Recientemente la Universidad Nacional Mayor de San Marcos consiguió el licenciamiento por parte de la SUNEDU, ello en el marco de la nueva ley universitaria. No obstante, aún existen algunos temas que generan conflicto entre diversos actores de la comunidad universitaria. Los estudiantes de dicha casa de estudios señalan que su universidad no cuenta con los estándares básicos de calidad, exigidos justamente para obtener el licenciamiento.

Como parte de esta reforma universitaria, la Decana de América ha implementado los “Estudios Generales”. Este nuevo plan de estudio, cuyos beneficios son reconocidos por los propios estudiantes, no ha sido implementado de forma adecuada. Siendo así, los universitarios exigían la suspensión en la implementación de los Estudios Generales hasta que se cuente con los medios adecuados.

El Gremio estudiantil ha intentado participar en el proceso de implementación de esta nueva malla, en aras de manifestar su opinión como estudiantes. No obstante, alegan que a pesar de sus esfuerzos no encontraron respuesta de las autoridades ni espacios de diálogo, y es así como se desató la protesta, que se concretizó con la toma del campus universitario. Dicho suceso ha sido duramente criticado, muchas veces sin argumentos, por distintos medios de comunicación que han tildado a los protestantes sanmarquinos de “vándalos” e incluso “terrucos”.

No obstante, muchas veces se olvida que la protesta es un derecho fundamental con reconocimiento jurídico, y por tanto, no debería ser criticada ni criminalizada con tanta facilidad. Este derecho forma parte del derecho fundamental a la reunión, que encuentra reconocimiento en el artículo 2º, inciso 12 de la Constitución Política del Perú. Además tiene respaldo en distintos dispositivos legales internacionales, tales como el artículo 15º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y el artículo 21º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Al respecto, el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 4677-2004-PA, ha señalado que:

El derecho de reunión puede ser definido como la facultad de toda persona de congregarse junto a otras, en un lugar determinado, temporal y pacíficamente, y sin necesidad de autorización previa, con el propósito compartido de exponer y/o intercambiar libremente ideas u opiniones, defender sus intereses o acordar acciones comunes”.

La protesta entonces busca ser un medio de defensa de los intereses de un determinado colectivo. Este no solo se manifiesta en marchas, como la mayoría piensa, sino que también pueden tener otras formas de manifestación, así como la protesta que vino realizando el alumnado de la universidad San Marcos. El fin de la protesta es que los pedidos del colectivo sean escuchados y generen impacto en las decisiones del Estado. Es por ello que el medio debe ser eficiente para lograr tal fin; de lo contrario, los pedidos no serían tomados en cuenta.

Enfocándonos más en el análisis de este ejercicio de la protesta, cabe analizar dos ejes primordiales en este conflicto: 1) si las razones que los estudiantes plantearon justifican la realización de la protesta a tal límite de tomar la universidad; es decir la legitimidad de los reclamos y 2) si la protesta realizada ha transgredido los límites que la ley señala en el ordenamiento peruano: ser pacífica, sin armas y sin vulnerar Derechos Fundamentales de otras personas.

En el caso de la legitimidad de la protesta, debemos iniciar con desligar cualquier prejuicio respecto a la toma de la universidad. Muy aparte de cómo se dio el estallido de dicho conflicto, es importante considerar si las razones que los estudiantes tenían para tomar la universidad eran válidas.

La implementación de los Estudios Generales en dicha universidad fue una mera improvisación, en la cual no se diseñó ni se estableció un modelo acorde a los intereses del alumnado al cursar estos estudios, sino que se imitó el sistema utilizado por la mayoría de universidades. Asimismo, al copiar tales esquemas olvidaron un factor principal, el de tener los recursos necesarios para ofrecer los cursos en la forma que su plan lo señala. Así, a días de haber iniciado las clases, muchos de esos “nuevos” cursos no poseen docente alguno; es decir, hay un exceso de cursos, quizá mucho de ellos innecesarios para el alumnado de dicha casa de estudios.

Finalmente, hay un déficit de profesores que imparten las materias acopladas. Ese problema también se ve replicado respecto de la infraestructura de la universidad, ya que no se dan abasto con el número de aulas para poder llevar con normalidad los cursos que se pretenden sumar. En este sentido, la protesta de los estudiantes sanmarquinos no es un mero capricho, como algunos han tratado de convencer; sino que están defendiendo su educación y bienestar. Se protesta por hechos que van contra los intereses colectivos de la comunidad sanmarquina.

Es necesario considerar que en todo momento los estudiantes señalaron que acudieron a diversas instancias previas para hacer oír sus reclamos y, sin embargo, no recibieron respuesta alguna. No fueron ni siquiera fueron atendidos por algún ente del gobierno o directivo de la universidad.  Se prestó atención al problema solo cuando este estalló en una crisis y los alumnos decidieron tomar su universidad.

Ahora, como ya señalamos, las protestas tienen que ser pacíficas, sin el uso de cualquier tipo de arma y, sobre todo, respetando los derechos fundamentales de los demás. Pero por otro lado, es importante que el medio de protesta sea eficiente para causar impacto, es necesario que dichos reclamos produzcan un nivel de afectación en la percepción de las personas; solo así una protesta podrá ser un medio idóneo para alcanzar su objetivo. El Perú es un país claramente indiferente con las personas más vulneradas, un país en el que constantemente se espera a que una problemática estalle en un conflicto y la crisis se desate para recién en ese momento prestarle atención. En ese ámbito, es legítimo preguntarnos si los límites que la ley plantea al derecho de protesta son idóneos considerando la realidad de la institucionalidad peruana.

Por otro lado, es claro que en el Perú la protesta está socialmente criminalizada y más aún cuando esta es llevada a cabo por universitarios haciendo valer sus derechos en las calles; ello genera que muchas veces se retire el apoyo a estudiantes, a pesar de que sus propuestas pueden ser legítimas; y peor aún, se incurre en la creación de prejuicios contra los protestantes. En este contexto es muy importante el rol que tienen los medios de comunicación, los cuales contribuyen muchas veces con la generación de prejuicios y, más que informar, suelen buscar el morbo y la polémica en una determinada noticia.

Las razones que llevaron a la toma de la universidad por parte de los sanmarquinos son atendibles y legítimas. Lamentablemente la mayoría de veces no se presta atención a las razones de la protesta, sino hasta que esta deviene en crisis, y entonces la atención que se le da se centra en la afectación que se está causando. Debemos entender que los reclamos muchas veces no son escuchados, lo cual obliga a que los protestantes opten por vías no institucionales que muchas veces pueden generar crisis. Todo ello termina por perjudicar el ejercicio pleno de los derechos y la exigencia legítima de mejoras en la garantización de los mismos; en el caso concreto, el derecho a la educación.

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