César Landa, ex Presidente del Tribunal Constitucional del Perú y profesor de Derecho Constitucional de la PUCP.

Desde el año 2000, después del gobierno autocrático de Fujimori, la economía peruana crece constantemente, reduciéndose la pobreza, aunque no la desigualdad. Junto a ello, se ha puesto en evidencia la debilidad de las instituciones políticas y judiciales, debido a la crisis de la representación política, con momentos excepcionales de control y balance de poderes.

Ello se enmarca en un modelo presidencialista atenuado por instituciones parlamentaristas, que históricamente ha generado una hipertrofia de poder en el presidente de la República y otras en el Congreso. De modo que, los caudillos han corporeizado la política haciendo que esta repose en sus líderes antes que en sólidos partidos. Muestra de ello son los históricos liderazgos no solo los partidos democráticos como el Partido Popular Cristiano, Acción Popular y los partidos de izquierda; sino que se hace más evidente el caudillaje de los partidos populistas como el APRA o de sombra autoritaria como el de Fuerza Popular de la familia Fujimori.

Además del presidencialismo, el modelo político se caracteriza porque la conquista de la Presidencia de la República es el escenario de una lucha política de suma cero entre el gobierno y la oposición. Confrontación en última instancia entre los caudillos, que desde hace unos años han llegado a poner en peligro no solo la estabilidad del gobierno de turno, sino a las propias bases del régimen constitucional y la de sus instituciones.

Sobre todo, cuando luego del termino del período presidencial el presidente saliente, cual antiguo juicio de residencia, es investigado parlamentariamente, por los fiscales y el Poder Judicial.

En ese sentido, el ex presidente Fujimori fue investigado, procesado y condenado legítimamente a 25 años de cárcel –hoy indultado-; el ex presidente Alejandro Toledo está con una orden judicial de captura y tramitándose su extradición de los Estados Unidos; el dos veces ex presidente Alan García, actualmente residente en Madrid, se encuentra investigado en la fiscalía, aunque ya ha evadido anteriores procesos de investigación a nivel parlamentario y judiciales por graves casos de corrupción; el ex presidente Ollanta Humala se encuentra con mandato de detención al igual que su esposa, a raíz de un proceso de investigación pre judicial; y el actual presidente Kuzcynski ya ha declarado antes los fiscales y una comisión parlamentaria.

No obstante, el actual conflicto político se inicia cuando la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori (49.88%) no aceptó su derrota electoral del año 2016 frente a Pedro Pablo Kuczynski (50.12%); elección presidencial que perdió por segunda vez por apenas 0.24% de los votos. Cabe destacar que la anterior fue con Ollanta Humala, cuando perdió por 4% de los votos.

Pero, con el 36% de los votos para el Congreso, Fuerza Popular obtuvo una mayoría parlamentaria absoluta del 56% de las curules parlamentarias, debido al método electoral D´Hont distorsionado; convirtiéndose los 73 congresistas fujimoristas de los 130 miembros de la Cámara Única en una suerte de gobierno paralelo desde la oposición parlamentaria.

A partir de lo cual, los instrumentos legislativos, pero sobretodo del control parlamentario como las citaciones de los ministros, las interpelaciones antes de ser utilizadas como medios de información y/o investigación, han sido utilizadas como instrumentos de sanción a través de las censuras ministeriales, llegando incluso al pedido de la vacancia presidencial.

La debilidad política del propio Presidente Kuczynski, quien proviene del campo de las finanzas internacionales sin mayor experiencia política, y, su joven Partido Peruanos Por el Kambio (PPK) con apenas 18 congresistas, han contribuido a que las medidas de control parlamentarias, en base al número de votos que controla la Fuerza Popular, haya dado lugar a la censura y/o renuncia de cuatro ministros, más el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, en apenas un primer año y medio de gobierno.

Pero, el populismo autoritario de la oposición fujimorista también ha planteado el impeachment o acusación constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, por haber expedido una aclaración en la sentencia sobre el caso “El Frontón” que ha permitido seguir juzgando a un grupo de marinos presuntos responsable de la masacre contra presos de Sendero Luminoso sublevados en 1986 en dicho penal, y contra el Fiscal de la Nación por abrir investigación penal por presunto financiamiento ilegal de Fuerza Popular, por parte de su secretario general con dinero proveniente del lavado de activos en los Estados Unidos, por lo que se encuentra investigado por la Agencia Federal Antidrogas (DEA); como era de esperarse a este personaje lo apartaron raudamente del cargo en su momento.

Pero, el acoso parlamentario ha alcanzado su máxima expresión cuando en diciembre pasado Fuerza Popular, el APRA y el Frente Amplio promovieron la vacancia presidencial, por incapacidad moral permanente del Presidente Kuzcynski a raíz de su participación. Esta se dio, primero, en la celebración de un contrato en favor de la empresa Odebrecht, cuando era Ministro del ex Presidente Toledo, y, segundo, porque empresas consultoras en las que tenía participación actuaron como consultoras de dicha empresa antes y luego de dejar el cargo.

Ahora bien, en el régimen presidencial peruano el presidente de la República es el Jefe de Estado y Jefe de Gobierno; por tanto, goza de inmunidad frente a un juicio político salvo que cometa infracciones tasadas en el Art. 117 de la Constitución, como impedir las elecciones políticas, disolver el Congreso y los organismos electorales.

No obstante, la oposición parlamentaria solicitó la vacancia presidencial por una vía extraordinaria como es la incapacidad moral permanente, que prevé el Art. 113 de la Constitución para casos de vacancia presidencial, junto a la muerte, renuncia a la Presidencia, salir del país sin autorización del Congreso y ser condenado por algunas de las causales del Art. 117 antes señalado.

El argumento fue que el presidente había mentido ante una comisión investigadora del Congreso “Lava Jato” al soslayar su participación en la realización de la concesión de una importante obra pública a favor de Odebrecht, y de haber negado haber recibido pagos de dicha empresa.

Este caso se enmarca en la histórica tensión que genera el presidencialismo en el Perú y en América Latina; donde se ha demostrado que ante un conflicto de suma cero entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, este se ha resuelto con golpes de Estado para destituir al presidente de la República o auto golpes de Estado para reforzar el poder presidencial. Pero, a partir del retorno a la democracia, los golpes de Estado se han sustituido por los juicios políticos legítimos o no contra los presidentes.

Así, por ejemplo Collor de Mello en Brasil el año 1992, Carlos Andrés Pérez en Venezuela el año 1996, Alberto Fujimori en el Perú el año 2000 y Pérez Molina en Guatemala el año 2015 fueron sometidos al impeachment por sus Congresos y destituidos por casos de corrupción. Pero, también fueron destituidos los presidentes progresistas Manuel Zelaya en Honduras el año 2009, Fernando Lugo en Paraguay el año 2012 y la presidenta Dilma Rousseff del Brasil el año 2016, acusados y enjuiciados por fuerzas conservadoras por razones políticas antes que jurídicas.

En el caso del presidente Kuczynski, se ha puesto en evidencia que el impeachment, procedimiento de control parlamentario de naturaleza política, para no ser arbitrario debe ceñirse a las garantías de un debido proceso parlamentario. Esto ha sido festinado por la oposición parlamentaria, al no delimitar los hechos específicos ni aportar las pruebas ni señalar cuál es la responsabilidad política del ahora presidente en el manejo de una concesión de obra pública a la empresa Odebrecht en el año 2006, cuando era Ministro de Economía, y que sus empresas de consultoría hayan prestado servicios a la empresa brasilera.

Esta demás señalar que la corrupción institucionalizada a nivel internacional de la empresa Odebrecht ha generado graves crisis políticas en muchos países de América Latina. Sin embargo, esto no es óbice para señalar que el presidente Kuczynski debe ser investigado, pero con las garantías del debido proceso. Sobre todo porque su pedido de vacancia ha sido presentado como una muestra de la lucha contra la corrupción, pero en el fondo es al parecer para encubrir una corrupción mayor de sus acusadores y sobre todo ha constituido un intento del fujimorismo de tomar el poder por una vía no electoral.

Pero, en el ámbito constitucional, se discute si el impeachment es un juicio de naturaleza político o si es un juicio de naturaleza jurídica. Se señala esto último, ya que está reglado al menos procesalmente en la Constitución y en el Reglamento del Congreso, aunque no sustantivamente. En otras palabras, no existe norma jurídica que califique o tipifique -de ser posible- qué es o en qué consiste la incapacidad moral permanente como causal de la vacancia presidencial.

Lo cierto es que sin perjuicio de los vicios jurídicos incurridos en el proceso parlamentario, ya sea por la falta de desarrollo legislativo y por la actuación vindicativa de la oposición parlamentaria, el 24 de diciembre, tres días después de la votación del fallido impeachment, el Presidente Kuzcynski otorgó el indulto presidencial a Alberto Fujimori condenado a 25 años de cárcel.

El día de la votación en el Congreso del impeachment la noticia de la tramitación acelerada del indulto presidencial a favor de Fujimori generó que la bancada de Fuerza Popular se dividiera entre quienes estaban de acuerdo con la gracia presidencial y buscaban la reconciliación con el gobierno negando el impeachment, y quienes consideraban que la vacancia presidencial era necesaria al margen del indulto presidencial.

Como consecuencia de ello, la bancada fujimorista liderada por Keiko Fujimori perdió diez de sus votos liderados por Kenji Fujimori que frustraron aprobar la vacancia presidencial que necesitaba los dos tercios de los votos del Pleno del Congreso.

El indulto a Alberto Fujimori provocó la renuncia de varios ministros y altos funcionarios, así como, la recomposición del gabinete ministerial, incorporando a personajes del Partido Aprista, más no así a la concertadora del fujimorismo dado que están sometidos a disciplina partidaria, y se debate el destino del liderazgo de Fuerza Popular ahora que Alberto Fujimori se encuentra en libertad.

La gracia presidencial también ha estado en discusión, debido a que para unos es un acto político no justiciable, es decir, que es una medida discrecional del presidente. Mientras que para otros, se requiere cumplir con determinados requisitos previstos en el reglamento de indulto y gracias presidenciales, esto es que se solo se le debe conceder a aquellas personas condenadas que se encuentra en grave estado de salud.

Pero, en el caso Fujimori, el expediente del examen médico ha sido mantenido en secreto hasta el momento; pues, si bien padece de un pre cáncer controlado y dada su avanzada edad sufre de enfermedades propias de sus próximos 80 años, no se encontraría en el grave supuesto que prevé el reglamento, a decir de médicos independientes.

Por eso, se ha señalado que se habría logrado un pacto entre el presidente Kuzcynski y un sector de la oposición fujimorista liderada por Kenji Fujimori para rechazar la vacancia presidencial a favor del indulto de Fujimori, que promovía su hermana Keiko Fujimori.

La población se ha polarizado nuevamente entorno a quienes demandan que se respeten los derechos humanos, y se investigue y cumplan sus penas los culpables, y, quienes consideran que se debe cerrar ese episodio de las violaciones de los derechos humanos del régimen de Fujimori, buscando la reconciliación nacional.

Ello ha llevado a un intenso debate nacional, donde la ciudadanía se ha movilizado a nivel nacional, así como, que se haya acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a que existen dos sentencias contra el Perú en el caso de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta; por las cuales, Fujimori fue procesado y condenado en el Perú a 25 años de prisión, de los cuales cumplió solo 12 años.

De modo que, en vía de supervisión del cumplimiento de dichas sentencias el próximo 2 de febrero la Corte IDH ha citado a una Audiencia extraordinaria a los representantes de las víctimas y del Estado peruano para que den cuenta de las mismas. Esto supondría entrar a analizar si el indulto presidencial viola o no las mencionadas sentencias de la Corte IDH, y cuál podría ser la decisión de la Corte, la misma que hasta el momento solo se ha pronunciado sobre leyes de amnistías, más no sobre indultos y gracias presidenciales.

Todo ello también pone a debate el rol del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en garantizar y proteger los derechos políticos que en América Latina se encuentra en debate a raíz de los juicios políticos o impeachments presidenciales y contra otras altas autoridades; los mismos que no estarían exentos del control convencional a nivel de la justicia nacional e internacional. Por eso, el pasado 13 de octubre la propia Comisión IDH ha solicitado a la Corte IDH una Opinión Consultiva sobre “democracia y derechos humanos en contextos de juicios políticos”; la misma que se encuentra en pleno proceso de debate público.

En todo ese contexto de crisis política interna y de tensiones con las fuerzas conservadoras en avance, se plantea si: ¿no se está gestando un momento constituyente para resolver el conflicto político a través de un cambio constitucional? Pero, como se ha dicho, en el Perú puede pasar todo en un día y nada en cien años.

Barcelona, 23 de enero de 2018.

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