comisiones de Investigación son las encargadas del estudio, la investigación y el dictamen de los asuntos controversiales puestos en su conocimiento. Esto, además, siguiendo lo establecido en el artículo 97 de la Constitución Política del Perú.

¿Por qué la presencia de la congresista en el allanamiento es polémica y, sobre todo, cuestionable? Esto se debe, principalmente, a que Rosa Bartra no solo es parte del partido Fuerza Popular, el cual se encuentra investigado, sino que, a su vez, es la presidenta de la comisión que está a cargo de investigar a este mismo partido por el caso Lava Jato. Al ser la encargada de dirigir las investigaciones que realiza la comisión y decidir el rumbo que esta tome, no debería haber estado presente en los locales allanados, pues se convertiría en juez y parte al mismo tiempo. Es decir, se rompería con la imparcialidad de la que deben gozar las investigaciones.

En ese sentido, Rosa Bartra, ha sido cuestionada por presidir una comisión investigadora donde su partido, es decir, Fuerza Popular es uno de los más involucrados en el caso de corrupción de Odebrecht. Esto generó suspicacia y preocupación, dado que se ponía en cuestionamiento su objetividad. Todos estos cuestionamientos y sospechas se materializaron justamente en el momento en que Rosa Bartra apareció en el allanamiento del partido Fuerza Popular.

Ahora bien, desde el inicio del Gobierno, la mayoría congresal ha venido ejerciendo un control político que en varias ocasiones ha sido considerado como abusivo y hasta arbitrario. Si el uso de la potestad fiscalizadora del Congreso ha sido de tal modo gracias a la mayoría fujimorista, ¿no tendríamos razones suficientes para pensar que el rol investigador del Congreso, también controlado e influenciado por la mayoría fujimorista, podría ser usado abusiva y arbitrariamente por los miembros de dicha bancada?

Tal como indica Luis Gil, las comisiones investigadoras, desde su constitución, responden a decisión y tolerancia de la mayoría parlamentaria; y además, estas mayorías son muy cuidadosas de que las investigaciones no comprometan sus actividades o las diversas políticas que adopten. Esta afirmación cobra especial relevancia y vigencia en el contexto político actual. Como ya se dijo, el Fujimorismo ha ejercido métodos de control cuestionables. Hoy en día, con Rosa Bartra como presidenta de la Comisión Lava Jato y su presencia en el allanamiento de uno de los partidos clave en el caso, se pone en tela de juicio la imparcialidad de la congresista respecto a las investigaciones que realice y del rumbo que pueda tener esta comisión.

En resumen, resulta legítimo cuestionarse acerca de la legitimidad de las investigaciones que viene realizando la comisión Lava Jato, por lo menos en el extremo de las que se llevan a cabo contra Fuerza Popular, que es uno de los partidos más involucrados.

Como se dijo en líneas anteriores, las comisiones investigadoras representan uno de los medios más importantes de control y fiscalización parlamentaria sobre todo en temas que tengan suficiente relevancia e importancia pública como para que amerite la creación de una. El caso Lava Jato representa uno de los acontecimientos más importante de los últimos años, en el cual se ven involucrados diferentes políticos y funcionarios de toda Sudamérica. Si bien los informes finales de las comisiones investigadores no son vinculantes en los procesos judiciales, esto no significa que sea menor su relevancia para la sociedad. Su aporte para el fortalecimiento de la democracia y sociedad civil es sumamente valioso.

La conducta demostrada por la congresista Bartra desprestigian no solo a la comisión, sino también al Congreso de la República, y lo muestran como una institución ya no al servicio de la ciudadanía y representante de todos los peruanos, sino al servicio de intereses políticos y particulares que muchas veces pueden ir en contra de la justicia y el esclarecimiento de la verdad. Dentro de los objetivos de las comisiones parlamentarias, no sólo se encuentra el informar al Congreso sobre lo investigado, sino también responder a los ciudadanos, los cuales demandan transparencia e imparcialidad en los resultados para que apunten realmente al fortalecimiento de la democracia.

En conclusión, la presencia de la congresista Rosa Bartra, presidenta de la comisión Lava Jato, ponen en tela de juicio el rumbo y la legitimidad tanto de la comisión como de las investigaciones a las que esta pueda llegar. De por sí, la imagen que se venía proyectando respecto a las investigaciones generaba muchas dudas y cuestionamientos a su imparcialidad y objetividad. Bastó este último suceso para que quede demostrado que, en su conformación actual, no se puede confiar en la comisión ni en las investigaciones que vienen haciendo. Es por ello que consideramos conveniente la renuncia de Rosa María Bartra, actual presidenta de la Comisión Lava Jato, con el fin recuperar la legitimidad de las investigaciones y la confianza hacia el trabajo de la comisión.

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