“Con todo respeto a las víctimas [de Barrios Altos y La Cantuta], de verdad empecemos de nuevo a mirarnos como una República que tiene la posibilidad de conversar unos con otros, hay que seguir los ejemplos buenos que hay en otras naciones; con todo el dolor, porque los entiendo en su dolor, y con todo respeto [a las víctimas], hay que comenzar a conversar, a recuperarnos y a olvidar”. (Mercedes Araóz, segunda vicepresidenta de la República)

En las últimas semanas, el actual gobierno ha hecho parecer que tiene, como una de sus metas principales para este año, avanzar en el camino de la reconciliación. De hecho, hace unos días el gobierno llamó al 2018 como el Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional. Este supuesto objetivo comenzó con el indulto al ex dictador Alberto Fujimori. Sin embargo, ¿es este un paso idóneo y certero para conseguir una reconciliación en el país? o, en todo caso, ¿cómo debería ser un verdadero proceso de reconciliación? En el siguiente editorial, se desarrollarán este y otros puntos desde la perspectiva de la justicia transicional[1].

Para empezar, ¿qué es la Justicia Transicional?

“La justicia transicional se entiende como el esfuerzo por construir paz sostenible tras un período de conflicto, violencia masiva o violación sistemática de los derechos humanos. El objetivo de la justicia transicional implica llevar a juicio a los perpetradores, revelar la verdad acerca de crímenes pasados, brindar reparaciones a las víctimas, reformar las instituciones abusivas y promover la reconciliación. Lo anterior exige un conjunto incluyente de estrategias diseñadas para enfrentar el pasado, así como para mirar hacia el futuro con el fin de evitar la recurrencia del conflicto y las violaciones.” (Paul van Zyl)[2]

Así, la justicia transicional tiene ciertos pilares u objetivos principales, los cuales son necesarios alcanzar para poder hablar de una verdadera reconciliación. A continuación, desarrollaremos tres de estos pilares, justicia, verdad y reparación, los cuales nos parecen los más importantes en nuestro contexto actual.

La Justicia: Es innegable que para que se llegue a una verdadera reconciliación es necesario buscar la justicia. Esta consiste no solo en enjuiciar a los perpetradores y violadores de los derechos humanos, sino también en procurar un verdadero proceso de justicia hacia las víctimas; demostrar que tienen protección y amparo frente a hechos cometidos en el pasado.

Es necesario reparar en que, si bien habrá un proceso de enjuiciamiento, este no será total; es decir, no abarcará a todas las víctimas por tratarse de masivas violaciones de derechos humanos. Entonces, se hace necesario que el gobierno deba promover el sentimiento de justicia desde otras áreas y no solo en los tribunales; con el objetivo de procurar una justicia más real y de alguna forma más perceptible para todos los ciudadanos.

La Verdad: en este aspecto, es vital que exista un sinceramiento tanto por parte de los perpetradores de los delitos como de las víctimas del conflicto. Solo de este modo se establecerá una verdad oficial. La cual ayudará, en primer lugar, a seguir los procesos de justicia y más adelante un proceso de reparación hacia las víctimas, y en segundo lugar, a identificar los organismos o instituciones dañinas que aún pueden estar perdurando.

Otro punto importante de establecer una verdad oficial consiste en brindar una historia para las futuras generaciones. El llegar a la verdad, y posteriormente, el conocer y difundir nuestra historia es fundamental para aleccionar a las nuevas generaciones a que opongan resistencia a contextos que podrían ser igual a lo ocurrido en los 90´s. Contrario a lo que parecen concebir nuestras actuales autoridades, un verdadero proceso de reconciliació no pasa por el olvido de las situaciones dolorosas, sino más bien por su reconocimiento y prevención.

En nuestro contexto cobra especial relevancia aquella frase del saber popular que dice que: “El pueblo que ignora su historia está condenado a repetirla”.

La Reparación: En cuanto a esto, es obligación de los Estados el brindar reparaciones a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. Esta reparación puede asumir diferentes formas entre las cuales se hallan la ayuda material (v.g. pagos compensatorios, pensiones, bolsas de estudios y becas), asistencia psicológica (v.g. consejería para manejo del trauma) y medidas simbólicas (v.g. monumentos, memoriales y días de conmemoración nacionales). Con frecuencia, la formulación de una política integral de reparaciones es un tanto compleja, desde el punto de vista técnico, como delicada, desde la perspectiva política.[3]

Los gobiernos anteriores concretaron el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). La CVR toma como “reconciliación” el proceso de restablecimiento de los vínculos entre ciudadanos peruanos, los cuales fueron socavados durante el estallido del conflicto violento iniciado por el PCP Sendero Luminoso.

Sin embargo, no se trata solo del reestablecimiento de vínculos; sino que, como ya se desarrolló en párrafos anteriores, debemos seguir los pilares adecuados para concretar a una verdadera reconciliación. Asimismo, debemos concebir y concretar la justicia en todas sus dimensiones:

a. En el nivel político, es una reconciliación entre el Estado incluyendo a las Fuerzas Armadas y la sociedad, y lo es también entre los partidos políticos, la sociedad y el Estado;

b. En el nivel social, es una reconciliación de las instituciones y los espacios públicos de la sociedad civil con la sociedad entera, de modo especial con los grupos étnicos secularmente postergados

c. En el nivel interpersonal, es una reconciliación entre los miembros de comunidades o instituciones que se vieron enfrentados a causa de la violencia generalizada. Es de esperar que este proceso de reconciliación halle un reflejo en la educación, en la familia, en los medios de comunicación y en la propia vida cotidiana de todos los peruanos.”

Regresando a la cuestión inicial. ¿Está el Perú en el camino hacia verdadera reconciliación nacional, tal como lo propone el actual gobierno? La respuesta es que no. Es cierto que el tema de la reconciliación ha saltado al plano político a raíz de los últimos sucesos ocurridos en el país; sin embargo, desde antes del indulto los gobiernos tampoco estaban realizando una buena labor en materia de reconciliación. En este contexto, el otorgamiento del indulto humanitario a Alberto Fujimori, símbolo de injusticia y poca empatía hacia miles de víctimas, no ha hecho más que agravar la situación. La reconciliación solo ha sido una excusa por parte del gobierno para otorgar un indulto sin la existencia de políticas sostenibles, sin un reconocimiento de la parte perpetradora que se ha visto beneficiada y en un contexto político crítico e inestable.

Este proceso de “reconciliación” planteado por el actual gobierno, no es más que un intento desesperado por disfrazar lo que a finales del 2017 ha destruido: la memoria de la violencia que se vivió en los años 90, tanto de parte del grupo terrorista como del propio Estado. Como diría Vallejo, “¡hermanos!, hay tanto que hacer”. Lo que ahora hemos hecho ha sido más bien un retroceso. Asimismo, el indulto y el derecho de gracia otorgado al ex presidente y dictador Alberto Fujimori, no ha sido más que un retroceso a la reconciliación del país y un “pisoteo” a la justicia que tantas familias buscan hasta la actualidad.


[1] http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2012/12/Manual-Justicia-Transicional-espa%C3%B1ol-versi%C3%B3n-final-al-21-05-12-5-1.pdf

[2] http://www.corteidh.or.cr/tablas/r29755.pdf

[3] https://www.ictj.org/es/publication/disculpas-forma-reparacion

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