1. Corte Suprema ratifica sentencia de 12 años a Lula da Silva

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil rechazó el habeas corpus presentado por el ex presidente brasileño Lula da Silva para que no vaya a prisión mientras apela otras condenas por corrupción. Esta decisión lo deja fuera de las próximas elecciones brasileñas en las que figuraba como favorito, debido a la denominada “Ley de la Ficha Limpia” que impide que los condenados en segunda instancia sean candidatos a la Presidencia.

El ex mandatario enfrenta cargos por corrupción pasiva y lavado de dinero. Es acusado de recibir sobornos por un valor de 1.1 millones de dólares de la empresa OAS para beneficiarla en sus negocios con la Petrolera Petrobras, el pago se debía materializar en la reforma de un departamento en Guarujá.

El delito de corrupción pasiva se encuentra tipificado en el Código Penal brasileño en el artículo 317, el cual menciona que la corrupción pasiva consiste en “solicitar o recibir, para sí o para otro, directa o indirectamente, aunque fuera de la función o antes de asumirla, pero en razón de ella, ventaja indebida, o aceptar promesa de tal ventaja’’. La pena para este delito es de 1 a 8 años más multa sin agravante. Asimismo, el delito de lavado de activos está estipulado en la Ley 9.613 que indica que se entenderá como tal el “ocultar o disimular la naturaleza, origen, localización, disposición, movimiento o propiedad de bienes, derechos o valores provenientes, directa o indirectamente de crimen (…)”.

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2. Alumnos toman las instalaciones de la universidad San Marcos

El pasado jueves 5 de abril, los alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tomaron el campus universitario en protesta por la improvisada implementación de los Estudios Generales. Ellos reclaman que hay un déficit en la contratación de los profesores, puesto que han contratado solo 150 docentes de los 300 que se debían contratar; asimismo, aducen que la infraestructura no es adecuada para los alumnos y que la malla de los Estudios Generales fue implementada sin participación estudiantil.

Todo esto sucedió en el contexto del licenciamiento otorgado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior UniversItaria (SUNEDU) para que la Universidad pueda ofrecer servicios universitarios de calidad, por lo que tiene que adecuarse a la Ley Universitaria. En dicha norma, el artículo 41 se establece que “Los estudios generales son obligatorios. Tienen una duración no menor de 35 créditos. Deben estar dirigidos a la formación integral de los estudiantes’’. En ese sentido, la UNMSM incorporó los Estudios Generales para los nuevos ingresantes, además de que este requisito está plasmado en el artículo 109 del Estatuto de la Universidad, el cual indica que estos son obligatorios y que “tienen como mínimo cuarenta y ocho (48) créditos y como máximo setenta y dos (72) créditos en un lapso no mayor de cuatro (4) semestres académicos”.

La intervención policial no se hizo esperar luego de que los alumnos tomaran las entradas del campus. Los agentes de la policía ingresaron con tanquetas y bombas lacrimógenas para retomar el control del campus. Aproximadamente 20 alumnos fueron detenidos y llevados a la comisaría de Mirones. Finalmente, el Congreso citó al rector Orestes Cachay para responder por la protesta de los alumnos.

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3. Juan Carlos González de Fuerza Popular renuncia a la presidencia de la comisión de ética

Días después de tomar la polémica decisión de archivar el caso de Yesenia Ponce por irregularidades en los estudios secundarios contemplados en su hoja de vida, Jose Carlos Gonzalez, congresista de la bancada de Fuerza Popular, renunció a la presidencia de la comisión de ética aduciendo “problemas personales”. Esta sería la segunda renuncia de un presidente de la actual gestión en un contexto de controversias con respecto a las decisiones tomadas. El primer congresista en renunciar fue Segundo Tapia en el 2017, luego de la entrega de unos informes que fueron cuestionados en el Pleno.

Diversos parlamentarios exigen una reestructuración de la comisión de Ética y señalan que la presidencia no debería asumirla Fuerza Popular. Cabe mencionar que este grupo de trabajo ha sido muy cuestionado por diversas decisiones que ha tomado, como por ejemplo, cuando decidieron no investigar la participación de dos congresistas fujimoristas en el allanamiento realizado a un local de Fuerza Popular. Asimismo, diversos congresistas han decidido retirarse de la comisión hasta que esta se reestructure de acuerdo los principios de la conducta de la comisión de ética plasmados en el Reglamento de la Comisión de Ética Parlamentaria. Estos principios son transparencia, honradez e independencia, siendo este último sumamente relevante por la prohibición del mandato imperativo.

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4. Martín Vizcarra tomó juramento al nuevo Gabinete Ministerial

El lunes 3 de abril, juramentó el nuevo Gabinete Ministerial liderado por César Villanueva, el cual estará encargado de implementar las políticas públicas necesarias para el bienestar de la población. Este nuevo Consejo de Ministros deberá orientar su gestión hacia la lucha contra la corrupción y hacia la construcción de diálogos políticos y de crecimiento económico. Uno de los nombres que integran el nuevo Consejo de Ministros es el de Salvador Heresi como Ministro de Justicia y Derechos Humanos, designación que ha generado gran polémica por su vinculación con delitos de corrupción y lavado de activos.

El nombramiento a los nuevos ministros está estipulado en el artículo 122° de la Constitución Política del Perú, el cual menciona que “El Presidente de la República nombra y remueve al Presidente del Consejo. Nombra y remueve a los demás ministros, a propuesta y con acuerdo, respectivamente, del Presidente del Consejo’’. Luego de haber asumido el cargo, el Premier debe concurrir al Congreso para que este último le otorgue la cuestión de confianza, ello según el artículo 130 de la Carta Magna: “Dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el Presidente del Consejo concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza (…)”.

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