Por: Renzo Quijano, alumno de Derecho en la PUCP y miembro de GEOSE

El derecho, de acuerdo con la teoría tridimensional de Miguel Reale[1], no se limita únicamente a un aspecto normativo, sino que también se encuentra constituido por hechos y valoraciones. Al respecto, la dimensión normativa vendría a ser el sistema de reglas dirigidas a regular conductas sociales, mientras la dimensión fáctica responde a la interrelación del derecho como fenómeno social con otras disciplinas, y la dimensión valorativa o axiológica se relaciona con los valores y discursos detrás de las normas. Comprender al derecho desde esas dimensiones no se realiza con fines recreativos, sino con miras a entender el funcionamiento dialéctico del derecho en toda real magnitud; así, por ejemplo, no se podría atribuir el incumplimiento sistemático de una norma únicamente a la falta de fiscalización, pues podrían existir factores culturales o incluso religiosos de por medio.

De otra manera, también es una teoría útil para detectar tendencias jurídicas. En la dimensión valorativa del derecho se encuentran los discursos sobre algún tipo de regulación, discursos pronunciados por grupos sociales que disputan su visión del mundo mediante expresiones de aceptación o rechazo de normas o propuestas normativas, el derecho después de todo es un resultado de tal disputa.

En ese sentido, este artículo es un ejercicio por visibilizar algunos de los valores y creencias detrás de nuestro sistema jurídico, para lo cual partiré desde el discurso hegemónico posmoderno para analizar algunas situaciones jurídicas recientes, y de esta forma, ejemplificar las repercusiones que tales discursos tienen sobre nuestro derecho.

En primer lugar es necesario brindar algunas líneas sobre la posmodernidad. Cuando Fredric Jameson[2] analiza la posmodernidad como condición histórica de nuestros tiempos, la plantea como un estilo de pensamiento que parte de la aversión al significado, en la que se hace énfasis en lo heterogéneo, se difumina la idea de colectivo y se entiende cada experiencia personal como irrepetible e imposible de categorizarse. Esta idea transformadora, generalizada y presentista, se proyecta como única e indisoluble, eliminando la crisis del pasado de un planteamiento en cuestión del futuro.

Evidentemente, esta condición histórica, al igual que todas, corresponde a una estructura política y económica sobre la cual sostenerse y desarrollarse, en este caso, se trata del modelo capitalista neoliberal, que de acuerdo con el autor Nozick[3] plantea una idea de libertad a partir de un mercado en el que cada individuo puede participar y realizarse. En otras palabras, el poder de consumo es en buena cuenta el poder de dirigir la vida misma[4]. A modo de ejemplo de lo expuesto, una expresión palpable se encuentra en el discurso detrás de la cultura del emprendedor. En palabras del Ministerio de la Producción[5], es una condición que se le atribuye a “aquella persona que lucha por alcanzar un objetivo, sea este empresarial o no”, la cual se complementa con lo escrito por Francisco Miguel Martinez y Gabriel Carmona[6], quienes atribuyen a los emprendedores como competencia “la búsqueda de la autonomía de la persona y se orientan hacia la autorrealización del sujeto, como vía para la realización de un proyecto vital centrado en la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la comunidad’’. Sin perjuicio de ello, dentro del imaginario popular también se entiende al emprendedor como un trabajador autónomo con miras a ser un futuro empleador, generalmente con capacidad de agencia y mostrando independencia frente a los servicios que podría brindarle el Estado.

Se puede advertir que esta cultura del emprendedor, ampliamente difundida en nuestro país, incluso por entidades estatales, contiene ideas del discurso posmoderno, en este caso, centrar al sujeto como eje de transformación y a la actividad ‘’emprendedora’’ como vehículo de empoderamiento personal.

Como se puede apreciar, hay ideas comunes articuladas en torno a discursos hegemónicos que se replican en la sociedad mediante distintas instituciones como los medios de comunicación, las iglesias, los centros educativos, etc.; los cuales, como se mencionó al inicio, también se encuentran presentes en el derecho.

Ahora bien, ¿Por qué esto debería importarnos? ¿Cuál es la incidencia de estas acepciones filosóficas en el ejercicio efectivo de alguno de los derechos que la regulación laboral tutela o, en todo caso, cómo contribuye en la regulación laboral? Y otra pregunta subsecuente sería ¿Qué se debería hacer? Una primera respuesta nos lleva a pensar en el origen mismo del derecho laboral, el cual se constituye como una herramienta dirigida a equiparar el poder de negociación entre dos actores sociales (trabajadores y empleadores), que por temas estructurales del capitalismo poseen intereses antagónicos y parten de una relación desigual de poder. Tal equiparación no se puede garantizar únicamente con la participación del Estado, sobre todo depende de la capacidad de organización de los trabajadores para exigir y garantizar la solución a sus reclamos.

Las acepciones filosóficas posmodernas conllevan una idea perniciosa de autosuficiencia, individualidad y libertad abstracta, que pueden suprimir en el imaginario de los trabajadores la idea de articularse colectivamente en torno a los intereses comunes que poseen como clase, ello sin perjuicio de que las necesidades materiales posteriormente puedan imponerse y organizarlos de todos modos.

Actualmente, el Perú atraviesa una tasa de sindicalización baja .En el año 2016 tan sólo había 169 623 trabajadores sindicalizados de un total 3 415 209[7]. Si bien esta cifra puede atribuirse a factores normativos (como los requisitos para constituir o formar parte de uno), sociales (como la desarticulación del movimiento sindical en la dictadura fujimorista), económicos (como la informalidad imperante en nuestro mercado, entre otros); también hay acepciones filosóficas que contribuyen a mantener o reafirmar el actual status quo sindical.

Con respecto a la incidencia en la regulación, se puede hacer mención del discurso detrás de la defensa del Proyecto de Ley N° 1215/2016-CR –popularmente conocido como ley del esclavo juvenil- que tenía por finalidad incluir una modalidad formativa laboral para estudiantes de institutos técnico-productivos y de educación superior tecnológica. De acuerdo con la vigente Ley N° 28518, ley sobre modalidades formativas laborales, éstas tienen por objetivo (a) ‘’que la persona alcance a comprender su medio social en general y su medio de trabajo en particular’’ (artículo I.1); y, (b) ‘’consolidar los aprendizajes adquiridos a lo largo de la formación profesional, así como ejercitar su desempeño en una situación real de trabajo’’ (artículo 13).

De lo anterior, se desprende que las modalidades formativas laborales buscan brindarle al estudiante la posibilidad de complementar su formación con ‘’con una adecuada experiencia práctica en el seno de la empresa’’ (artículo I.3.), lo cual implica reconocer que tanto las instituciones educativas como las empresas tienen el deber de brindar espacios para la interacción entre conocimientos prácticos y teóricos. A razón de ello, la empresa tiene la obligación de articular un programa de formación y capacitación que incluya las actividades que desarrollará el practicante en su estancia en la empresa, así como los resultados que se espera obtener de ellas y una evaluación posterior (artículo 2.b).

Hasta este punto, las actuales modalidades formativas establecidas en la norma son claras y no generan perjuicios para ninguna de las partes; sin embargo, existe un problema latente en nuestra sociedad que complica su objetivo: la alta tasa de informalidad laboral que llegó al 73% en el año 2017[8]. Esto complica no sólo el acceso a una modalidad formativa necesaria para concluir los estudios superiores, sino que también fomenta la desnaturalización de las mismas, generando las condiciones para que se elimine el contenido formativo para darle lugar únicamente a la experiencia laboral.

Ante ese aspecto de la realidad, el proyecto de ley en cuestión resuelve el problema suprimiendo el costo dinerario que implica para la empresa mantener a un practicante por 448 horas, generando así un mayor incentivo a la contratación de practicantes.

Lo que aquí se puede apreciar es una visión reduccionista de los problemas laborales de nuestro país, fruto de la idea neoliberal y/o posmoderna de negar la existencia de bloques históricos antagónicos cuyas disputas políticas han generado situaciones económicas desiguales en la sociedad, y que por ello hace que congresistas como Rosa Bartra asuman que la subvención económica que reciben los practicantes es prescindible.

Considero que en los próximos años seguiremos siendo espectadores de la disputa entre estos nuevos valores sociales frente a los ya valorados por el derecho mediante norma, la posmodernidad por mientras seguirá su camino disruptivo, expandiendo sus ideas y valores en cada aspecto de la sociedad.

Ante ello, el derecho laboral tendrá que decidir entre sostener sus cimientos o dar el salto, seguir esperando que los trabajadores se agrupen de a 20 para registrar su sindicato o explorar nuevos criterios de sindicalización que coexistan con la nueva individualidad posmoderna, esperar otra ley pulpín o afrontar el problema de la informalidad laboral con todas sus dimensiones y rostros.


[1] Reale, Miguel. Teoría tridimensional del derecho. Valparaíso, Chile: Edeval, 1978.

[2] Jameson, Fredric. Ensayos sobre el posmodernismo. Traducido por Esther Pérez, Christian Ferrer y Sonia Mazzco. Compilado por Horacio Tarcus. Ediciones Imago Mundi, Buenos Aires, 1991.

[3] Nozick, Robert. Anarquía, estado y utopía. Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1991.

[4] En este punto, recomiendo el escrito ‘’Mensajes en una botella’’ de Theodor Adorno de la compilación ‘’Ideología: un mapa de la cuestión’’ hecha por Slajov Zizek, que plantea que esta analogía entre libertad y poder consumo incluso se ha expandido a la esfera personal de las personas al punto que la diversión y el tiempo libre también se encuentran sometidas.

[5] Ministerio de la producción. El libro amarillo del emprendimiento [Folleto]. Año 2016, p. 8. Consulta: 4 de marzo de 2018. Link: http://www.emprendedorperuano.pe/assets/libroamarillofinalv05-04-2016.pdf

[6] Martinez, Francisco y Carmona, Gabriel. (2009). Aproximación al concepto de “competencias emprendedoras”: valor social e implicaciones educativas. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, número 7, p 95.

[7] Anuario del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, año 2016, cuadro n° 55, p. 121.

[8] Reporte sectorial N° 05 – Julio 2017 emitido por la Sociedad Nacional de Industrias, p. 15 – 16.

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