Por: Oscar Benavides, socio del área de Recursos Naturales y Medio Ambiente del estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados.

Luego de haber sido anunciado a inicios del año pasado como una de las potentes herramientas que el gobierno pretendía emplear para reactivar la inversión minera y, en particular, promover la exploración, recién el 22 de diciembre pasado se publicó el nuevo “Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera”, a través de la expedición del decreto supremo No. 042-2017-EM.

Entendemos que este reglamento es el resultado de meses de “negociación” entre distintas instancias y sectores del gobierno, lo cual puede explicar los múltiples anuncios que se dieron a lo largo del 2017 en relación con su inminente expedición y la demora en su aprobación. Esto último debería llevarnos a reflexionar acerca de lo inconveniente que resulta para la credibilidad de las autoridades y del país como destino de inversión, que se anuncien prematuramente medidas legislativas y se comprometan plazos que no se cumplen. Soy testigo de cómo inversionistas aplazaron o modificaron sus decisiones de inversión en el Perú debido a las expectativas generadas por estos anuncios.

Si bien esta norma todavía no está vigente  -pues, para que ello ocurra, deben aprobarse aún dos herramientas técnicas que son indispensables para su implementación, las cuales esperamos tengan un proceso menos complejo que el que precedió al reglamento bajo comentario-, ella trae aspectos positivos y otros que generan controversia.

Se ha mantenido la categorización general que ha existido durante muchos años para los proyectos de exploración en función a sus posibles impactos ambientales, la cual supone que los proyectos de menor impacto requieran de la aprobación de una certificación ambiental menos rigurosa y de procedimientos menos engorrosos. Sin embargo, ahora los proyectos de mayor impacto quedarán limitados a no más de 700 plataformas de perforación (anteriormente dicho límite no existía), de lo cual se desprende que, en adelante, los proyectos de exploración de una envergadura mayor necesitarían el cierre (al menos parcial) del proyecto o de un Estudio de Impacto Ambiental detallado, que, como sabemos, es el instrumento de gestión ambiental de mayor complejidad previsto por la ley peruana.

Otro aspecto positivo de la norma tiene que ver con la adopción de criterios más racionales (y coherentes con la dinámica de la exploración minera) para saber cuándo y cómo deben aprobarse administrativamente las modificaciones que los titulares de proyectos de exploración introduzcan a éstos luego de haber logrado su aprobación. Bajo la norma anterior, esencialmente cualquier modificación debía pasar por un procedimiento administrativo de aprobación previa, lo cual significaba que, en la práctica, muchos proyectos se paralizaran hasta que tal aprobación se obtuviera. Hoy, la perspectiva es más favorable para la modificación de proyectos pues, en ciertos supuestos de menor impacto ambiental y siempre que no se exceda de la huella original del proyecto, bastará comunicar las modificaciones a las autoridades. No obstante, es discutible que estos mejores criterios no apliquen a los proyectos de exploración aprobados antes de la vigencia del nuevo reglamento, los cuales continuarán sujetos a las normas anteriores.

¿Qué otro asunto puede verse como un retroceso o resultar controversial? Primero, que se cree un nuevo instrumento de gestión ambiental, la denominada “Ficha Técnica Ambiental” o “FTA”, a pesar de ya contar en nuestra legislación ambiental con un significativo número de instrumentos de ese tipo. Aquí cabe preguntarse si no debería buscarse cohesionar -y quizá simplificar- la legislación ambiental, profusamente extendida durante el anterior gobierno, y hacerla de más fácil entendimiento y aplicación general.

Segundo, los proyectos de exploración minera que, entre otras características, contemplen la construcción de menos de 20 plataformas de perforación y menos de 10 hectáreas de área disturbada, ahora requieren pasar por un procedimiento de aprobación administrativa previa (vía la presentación del FTA) que antes no existía. Bajo el reglamento anterior, la certificación ambiental correspondiente a esa clase de proyectos era aprobada automáticamente, salvo ciertos casos excepcionales. Queda claro, pues, que la visión del gobierno en esta materia ha cambiado y ahora se considera que no existe proyecto de exploración minera, incluso si su impacto ambiental es poco significativo, que no requiera seguir un procedimiento administrativo previo. Aquí debiera reflexionarse acerca de la predictibilidad de las políticas públicas y la atención que deberíamos todos (Estado, inversionistas, comunidades, etc.) prestar a los cambios a dichas políticas.

Tercero, los proyectos ubicados en una misma zona que sean de titularidad de empresas vinculadas, se considerarán como un solo proyecto a efectos de determinar qué instrumento ambiental les corresponde. ¿Es adecuado agrupar y, como consecuencia de ello, sujetar a los mismos estándares en materia ambiental a proyectos que podrían ser de muy diversa envergadura o naturaleza?

Finalmente, el nuevo reglamento trae consigo un elemento perturbador. Se concede explícitamente a la OEFA la facultad la de suspender o hasta revocar los “títulos habilitantes” (se entendería que otorgados a los titulares de los proyectos de exploración), cuando éstos no tengan todas las autorizaciones que correspondan. Más allá de las cuestiones que surgen sobre la legalidad de que esta facultad sea reconocida al OEFA a través de un decreto supremo, ¿esto quiere decir que el OEFA podrá o pretenderá revocar concesiones mineras, lo cual nunca ha ocurrido? Esperemos que no.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here