El día de ayer culminó, con una multitudinaria misa y luego de haber estado en varias partes del país, como Trujillo y Puerto Maldonado, la visita del Papa Francisco al Perú. Sin embargo, tanto su visita como la forma en la que el gobierno reaccionó a esta no estuvieron exentas de críticas. Una de las mayores objeciones se centró en el monto invertido; el gobierno desembolsó aproximadamente 37 millones de soles ($ 11.4 millones) en la llegada del sumo pontífice. Esta situación, junto con diversas actitudes tanto del gobierno central como de los gobiernos locales, pusieron en tela de juicio si la actitud del gobierno, especialmente del Poder Ejecutivo, estuvieron acorde con los principios eclesiásticos que rigen el Estado peruano según nuestra Constitución Política.

En el presente editorial analizaremos, en primer lugar, si existe una discordancia entre la actuación del Ejecutivo y el principio de laicidad del Estado, y en segundo lugar, diversas alternativas para que el gobierno pudo adoptar para no verse obligado a gastar tanto dinero en la llegada del representante de una religión en particular.

Según nuestra Constitución, ¿cuál es la relación entre el Estado y la religión? La norma suprema presenta principios fundamentales que rigen ese aspecto tales como la libertad religiosa, laicidad y colaboración. Estos principios deben orientar la labor de los actores estatales en los diferentes poderes y niveles, y deben ser entendidos y actuados mediante las distintas maneras de interpretación constitucional para así procurar el balance entre ellos y que ningún principio o derecho se contravenga o transgreda.

La libertad religiosa, como la gran mayoría de los derechos, tiene tanto un ámbito interno como externo. Por un lado, se trata de la potestad de cada ciudadano de ejercer sus creencias religiosas de acuerdo con lo que manda su fuero interno. Por el otro lado, se trata de una obligación del Estado de respetar las creencias religiosas de los ciudadanos y protegerlas de intromisiones injustificadas. A su vez, este último punto se relaciona con la laicidad del Estado.

El artículo 50 de la Constitución establece que entre el Estado y la Iglesia debe existir un régimen de independencia y autonomía. La palabra clave para entender lo establecido por la Constitución es la neutralidad. Se trata de reconocer al Estado sin una religión oficial, y más bien, neutral ante las creencias religiosas de sus ciudadanos. Es cierto que la Constitución reconoce expresamente la importancia de la iglesia católica en la formación cultural de la Nación; sin embargo, consideramos que esta mención no tiene efectos suficientes para romper el principio de laicidad. De esa manera, la presencia de la Iglesia Católica no debe ser motivo para contravenir el principio de laicidad del Estado, sino de reconocer su presencia en la historia y sociedad de este. Por tanto, la relación que debe regir entre el Estado y la religión es una relación de autonomía e independencia; una relación neutral, en la cual el Estado no reconozca de forma directa ni indirecta, expresa ni solapada, a ninguna religión como la religión oficial, sino que respete de manera igualitaria la diversidad de credos que pueda existir entre sus ciudadanos.

Lamentablemente, la actuación del gobierno con ocasión de la llegada del Papa ha sido contraria a los principios establecidos por la Constitución. Para comenzar, las declaraciones de las autoridades han expresado una inclinación hacia la creencia católica. Es cierto que cada autoridad, como persona, tiene creencias propias en cuanto a la religión; no obstante, hay que ser más cuidadoso y neutral al momento de ejercer la función pública. Manifestaciones como las del alcalde del distrito Surco, así como las que expresó la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz: “La venida del papa será una fiesta para los peruanos creyentes y no creyentes”, y, además, recalcando que el mensaje del Papa nos llevaría hacia una mirada al futuro y de unión de los peruanos, demuestran un favorecimiento manifiesto por la religión católica de parte de una autoridad que debería tratar de expresarse y comportarse de la forma más neutral y representativa posible.

El gasto asumido por el Estado fue sin duda uno de los puntos más polémicos en estos días. Según fuentes del Mincetur, la llegada del Papa podría traer una ganancia de hasta $ 800 millones a la economía nacional. Si bien representa una inversión que traerá beneficios económicos para nuestro país, las actuaciones del Estado puedieron relacionarse de forma más armónica con el principio de laicidad Lo cierto es que nuestro país no es el único que ha sido visitado por el Papa. En países como Colombia, México o Chile se adoptaron medidas para que el gasto no sea completamente asumido por el Estado, sino que sea un gasto mixto. En el caso de Chile, se realizaron campañas creativas, como aquella llamada “Santo padre, yo te invito”, en la cual se buscaba que los feligreses y creyentes aportaran con una cierta cantidad y se pueda llegar a un fondo común. Todo ello con el objetivo de que el gasto sea compartido entre el Estado y la Sociedad Civil. Otro ejemplo bastante ilustrativo fue el caso de Colombia, en el cual incluso empresas privadas como los súper mercados dieron aportes muy importantes para financiar la llegada del Papa al país.

Sin duda alguna, la llegada del sumo pontífice es un acontecimiento muy importante para muchos peruanos, lo cual queda demostrado por la gran concurrencia de gente en las celebraciones realizadas. Sin embargo, consideramos que la forma en cómo el gobierno, a través de diversas autoridades, ha reaccionado ante este acontecimiento, ha vulnerado los principios constitucionales de laicidad y libertad religiosa. Por otro lado, que el gasto realizado ha sido excesivo e injustificado, además de haber sido puesta en duda la supuesta retribución económica que recibirá el Estado.

Si bien es evidente la presencia de la Iglesia Católica en nuestro país, somos un Estado democrático que debe respetar los principios establecidos en la Constitución. En materia religiosa, el principio que rige es el de la laicidad del Estado, el cual se ha visto vulnerado con diversos acontecimientos durante la llegada del papa. Finalmente, con respecto al gasto, existen alternativas y experiencias internacionales que debieron ser consideradas con el fin de realizar un uso más representativo y neutral del presupuesto nacional, y a la vez más acorde con un modelo constitucional como el nuestro.

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