Histeria Religiosa: Entrevista sobre la protección del sigilo sacramental en el Derecho

Enfoque Derecho realizó una entrevista a Hans Cuadros sobre la información contenida en el sigilo sacramental y su posible vinculo con las consecuencias jurídicas en el Derecho

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Entrevista a Hans Cuadros, abogado por la PUCP, ex asistente jurisdiccional en el Tribunal Constitucional y adjunto de docencia en la facultad de Derecho de la PUCP.

Enfoque Derecho: ¿Cuáles son los fundamentos laicos para la protección del sigilo sacramental en nuestro sistema jurídico?

Hans Cuadros: El principal argumento es el derecho fundamental a la objeción de conciencia, mediante el cual, la persona a través de sus creencias y su confesión religiosa, puede reservarse un ámbito de su doctrina. En el caso de la religión Católica, implica que la persona tenga la protección jurídica de su credo en virtud del ejercicio del derecho fundamental de objeción de conciencia.

ED: ¿Es la justa causa justificación para quebrantar la inviolabilidad del sigilo sacramental?

HC: Considero que no. En primer lugar, por un aspecto esencial que, si bien no es un derecho fundamental reconocido textualmente en la constitución, ha sido más desarrollado por el derecho privado: la autonomía de la voluntad, y con éste desde un aspecto más filosófico: el libre albedrío. Cuando uno decide ejercer la vocación sacerdotal, se consagra a ejercer no solamente un modo de vida, sino una profesión que es el sacerdocio. En ese aspecto, dentro de la profesión del sacerdocio, el sacerdote tiene la función de impartir sacramentos, los cuales son, en términos jurídicos y antropológicos, como los ritos o los actos de trascendencia religiosa al generar efectos que se entiende se realizan en nombre de Dios mediante el cual el sacerdote cumple con su labor pastoral para con los feligreses. En este ámbito, el sacramento de la confesión implica esta conexión, entre Dios y el creyente o la persona que se está confesando, un ámbito en el que el sacerdote tiene plena conciencia de que en el ejercicio de su profesión debe guardar el secreto que está recibiendo como consecuencia inmediata de la confesión del feligrés.

Vulnerar este ámbito en el ejercicio de la profesión sacerdotal y la confesión bajo argumento de una “justa causa” implica una violación a la intimidad y a la objeción de conciencia. Además, el riesgo recae en la indeterminación conceptual de lo que sería una “justa causa” o no en cada caso en concreto. 

ED: En el caso del secreto sacramental varía el sujeto de la obligación, que ya no es el confesor e igual el código de derecho canónico establece graves sanciones para este ¿qué derechos se vulneran a estas personas y qué  protección legal recibe por ello?

HC: Ahí, considero, es un término de cuáles son los efectos de la declaración. Un caso cotidiano en el cual una persona confiesa una infidelidad a un sacerdote y la misma se lo comenta a un amigo y este amigo lo divulga entre la comunidad y hace referencia a que esta información fue dada en acto de confesión, ahí es un tema del derecho a la privacidad de la información. En tanto esto ocurra, estaríamos en el ámbito de vulneración del derecho fundamental de la persona afectada, no tanto en el ámbito del secreto sacramental. Pero, por ejemplo, si es un hecho delictivo, allí tendría que tomarse con mayor precaución. En este caso se entendería en el ámbito procesal como una prueba testimonial y debería prestarse atención si con ello se está realmente vulnerando este ámbito protegido del secreto de la confesión. Esto sin confundir y entremezclar un ámbito jurídico con uno religioso, pues existen ámbitos religiosos, como este caso, que se construyen bajo la estructura de figuras jurídicas y otros que no, sino más responden a valoraciones de un ámbito moral y subjetivo.

Debería aquí verse el tema de la valoración de la prueba. Que el juez deba o no considerar válida esa prueba. Personalmente, en tanto está protegido el sigilo sacramental y el secreto de la información en el ámbito católico, considero que no debería tenerse por válido un medio probatorio de esta naturaleza. Se debe tener cuidado en la valoración de la prueba con discreción por parte del juez, ya que es parte también de una intromisión al ámbito del secreto profesional. Tenemos que tomar en cuenta que el sacerdote ejerce una profesión, como un médico o un abogado, la información que se revela es parte de este ámbito. Existe jurisprudencia en Francia que lo remite así, el sigilo sacramental como secreto profesional. Y en Italia, si mal no me equivoco, está reconocido legislativamente el área de la confesión o ejercicio sacramental como un ámbito jurídicamente relevante para el Estado. En Francia se da el reconocimiento valorativo similar entre el brindar  el sacramento de la confesión y el ámbito del secreto profesional, pero sin el reconocimiento expreso que la función sacerdotal posee en Italia, excluyendo la posibilidad de obligar a testificar al sacerdote confesor.

ED: ¿Entonces la protección de esta sería un amparo en tanto se vulnere un derecho?
HC: Sí, de acuerdo. Son importantes los efectos que surten con esa vulneración de información íntima y privada. Por ejemplo, podría la persona afectada denunciar por calumnia, por decir que existe una infidelidad; todo ello como acto de una confesión y en esta no hay pruebas. Finalmente, el derecho procesal valora pruebas y en este ámbito al hacer público la confesión de un asesinato, la persona afectada podría denunciar por delito de difamación a quién lo acusa.

ED: En este caso, entre otros derechos, se encuentran dos en colisión: el derecho de objeción de conciencia y el derecho a la efectiva tutela jurisdiccional ¿Hasta que punto este última se ve afectada por el primero?

HC: Consideremos en primer lugar dos ámbitos diferenciados del ejercicio del derecho a la TJE: el proceso civil y el proceso penal. Si estamos hablando de una tutela jurisdiccional efectiva en el proceso civil debemos tener en cuenta que el proceso civil persigue una veracidad formal más no tanto una veracidad fáctica o real, para dar un resultado conforme a la pretensión demandada o negando lo solicitado por el demandante. Por ejemplo, a efectos de acreditar el derecho de propiedad sobre un inmueble no solamente se requiere del contrato sino también del título registral que le otorga a su derecho oponibilidad frente a terceros. Lo cual permite al juez una amplia posibilidad de determiar si le corresponde o no el derecho pretendido en el ámbito civil. Ahora, en un proceso penal, yo considero que lo que se persigue es ver si se cometió o no un delito, y analizar si existe o no una responsabilidad penal, para lo cual se debe partir desde la presunción de indubio pro reo; es decir, que no debe haber una duda en los hechos para generar un acto de condena, por ello se persigue más una veracidad objetiva antes que formal.

En el ámbito del proceso civil, una declaración que se pueda obtener y revelar información producto del sacramento de confesión no generaría mayores efectos jurídicos porque siempre existirían otros medios probatorios que ayuden al juez a corroborar la veracidad formal del caso. Y en un proceso civil, como no tiene consecuencias tan graves como la privación de la libertad (ámbito penal), creo que no hay ningún problema de omitir cualquier tipo de información vulnerando el sigilo sacramental. El juez tiene la capacidad para generarse una convicción a través de medios probatorios documentales que no vulneren este ámbito y los Derechos fundamentales relacionados a éste. Digamos que en el proceso civil las pruebas documentales poseen una mayor veracidad como medios probatorios que las meramente testimoniales  para generar convicción en el juez, más aún si la manera de obtención de estas pruebas testimoniales son cuestionadas.

En cambio en el proceso penal, yo creo que debería analizarse si la información reservada beneficia o no a la persona imputada. A pesar de que la carga de la prueba recae en el acusador -pues debe probar la culpabilidad -,un testimonio que favorecería en generar la convicción de inocencia de quien sería injustamente imputado podría ser una excepción válida al sigilo sacramental, sobretodo porque esta información no perjudicaría objetivamente a nadie.

El tema radica en si la protección del sigilo sacramental beneficia o no a la persona que está siendo imputada. Ya que , por ejemplo, podría tratarse de una información que el imputado utilizaría para que se le pueda reconocer o dar mayor veracidad sobre que lo que él alega en favor de su inocencia. Considero que ya ahí podríamos ver hasta qué punto esta información aporta a la veracidad objetiva del evento delictivo. Pero si esta información va a verificar la culpabilidad de la persona, yo creo que ahí debería tomarse con mucho cuidado. Pues recordemos, y vuelvo a repetir con respecto al tema del sacramento de la confesión, el cual es un ámbito reservado que pertenece a la esfera más íntima de la persona. Se entiende que la persona que llega al acto de la confesión es un creyente que en tanto este sacramento le permite relacionarse con Dios, y que esta comunicación con Dios debe ser un ámbito reservado y protegido. Además, antropológicamente las concepciones religiosas que tienen las personas son ámbitos delicados e íntimos de su vida privada donde el Estado no debería interferir. Por ejemplo, en este caso, en el derecho penal, la labor del Ministerio Público, es proteger conjuntamente con la policia a la ciudadanía de los hechos delictivos. Pero no debemos olvidar que es obligación de las entidades estatales cumplir con sus funciones sin vulnerar los derechos fundamentales y no sobreponer este interés público o colectivo sobre los mismos en afán de condenar de cualquier forma al imputado. La imposibilidad de demostrar la culpabilidad no significa la plena inocencia de la persona, ya que se podría vulnerar realmente sus derechos a la privacidad e intimidad y su objeción de conciencia. Si no sería como presionar al sacerdote, al abogado , al médico a revelar información que se encuentra dentro de un ámbito considerado sagrado. Y creo que este ámbito de la religión y los aspectos confesionales son parte de la esfera privada y la intimidad de la persona que deben ser respetados.

ED: En el sistema jurídico peruano, ¿podría considerarse inconstitucional una norma que exija, como a cualquier otro ciudadano, prestar declaración en un proceso judicial a los sacerdotes?

HC: Estimo que sí, vulneraría su derecho fundamental. Como digo, no solamente está solo el aspecto de la objeción de conciencia, sino una vulneración a su derecho fundamental al trabajo, puesto que parte de su labor es ejercer  los sacramentos y la confianza que tienen con sus feligreses. Entonces, desde un punto de visto más relacionado al derecho laboral o en términos del derecho del trabajo, tambien la relación sacerdote-feligrés podría verse afectada con la pérdida de confianza misma, y en términos antropológicos lo que es pues la figura del sacerdote como el médium, vehículo de conexión o vínculo humano entre el creyente y la divinidad.

Entonces, yo considero que habria una intervención, una imposición legal, que afectaría el derecho fundamental de los sacerdotes, y también de los feligreses. Yo creo creo que sí es inconstitucional por esos aspectos y los desarrollados en la entrevista.

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