1. Contrato de defensa para el Presidente de la República causa polémica

El 03 de enero, la Presidencia del Consejo de Ministros realizó la convocatoria a estudios jurídicos para ejercer la defensa legal del presidente de la República ante la Comisión multipartidaria que investiga los casos de corrupción de Lava Jato. El estudio al que se le adjudicó la buena pro fue a Hernandez & Cía Abogados S.C.R.L. Este será el encargado de llevar el proceso ante la Comisión que investiga a Pedro Pablo Kuczynski por las relaciones con la empresa Odebrecht cuando ostentara el cargo de Presidente del Consejo de Ministros.

El servicio que se solicita, según el punto IV del Acta de evaluación de ofertas y otorgamiento de la buena pro [1], incluye tres principales funciones. Primero, que se entregue un informe de la situación general de la investigación que se sigue ante la Comisión. Segundo, asesoría legal previa y asistencia en la declaración ante la Comisión. Finalmente, un Informe Final del término del periodo de investigación.

A partir de esto, uno de los puntos que ha generado gran controversia es quién paga los servicios de defensa legal del Presidente. La oferta inicial de la PCM y que se mantiene por los servicios que se prestarán asciende a 179, 360.00 soles. Esto incluye todos los gastos y cubre todo lo que dure el proceso de investigación al presidente de la República por parte de la Comisión.

Ahora, según las Bases de la contratación directa 2, la fuente de financiamiento de los servicios legales proviene de los recursos ordinarios; es decir, es el Estado el que pagará la defensa del presidente. Ello es así debido a la Directiva N° 284-2015-SERVIR-PE en la que se regula el acceso al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y ex servidores civiles.

En su artículo 1°, la directiva indica que cuando se solicite el defensa o asesoría de servidores o ex servidores civiles, esta se realiza con cargo a los recursos de la entidad en procesos que se inicien por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio regular de sus funciones o en el ejercicio regular de encargos. El beneficio cubre procesos de todo tipo.

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2. Pendiente reparación civil de Alberto Fujimori

El jueves pasado, Alberto Fujimori abandonó finalmente la Clínica Centenario en la que era tratado por, según sus médicos, complicaciones en su salud. El ex dictador se trasladó a una casa en el distrito de La Molina, cuyo alquiler asciende a más de cinco mil dólares. Este hecho trajo nuevamente a debate cómo es que Fujimori podía financiar su estadía en el lugar y no pagar al Estado las reparaciones civiles correspondientes a los casos por los que fue sentenciado.

Si bien el presidente de la República le otorgó a Alberto Fujimori el derecho de gracia y el indulto humanitario, ello no cancela las deudas que este tiene con el Estado peruano y; por lo tanto, aún se encuentra en la obligación de pago.

En total, Alberto Fujimori mantiene actualmente una deuda con el Estado que asciende a S/51’689.282,84. Si bien en un inicio la Corte Suprema, en la sentencia a Alberto Fujimori indica que la reparación civil correspondía a S/27’460.216, luego de varios años sin cancelar ni un solo sol, la deuda ha llegado casi a duplicar su monto inicial. 

Es necesario recordar el papel de la reparación civil especialmente en procesos penales, que si bien no es motivo de privación de la libertad, radica su importancia en una manera de resarcir el daño causado. Es por ello que es importante que de manera constante la procuraduría de la República insista en el cobro de la deuda; ya que, si esto no se realiza de manera constante, se corre el riesgo de que pueda prescribir el pago de esta. Según el artículo 1996° Código Civil se interrumpe la prescripción por cualquier acto mediante el cual se notifique al deudor.

Además, tal como lo ha indicado el procurador Enco, la deuda que tiene Alberto Fujimori tampoco se cancela con su muerte, ya que esta pasa a ser una deber de pago de sus hijos al heredar estos no sólo los derechos de su padre, sino también sus obligaciones.

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3. Protesta por reelección en Honduras

Nuevamente miles de hondureños salieron a las calles a marchar por irregularidades en el último proceso electoral. En los comicios que se llevaron a cabo en noviembre del año pasado participaron el candidato en reelección Juan Orlando Hernández y Salvador Nasralla.

La más importante crítica que se realizó fue al conteo de votos, ya que en las primeras horas posteriores a los comicios y estando a un 60% del conteo, el Tribunal Supremo Electoral, máxima entidad electoral de Honduras, deba como ganador de las elecciones presidenciales a Salvador Nasralla; sin embargo, luego de un día de paralizado el conteo e inhabilitada la página de TSE, Hernández figuraba como ganador por menos de 1% de diferencia de votos.

La Misión de Observación Electoral de la OEA ha manifestado, mediante un informe, que no se puede establecer si es que existió dolo en el proceso de conteo de votos, pero que sí existió una baja garantía de seguridad para garantizar a la ciudadanía la veracidad de los resultados. Es por esto último que manifiesta que no existe certeza sobre los resultados de los comicios presidenciales hondureños y recomienda que se vuelvan a llevar a cabo. Es necesario, para el oficial reconocimiento de este informe, que lo suscriban los países miembros de la Organización.

Hasta el momento, el presidente de Honduras ha indicado que su nuevo periódo en el gobierno no es ilegal y ha llamado al diálogo con los sectores opositores.

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