1. Corte IDH pide archivar acusación constitucional contra magistrados del Tribunal Constitucional

El pasado 09 de febrero, con 5 votos a favor y 2 en contra, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dispuso requerir al Estado peruano que archive la acusación constitucional seguida ante el Congreso de la República contra los magistrados Manuel Miranda, Carlos Ramos, Eloy Espinosa-Saldaña y Marianella Ledesma, a causa del caso “El Frontón”.

Frente a esta decisión, el presidente del Parlamento y miembro de la bancada fujimorista, Luis Galarreta, envió una carta al jefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski para solicitarle exprese su rechazo al fallo emitido por la Corte IDH. Según Galarreta, es cuestionable que se solicite el archivamiento de un procedimiento que aún se encuentra en trámite, así como que dicha resolución atenta contra la soberanía e independencia del país.

No obstante, cabe recordar que el Perú ha reconocido la competencia de la Corte y, por ende, se comprometió a cumplir con sus decisiones, tal como lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en 1977. De igual manera, es necesario enfatizar que la medida provisional adoptada por la Corte IDH tiene como fundamento garantizar el derecho humano de las víctimas del caso Durand y Ugarte vs Perú (“El Frontón”) a obtener un acceso a la justicia sin interferencias en la independencia judicial, lo cual se estaría vulnerando si el Congreso continuara con el procedimiento de acusación.

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  1. Ejecutivo busca incentivar la colaboración eficaz y el pago inmediato de reparaciones civiles para empresas vinculadas con casos de corrupción.

Este último jueves, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para reemplazar el Decreto de Urgencia N° 003, el cual fue promulgado como consecuencia del caso Lava Jato. Esta norma buscaba la continuidad de proyectos y obras de inversión y a su vez, el pago de reparaciones civiles por parte de empresas condenadas por actos de corrupción, para lo cual se prohibió cualquier tipo de transferencias al exterior del dinero producto de prácticas corruptas.

Sin embargo, si bien se cauteló el pago de reparaciones, los proveedores se vieron perjudicados con la prohibición establecida en el decreto, rompiendo la cadena de pagos y conduciendo a la paralización de diferentes obras. Por ello, el proyecto presentado por el Gobierno busca disminuir o eliminar las falencias de la norma anterior mediante una serie de cambios.

Entre las principales modificaciones se encuentran que, en primer lugar, el proyecto de ley comprende no solo a las empresas condenadas sino también, las consorciadas o asociadas a estas, y las que se encuentran bajo investigación. En segundo lugar, se implementa la colaboración eficaz para las personas jurídicas que se presuma o declare su participación en delitos de corrupción. Finalmente, se propone la realización de retenciones, así como la creación de fideicomisos que permitan a las empresas disponer su dinero sin perjudicar a terceros ni dejar de pagar sus reparaciones civiles.

La presentación tardía de la propuesta del Ejecutivo, pues el decreto de urgencia en cuestión expira el 13 de febrero y el receso parlamentario se encuentra próximo, ha generado enfrentamientos con el Legislativo. No obstante, se determinó que este lunes 12 de febrero, las comisiones de Economía y Justicia del Congreso de la República evaluaran dicho proyecto de ley.

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  1. Congresistas solicitan declarar “persona no grata” a Nicolás Maduro

El martes pasado, el canciller del régimen chavista, Jorge Arreaza, confirmó a través de su red social la asistencia de Nicolás Maduro a la VIII Cumbre de las Américas, evento que se realizará en Lima el 13 y 14 de abril. Asimismo, publicó la carta de invitación enviado por el presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski el 11 de noviembre del año pasado.

Tras tal anuncio, Luis Galarreta envió un oficio a la canciller Cayetana Aljovín y al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, con la finalidad de advertir los efectos negativos que traería consigo la llegada del presidente venezolano a este encuentro que justamente busca plantear medidas que promuevan la gobernabilidad democrática, en lugar de un gobierno que dirija conductas violatorias de derechos humanos.

Asimismo, algunos parlamentarios de las bancadas oficialista, Acción Popular, Apra y Fuerza popular han optado por solicitar se declare “persona no grata” como muestra de rechazo. Sin embargo, tal moción no impediría el ingreso de Maduro al país, si es que el Gobierno no realiza una declaración unilateral considerándolo con esa calificación, tal como sucedió con Kim Hak-Chol, embajador de la República Popular Democrática de Corea, a quien se le dio un plazo máximo de cinco días para que abandone el país.

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  1. Solicitan prisión preventiva contra el violador y asesino César Alva

El viernes 09 de febrero, la Tercera Fiscalía Provincial Mixta solicitó 9 meses de prisión preventiva en el marco de la investigación que se sigue contra César Alva Mendoza, quien fue capturado el domingo pasado en la ciudad de Ica.

Asimismo, cabe señalar que el pedido realizado formó parte de la denuncia de los delitos de secuestro de menor y violación sexual seguida de muerte presentada por la fiscal Consuelo Chipana al Poder Judicial. Estos cargos se sustentaron en la declaración de Alva Mendoza, pues este confesó cómo violó y asesinó a la niña de 11 años.

Como antecedente a la solicitud de prisión preventiva, se tiene que el 07 de febrero, el Poder Judicial decidió ampliar la detención preliminar del asesino confeso por 4 días, puesto que ya había transcurrido el plazo máximo de 72 horas para que esté detenido.

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