El pasado 30 de enero, el Comité Disciplinario de Fuerza Popular recomendó a la bancada naranja la expulsión de Kenji Fujimori, Maritza García y Bienvenido Ramirez. Acto seguido de la expulsión, renunciaron los otros miembros que lo acompañaron en la votación en contra de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. De este modo, quedó claro que el motivo de la expulsión hace referencia a las “inconductas” del menor de los Fujimori, contrarias al reglamento interno de su bancada.

Cabe recordar que no es la primera vez que una bancada expulsa a sus miembros por supuestas inconductas. Un claro ejemplo de ello es lo que sucedió en junio del año pasado en la bancada del Frente Amplio contra Richard Arce. Su expulsión se debió a presuntos “actos infranternos” que este habría cometido contra Marco Arana. Como se recuerda, él fue retirado de la Comisión de Ética por su propia bancada luego de abstenerse en votar contra la indagación preliminar a Marco Arana y Justiniano Apaza. Asimismo, Arana señaló que Arce promovió en la discusión la sanción hacia él.

Una posición, que es sostenida por las bancadas, señala que los congresistas deben seguir las consignas del partido y votar en acuerdo para así tomar decisiones en conjunto. De esta manera, entienden a la mayoría parlamentaria como un conjunto de personas que votan en bloque para que su propuesta tenga mayor oportunidad de ser aceptada.

Asimismo, señalan que si bien pueden tener posiciones contrarias, las decisiones que se toman al interno del grupo parlamentario deben de mantenerse para así cumplir con sus objetivos y consignas políticas. Y, como es sabido, esto no ocurrió en los casos presentados donde ambos congresistas votaron en contra o se abstuvieron en temas cuya bancada tenía una posición mayoritaria y un interés para que estas se resuelvan de una determinada manera.

Sin embargo, esta posición no toma en cuenta la libertad de conciencia de sus parlamentarios sobre temas sensibles o ligados con sus valores y principios. Como por ejemplo en el caso de Arce donde se plantea investigar a Marco Arana, lo cual es válido en el sentido de que él no solo fue elegido para representar a su bancada sino también a la población. En este sentido, hay tres intereses legítimos: los de la bancada, los de la población que votó por el parlamentario (a quienes él también les debe explicaciones), y los de él mismo en cuanto a su libertad de conciencia sobre determinados temas.

En ese sentido, en la presente editorial, Enfoque Derecho analizará la legitimidad de dichos procesos disciplinarios, así como la fuerza que posee su argumentación sobre “obligar” a sus parlamentarios a seguir una misma línea en las votaciones, como lo habían anunciado las bancadas del APRA y de Frente Amplio; así como también, lo ocurrido con el congresista y ex parlamentario de Fuerza Popular, Kenji Fujimori.

A pesar de reconocer la importancia que tienen las bancadas parlamentarias, el pertenecer a estas no significa dejar de lado las propias convicciones y elegir libremente de acuerdo a estas últimas. Así, es importante entender que la incapacidad moral, causal en la que se sustentó el pedido de vacancia, es un concepto jurídico indeterminado, que habilita a cada parlamentario a emitir un voto de conciencia, el cual es protegido por el inciso 18, artículo 2° de la Constitución. 

Los derechos fundamentales son inherentes a cada ser humano y a un Estado democrático que permite a estos, dentro del marco de la ley y principios constitucionales, pensar y actuar de acuerdo a su autonomía y creencias. Es por ello que, en este ámbito de libertad, la bancada no puede inducir en una decisión que pertenece al fuero interno de los congresistas de tal manera que esto imponga parámetros de actuación. Entonces es también es importante entender que la libertad de conciencia no solo se refiere y produce a un nivel solo de ideas y de pensamiento, sino que más bien es la externalización de estos lo que permite el completo ejercicio del derecho fundamental.

Entonces, mientras que el derecho a la libertad de conciencia nos permite formarnos en ideas y valores, sería contrario que se nos imponga una actuación contraria a estos que vulnere nuestros principios; es por ello que estamos también en el derecho de abstenernos de actuar cuando no estamos de acuerdo con ello. En el escenario de la vacancia, existían dos posibilidades, a favor de que el presidente se mantuviera en el cargo o no, por las cuales cada congresista debía votar de manera individual. Es así que, luego de horas de debate, en las que los congresistas formaron su propio juicio, criterio y, en efecto, tomaron una decisión final. Si bien podemos discutir sobre cuál fue el verdadero motivo de la decisión de Kenji y los otros ex miembros de Fuerza Popular, sí podemos asegurar que esta decisión surge del pleno fuero interno de otros y por su propia conciencia.

Es por ello que, como se dijo antes, si bien se reconoce la importancia de las bancadas como columnas del Congreso, también se reconoce la importancia del respeto de los derechos fundamentales, como el de libertad y objeción de conciencia y por lo tanto los grupos parlamentario no pueden imponer a ninguno de sus miembros una decisión de la naturaleza de la vacancia: una decisión basada en las convicciones individuales de cada congresista.

Asimismo, es importante considerar que los congresistas de la República no se encuentran bajo mandato imperativo por la misma naturaleza de su función en un Estado Constitucional y democrático; esto quiere decir que estos no reciben órdenes que pongan en riesgo su labor legislativa y fiscalizadora del Congreso. Este mecanismo, que se encuentra en el artículo 93° de la Constitución Política del Perú; es una manera de protección que les permite tener la libertad de ejercer sus funciones de manera libre y en interés general de la nación y no responder a inclinaciones particulares.

Si bien los congresistas son electos mediante un sistema electoral de partidos políticos y por espacios geográficos, al asumir estos un escaño en el parlamento peruano, deben discernir entre su posición como bancada y la función democrática que estos representan de todos los peruanos. Sin embargo, esto no significa que el congresista sea objeto de inmunidad absoluta y que su actuación no pueda, y deba, ser criticada por la ciudadanía, sino que esta debe ser regulada por los propios principios constitucionales y por su designio de presentación en el sistema democrático.

Entonces, por todo lo expuesto, es claro que dicho proceso disciplinario vulnera la libertad de conciencia política de estos congresistas. Finalmente, cabe resaltar que las actuaciones, tanto de Kenji Fujimori como la de los otros ex Fuerza Popular no fue meramente democrática ni por el bien común, sino tenían un trasfondo de intereses personales o de un pequeño grupo; es decir, “el acuerdo” que estos pudieron haber realizado fue para satisfacer otros objetivos como lo podría haber sido el indulto; pero fuera de todo lo que haya sido el móvil de estos congresistas, estos son seres humanos, ciudadanos del Perú, quienes poseen derechos como la de ejercer su libertad de conciencia sin mayor obstáculo.

 

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