Juan Carlos del Busto, asociado del área de Recursos Naturales del estudio Rodrigo, Elías y Medrano Abogados.

La selva Amazónica es considerada como el bosque tropical más extenso del mundo. Dicha región del continente está compuesta en parte por la Amazonía peruana que representa más del 60% de nuestro territorio nacional y alberga el noveno bosque más amplio del planeta (el cuarto más grande a nivel de bosques tropicales)[1]. En países como el Perú, con una vasta superficie boscosa, el desarrollo de una política de aprovechamiento sostenible de los recursos forestales constituye una tarea clave para permitir que la población pueda gozar de los beneficios socioeconómicos provenientes de la explotación sostenible de los bosques tropicales.

En esa línea, el pasado 2 de diciembre culminó en la ciudad de Lima el 53° Período de Sesiones del Consejo Internacional de las Maderas Tropicales, órgano rector de la Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT) del cual el Perú forma parte. Este evento agrupó a 73 países miembros, entre productores y consumidores -los cuales representan el 90% del comercio mundial de la madera tropical[2]– con el fin de fomentar la cooperación internacional en el desarrollo de políticas de aprovechamiento sostenible de los bosques tropicales y la comercialización de la madera extraída de manera sustentable de tales bosques.

Es innegable que la participación del Perú como miembro de la OIMT ha resultado un elemento clave para fomentar la protección de los bosques tropicales y el financiamiento de proyectos forestales durante las últimas décadas en el país. No obstante ello, si las propuestas planteadas para el desarrollo del sector no vienen acompañadas de un fortalecimiento de las instituciones que lo regulan es improbable que podamos encontrar una solución a los problemas que aquejan a nuestros bosques tropicales.

Como se sabe, muchas zonas de la Amazonía peruana vienen siendo sistemáticamente perjudicadas por el desarrollo de actividades ilícitas que causan la deforestación de los bosques tropicales, la degradación de los suelos y el comercio ilegal de recursos forestales. Lidiar con estos problemas requiere no solo de un marco normativo adecuado sino también de instituciones sólidas con competencias regladas que puedan ejercer sus funciones en el marco de las atribuciones que les fueron conferidas por ley.

En los últimos años hemos podido observar una serie de avances en relación con la regulación forestal. En efecto, el gobierno ha venido aprobando un marco normativo para el desarrollo del sector que incluye entre sus principales normas la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, el Reglamento para la Gestión Forestal, el Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales, el Reglamento del Sistema Nacional de Gestión Forestal, entre otras. Adicionalmente, el SERFOR[3] y el OSINFOR[4] también han aprobado diversos Lineamientos y Directivas de gran relevancia para el sector.

A pesar de lo anterior, en la práctica, aun vemos que ciertas autoridades administrativas vienen irrogándose competencias indebidamente en torno a la interpretación y aplicación de normas forestales, generando una situación de inseguridad jurídica que termina repercutiendo en las actividades de aprovechamiento sostenible de nuestros bosques tropicales.

En efecto, ya sea para el reconocimiento de un beneficio aduanero y/o tributario, durante la fiscalización de una exportación, para el control terrestre de un producto forestal, o para la acreditación del origen legal de productos forestales al momento de su exportación, ciertas autoridades gubernamentales han venido ejerciendo de facto competencias que legalmente debieron ser ejercidas por el SERFOR, en su calidad de autoridad nacional en materia forestal o por el OSINFOR tratándose de temas de supervisión y fiscalización de títulos habilitantes.

La situación anterior, lejos de solucionar los problemas que vienen aquejando al sector, ha entrampado el desarrollo de nuestra –por ahora- incipiente industria forestal. En efecto, la confusión en el ejercicio de los roles entre las autoridades administrativas ha colaborado en generar irregularidades, retrasos y sobrecostos, los cuales nos terminan colocando en una situación de desventaja competitiva en relación a otros países vecinos.

El claro ejemplo de un país de la región que nos lleva una amplia ventaja en cuanto al aprovechamiento sostenible de sus recursos forestales es Chile. Dicho país ha sabido sacar adelante una industria forestal formal a través de un marco regulatorio claro y con una serie de acciones orientadas a impulsar el cultivo de plantaciones. Lo anterior, sumado a un adecuado respeto a sus instituciones, sin lugar a dudas ha resultado ser una fórmula exitosa que solo en el 2016 le permitió exportar US$ 6,500 millones en productos maderables[5] a pesar de no contar con nuestra biodiversidad ni con las bondades de nuestro clima que benefician el crecimiento más rápido de los árboles en nuestros bosques tropicales

Dicho esto, el primer paso para alcanzar el desarrollo de una industria formal en el Perú que propicie el aprovechamiento sostenible y la puesta en valor de nuestros bosques tropicales pasa por fomentar el respeto a las instituciones creadas por nuestro sistema normativo. En ese sentido, es necesario que pueda plantearse una agenda de coordinación para el cumplimiento de metas concretas al interior del sector, clarificándose los roles y la participación de los actores gubernamentales en la gobernanza de los asuntos forestales. Adicionalmente, el fortalecimiento y control de las funciones de los gobiernos regionales y la dotación de fondos para el ejercicio de las funciones de ciertas autoridades claves como lo son el SERFOR y el OSINFOR también jugará un papel importante en la consolidación del sector.

La reciente iniciativa fomentada a través del Ministerio de Economía y Finanzas[6] relacionada a la instalación de las Mesas Ejecutivas Forestales para elevar la Competitividad Productiva del Perú y así eliminar los “cuellos de botella” administrativos que impiden el despegue productivo[7] del sector forestal supone un avance positivo para destrabar la industria. Se espera que a través de dicha propuesta de trabajo coordinado, las instituciones del gobierno puedan trabajar conjuntamente con el sector privado en aquellos aspectos que requieren ser reforzados para propiciar condiciones que mejoren la competitividad del sector.

En efecto, esperamos que iniciativas como las Mesas Forestales puedan servir como un espacio para identificar y reforzar las debilidades institucionales del sector a fin de que, en un futuro cercano, podamos llegar a explotar de manera sostenible el verdadero potencial de nuestros bosques tropicales.

[1] Enrique Toledo, Reforestation gains from hi-tech training (2014) http://www.theworldfolio.com/news/enrique-toledo-executive-director-of-reforesta-peru-n2478/2478/ (última revisión: 19 de noviembre de  2017).

[2] www.minagri.gob.pe

[3] Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.

[4] Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales.

[5]     http://wef.infor.cl/industria/industria.php. Última revisión: 19 de diciembre de 2017.

[6]    Las mesas de trabajo fueron instituidas en un inicio en el MINAG y luego pasaron a ser organizadas por el MEF.

[7]    https://www.mef.gob.pe/es/noticias/notas-de-prensa-y-comunicados?id=5504

 

 

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