Hace unos días, el grupo Intercorp, a través de su empresa InRetail, notificó la adquisición de la totalidad de acciones de Quicorp SA (Química Suiza) por el precio de 583 millones de dólares americanos. Con esta compra, Intercorp, que era dueño de InkaFarma, ahora es dueño de las otras cadenas de farmacias como Arcángel, Mifarma, BTL y Fasa. De esta manera, cuentan con aproximadamente el 83% de participación en el mercado de cadenas de farmacias. 

Esto quiere decir que a través de esta operación se ha formado una posición dominante en el mercado farmacéutico. Los riesgos de este fenómeno son varios y sus consecuencias podrían ser nefastas, más aún si consideramos los precedentes de estas cadenas.

En el año 2016, Indecopi sancionó a InkaFarma, Mifarma, Arcángel, Fasa y Notfarma, cuatro de ellas ahora fusionadas, por haber formado cárteles y, con ello, concertado el incremento de precios de 36 medicamentos, 21 de los cuales solo se vendían con receta médica. De esta manera, redujeron el universo de adquisición de estos medicamentos, y las personas se vieron obligadas a adquirirlos en estas a los mismos precios elevados. Con esta nueva operación, en caso decidan una vez más elevar sus precios y reducir las posibilidades de adquisición a los clientes, ya no podrían ser sancionados por concertación de precios, debido a que ahora pertenecen al mismo dueño.

Para entender mejor esta situación, es importante recordar que uno de los principios rectores de nuestro modelo económico constitucional es el de la libre competencia. Según este principio, los ofertantes y demandantes de bienes y servicios deben competir en igualdad de condiciones y sin prácticas ilícitas. Según el artículo 61 de la Constitución, la competencia debe ser protegida por el Estado. No obstante, nuestra Constitución, que tiene como modelo económico el de la economía social de mercado, no  prohíbe los monopolios o posiciones dominantes. Lo único que limita nuestro texto constitucional es el abuso de monopolios o posiciones dominantes. Así, en nuestra legislación no existe ley alguna que evite la formación de monopolios o posiciones dominantes a través de fusiones y adquisiciones -solo está prohibido el acaparamiento y monopolio del espectro radial-.

Por un lado, los representantes de InRetail han señalado que esta compra no generará una concentración en el mercado, pues en total ahora poseen 2043 farmacias de las 11000 que hay en nuestro país, representando únicamente un 18%. Respecto al volumen de ventas, indicaron que ocupan el 34% de participaciones en el mercado, el 66% restante le pertenece a farmacias independientes, clínicas y hospitales. Sin embargo, estos datos presentados por InRetail, han sido refutados por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), ya que en los últimos años el número de farmacias independientes se ha ido reduciendo. Así, el año 2009, el 60% de de las ventas de medicamentos se realizaban a las cadenas de farmacias, lo restante a las farmacias independientes.

¿Qué problemas podrían derivar de esta posición de dominio? El principal riesgo es que se podría formar un monopolio. Javier Llamoza, Decano del colegio químico farmaceútico de Lima, expresó para La República que las cadenas de farmacias son las que adquieren medicamentos al por mayor, las farmacias independientes solo adquieren medicamentos suficientes para abastecer sus tiendas. Si las cadenas de farmacia quisieran, señala Llamoza, podrían desaparecer a las farmacias independientes. Tal como hemos señalado líneas atrás, los monopolios no están prohibidos en nuestro país, solo se encuentra proscrito el abuso de este.

Otro problema, como señaló Jorge Távara, profesor de Economía en la PUCP, es que se podría generar una colusión vertical entre laboratorios y esta cadena de farmacia.  Afirma el especialista que ambos podrían concertar en ofrecer únicamente los medicamentos caros de los laboratorios, y ya no estos productos en sus versiones genéricas, que son más baratas. Todas estas consecuencias terminarían en un evidente perjuicio hacia los consumidores, y aún más considerando la importancia de un tema como la salud.

A raíz de estos suceso, se ha hablado de la necesidad de regular el control de fusiones en el Perú. Esta regulación existe en más de 90 países a nivel mundial, incluso en países de la región como Chile, Argentina, Brasil, entre otros. En opinión de Hebert Tassano Velahochaga, ex presidente del Instituto de Defensa del Consumidor y Propiedad Intelectual (Indecopi), la creación de una ley de control de fusiones beneficia a la competencia en el mercado y al consumidor sin generar perjuicios para las empresas.

Por otro lado, en opinión de Tania Zuñiga, abogada especialista en temas de fusiones y adquisiciones, “esta regulación es en gran medida de naturaleza preventiva y un instrumento complementario al control de conductas. […] No es una amenaza a las inversiones o impide el crecimiento estratégico de las empresas, sino evalúa ciertas operaciones riesgosas para la economía y la libre competencia, que un umbral legal razonable determinará según las necesidades de nuestra economía.”[1] ¿Es posible que se pueda regular las fusiones en nuestro país? Según la misma abogada, el Perú estaría obligado a adoptar esta serie de medidas al haber firmado el Acuerdo Comercial entre Perú, Colombia y la Unión Europea. Este acuerdo, en su Artículo 259, numeral 2, establece que “Las Partes acuerdan que las siguientes prácticas son incompatibles con el presente Acuerdo en la medida que dichas prácticas puedan afectar el comercio y la inversión entre las Partes: (…) (c) concentraciones de empresas, que obstaculice significativamente la competencia efectiva, en particular como resultado de la creación o fortalecimiento de una posición dominante de conformidad con lo dispuesto en sus respectivas leyes de competencia.”

A partir de todo lo expuesto, creemos que es necesaria una legislación de fusiones para proteger la libre competencia en nuestro país y así evitar posibles abusos de los grupos dominantes, lo cual terminaría perjudicando principalmente a los consumidores peruanos. En el presente caso, se trata de un grupo importante como las cadenas de farmacias, quienes proveen la parte mayoritaria de medicinas a la ciudadanía. Si consideramos su relevancia, acogida y estrategia publicitaria, así como la reducción de las pequeñas farmacias independientes, encontramos en desventaja a estas últimas. Ya tuvimos una experiencia previa cuando estos grupos concertaron precios. Con ello la ciudadanía no tuvo otra opción que comprar medicinas con precios elevados. Sin embargo, ahora existe un riesgo mayor.

 


[1] https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/debate-debe-impulsar-control-fusiones-232233

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