Por: Oscar Sumar, profesor de calidad regulatoria en la PUCP y Director de la asociación civil Regulación Racional.

Hace pocos días, la Sunedu ha otorgado el licenciamiento a San Marcos, quizá la mejor universidad pública peruana. Es irónico que el licenciamiento de San Marcos haya coincidido con una de las ya recurrentes protestas estudiantiles por malos manejos de la administración de la universidad. San Marcos es solo una entre 51 universidades públicas en Perú, representando un tercio del total. Esto quiere decir que buena parte de la responsabilidad del éxito –o fracaso- de la educación universitaria está en manos del propio Estado.

Simultáneamente, Perú es el país que destina el menor porcentaje de su PBI a la educación (3.9%) en Sudamérica, según cifras del Banco Mundial. Así, es poco probable que las universidades estatales se puedan destacar por su calidad. No podremos soñar con tener en Perú universidades públicas como las universidades de Chile, Sau Paulo o UNAM, todas ellas ubicadas en el top 10 latinoamericano. Al top 10 no se llega con leyes, sino con buena administración, competencia e inversión.

En Perú, falta dinero, pero no leyes: hace pocos días, nuestro Congreso ha extendido la moratoria de universidades, que justamente reduce la competencia y la inversión. Durante dos años –que se suman a los cinco que ya pasaron- nadie podrá crear universidades o filiales en Perú. La norma, supuestamente, tiene como propósito evitar que ingresen más “universidades chicha” al mercado. Esta norma es aplaudida por todos, incluyendo a Lorena Masías –ex superintendente de Sunedu- a pesar de que ella misma, en declaraciones a un diario local dijo, el 24 de mayo de 2017, preguntada sobre el peligro de entrada de universidades “chicha” que “ya no se permitirá eso porque deben cumplir exigencias”. En esto, coincidió con una de las cabezas más visible de la reforma educativa, Gustavo Yamada quien señaló, en 2015, en declaraciones al Diario El Comercio, que “la sociedad es cambiante y se requieren propuestas educativas innovadoras. Con las nuevas reglas se evitará que aparezcan proyectos malos”. ¿Qué cambió en estos meses?

El Congreso, como es su costumbre, ha aprobado la moratoria sin análisis de costos, apoyada incluso por congresistas como Alberto de Belaunde que –al comienzo de su periodo- se mostró sumamente preocupado por el tema. Sin embargo, los costos de este proyecto son evidentes: por un lado, la reducción de la oferta llevará a un incremento del costo de las matrículas; por otro, al prohibir la competencia, estamos cerrando la posibilidad a propuestas potencialmente positivas. ¿Perú se puede dar ese lujo?

Si realmente queremos mejorar la educación, invirtamos, regulemos incluso de forma más estricta a las nuevas universidades, hagamos que compitan entre ellas. Los únicos beneficiarios de una prohibición de competencia son los empresarios que ya se encuentran en el mercado. Exijamos al Congreso que cumpla con su labor, en lugar de lavarse las manos con una prohibición que –aunque popular- no nos beneficia como sociedad. El propio Tribunal Constitucional, al resolver una demanda contra una ley que prohibía la creación de filiales de universidades, en 2010, señaló que “…la inconstitucionalidad [de esta norma] radica en su manifiesta desproporción en relación a la finalidad perseguida, y en el hecho que denota una implícita renuncia por parte del Estado a su deber constitucional de supervisar activamente la calidad de la educación…”. Efectivamente, si solo prohíbe, el Estado se lava las manos.

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