Desde el martes, agricultores de varias regiones de la sierra de nuestro país se encuentran en paro, ya que los productores de papa de dichas regiones vienen reclamando el bajo precio al que es vendido el kilo de este tubérculo (s/ 0.20) y señalan como principal responsable a la importación de papa precocida desde Holanda y Bélgica. Esto ha causado sorpresa a un sector de la ciudadanía, pues muchos no tenían conocimiento de que los supermercados, cadenas de restaurantes, grupos de comercio, entre otros, importaban papa de otros países.

Para entender la relevancia del tema, es necesario entender a la papa como un producto originario de nuestro país cuyo valor cultural y alimenticio ha sido reconocido por el Estado y organizaciones particulares. Sin embargo, no se han establecido políticas para promover su consumo y preferencia en las grandes empresas.

En el siguiente editorial, analizaremos la situación de la producción y precio de la papa peruana, y la influencia que la importación de este producto ha tenido en el desarrollo de la actual crisis agraria. Todo esto desde la perspectiva del rol económico del Estado, sus deficiencias, y el modelo económico que rige al país.

Nuestra constitución tiene como modelo económico la economía social de mercado. En este modelo, el Estado debe garantizar la satisfacción del bien común a través de la competencia de los actores económicos. Así, existen principios rectores del orden económico que buscan proteger los intereses de cada parte que conforma este sistema. En esa línea, se prioriza el desarrollo de una libre competencia enmarcada en un contexto de respeto a los derechos fundamentales de las personas y la satisfacción del bien común.

Es evidente que el sector agrícola no se encuentra satisfecho por los bajos precios de sus productos, especialmente la papa. Es por ello que se hace necesaria la intervención del Estado en este sector, más aun cuando el artículo 88 de la Constitución establece que el Estado debe apoyar preferentemente el sector agrario. Si bien en el 2016 se aprobó la Política Nacional Agraria mediante el Decreto Supremo N° 002-20016, esta no solo puede quedar en el plano teórico, sino que debe ser trasladada a la práctica conjunto a los agricultores.

De esa manera, se requiere una actuación positiva de la Administración Pública, lo cual implica buscar distintas formas de fortalecer la agricultura en el país. Frente a esto, surge la interrogante de cómo es que debe intervenir el Estado y qué medidas podría tomar para contrarrestar la crisis existente y prevenir futuros conflictos.

Teniendo como base a la libre competencia, consideramos que el Estado debe interceder corrigiendo las externalidades o fallas del mercado. Por ejemplo, debería informar a los productores de papa sobre la situación económica de este sector en aras de evitar una posible sobreproducción y así impedir un exceso de oferta; hecho que es una de las principales causas del bajo precio de la papa. El Estado puede, y debe, orientar y colaborar con los agricultores sobre los diversos productos que pueden ser sembrados.

Asimismo, el Estado también debería promover de forma activa el consumo de productos  nacionales como la papa. Esto se puede hacer a través de distintos espacios como ferias, concursos, difusión de las bondades de este alimento entre otras medidas que el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) debe emprender como ente rector en materia agraria.

De igual manera, si bien la importación de papa precocida influye en el bajo precio de la papa peruana, no podríamos limitarla en tanto el consumidor peruano la siga demandando. Como señalamos, el sector agrario nacional aún no cuenta con la tecnología suficiente para la producción este tipo de papa y por ello requerimos aún la mínima importación de esta variedad de papa. Si el productor fuese capaz de ofertar este tipo de papa en el mercado peruano, recién allí podríamos analizar si es conveniente una intervención del Estado respecto a la importación extranjera, con el fin de proteger el interés general de los productores peruanos de los términos dispares del mercado extranjero. Respecto a este último punto en concreto, ¿cómo podría el Estado mejorar la productividad? Contribuyendo con generar una industria peruana productora de papa precocida e implementar una planta de procesamiento. Para ello deberá, en primer lugar, guiar e incentivar a un sector de agricultores peruanos para que se adapten a este proceso de industrialización. De ello se generará un mercado adecuado en el que compita la producción peruana de papa, a un precio justo que satisfaga los intereses de los productores como de los consumidores.

Por otro lado, según el artículo 63 de la constitución política del Perúsi otro país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa de éste, adoptar medidas análogas”. Dada la situación actual, este tipo de medidas pueden ser adoptadas por el Estado si se comprobara el supuesto establecido en nuestra Constitución.

De hecho, existe ya un mercado en el cual se imponen derechos antidumping. Nos referimos concretamente a las limitaciones que se ponen a la exportación de calzados chinos. El antidumping, tal y como señala el empresario internacional Jorge Mora, es una medida proteccionista que toma un país para proteger la producción local de un producto o de un sector determinado frente a las importaciones del mismo producto de terceros países donde el coste de producir es inferior al coste de fabricación de dicho producto en el país. Esto puede ser tomado como medida provisoria en un inicio, y de comprobarse su efectividad, puede ser impuesta por un periodo de tiempo hasta que se pueda aumentar la competitividad del productor nacional. En el caso de los calzados chinos, se ha impuesto una medida antidumping por 5 años.

En conclusión, los problemas que viene enfrentando la agricultura en el país no son actuales, sino que se han ido acrecentando a través del tiempo. Por ello, es necesario que se implementen políticas públicas desde el MINAGRI que permitan consolidar planes de acción en el sector agrario y contribuir con su desarrollo tal como lo prescribe la Constitución. Esto no solo permitiría mejorar la calidad de vida de los agricultores sino también contribuir con la construcción de una economía peruana que no solo dependa de productos importados por parte de las grandes potencias.

El Estado es aquel ente que debe garantizar el desarrollo económico de nuestro país y proteger la industria nacional cuando esta es amenazada. La intervención del Estado no debe ser rechazada cuando sea necesaria y razonable, en primer lugar, debido a que el mercado puede presentar fallas que perjudican a sectores nacionales; en segundo lugar, porque sí existe una base normativa suficiente que le permite al Estado intervenir en ciertos sectores y ante ciertas circunstancias. Todas las medidas mencionadas son respaldadas por la Constitución, por lo cual constituyen deberes de todos y principalmente del Estado, el cual debe cuidar y proteger el sector y la producción nacional.

 

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