1.- MALI rechaza las acusaciones de apología al terrorismo en 34 obras de arte.

El 24 de enero el diario Correo dio a conocer que 34 obras de arte del Museo de Arte de Lima (MALI) se encontraban retenidas por el Ministerio Público y la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) debido a una investigación sobre apología al terrorismo. Frente a esto, el MALI descartó esta aseveración, pero manifestó que las obras estaban en investigación y, no serían expuestas hasta que estas culminaran.

Estas 34 obras de arte fueron donadas desde Estados Unidos por la organización sin fines de lucro CON/VIDA – Popular Arts of the Americas. Estas obras son 31 pinturas, 2 textiles y un retablo, los cuales relatan la violencia que sufrió el pueblo ayacuchano de Sarhua a manos de Sendero Luminoso. Entonces, ¿en qué se basan para señalar que se configura el delito de apología al terrorismo? Las autoridades lo sustentan con la presencia de símbolos como la hoz y el martillo del grupo subversivo, y los colores característicos del mismo.

Ahora, en la sentencia elaborada por el Tribunal Constitucional sobre caso Marcelo Tineo Silva y más de 5.000 ciudadanos, se establecieron los supuestos sobre apología al terrorismo, los cuales son los siguientes:
Que la exaltación se refiera a un acto terrorista ya realizado;
Que cuando la apología se refiera a la persona que haya cometido el delito, esta debe tener la condición de condenada por sentencia firme;
Que el medio utilizado por el apologista sea capaz de lograr la publicidad exigida por el tipo penal, es decir, que debe tratarse de una vía idónea para propalar el elogio a un número indeterminado de personas; y,
Que la exaltación afecte las reglas democráticas de pluralidad, tolerancia y búsqueda de consenso.

En las obras de arte investigadas se denuncia la violencia terrorista que sufrió el pueblo ayacuchano de Sarhua a manos de Sendero Luminoso, por lo que no constituyen las bases de los supuestos sobre exaltación o elogio a un hecho o persona.

Cabe destacar que las investigaciones se iniciaron en octubre del año pasado por la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial, mediante la carpeta fiscal N° 30-27-1ra. FPS-MP-FN. En esa mismo mes, fueron inmovilizadas por la aduana del Callao.

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2. Destituyen al procurador Amado Enco del caso Pativilca

El miércoles 24 de enero el procurador Amado Enco solicitó a la Sala Penal Nacional la inaplicación del derecho de gracia presidencial concedido a Alberto Fujimori por el caso Pativilca. Esta inaplicación la sustentó en la incompatibilidad constitucional, ya que no han transcurrido más de 24 meses del proceso como lo solicita la Constitución y cuestionó además la motivación para que Fujimori no afronte su proceso por el caso en libertad.

Tal y como lo señala en su artículo 118, numeral 21, las gracias presidenciales se ejercen ” en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria”. Esto no se ha cumplido para el caso Pativilca, ya que la autorización de la Corte Suprema de Chile para la extradición en este caso se dio en febrero del año pasado.

Un día después de estos hechos, el procurador fue destituido y lo reemplazó el abogado César Augusto Romero Valdez. Asimismo, el pasado viernes el Colegiado B de la Sala Penal Nacional dejó al voto las solicitudes de inaplicación de la gracia presidencial cuyos resultados serán conocidos en 15 días hábiles, prorrogables por 15 días más.

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3. Intercorp, dueño de Inkafarma, compró a las cadenas Mifarma, Fasa y BTL

InRetail Peru Corp (“InRetail”), dueño de InkaFarma, aquirió Quicorp S.A. por US$ 583 millones, esta última es dueña de las cadenas de farmacias Mifarma, Fasa y BTL. De esta manera, Inkafarma pasa a tener aproximadamente el 83% de producción en el mercado de cadena farmacéuticas, según el diario La República; mientras que Semana Económica señala que tienen presencia de un 95% en la misma industria.

Esta situación es preocupante, ya que el año pasado fueron sancionados por Indecopi por concertar precios y armar un cártel para subir el monto de al menos 36 medicamentos. Más preocupante aún es saber que en nuestro país no existe una ley de concentraciones y fusiones por lo que las conductas en las que posiblemente incurrirían en perjuicio de la salud de los peruanos no están sancionadas.

Cabe destacar que actualmente en el Congreso existe un anteproyecto de ley propuesto por Jorge del Castillo que pretende regular las fusiones y adquisiciones en nuestro país.

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