Jaime Dupuy Ortiz de Zevallos, gerente de Estudios Económicos y consultoría empresarial Sociedad de Comercio Exterior de Perú – ComexPerú

Actualmente, se vienen discutiendo en el Congreso hasta tres iniciativas legislativas que plantean regular a las entidades operadoras de plataformas tecnológicas usadas para canalizar servicios de transporte privado (aplicaciones para taxis). Algo que tienen en común estas propuestas es suponer que la prestación de un servicio en forma “no convencional” implica su desregulación, y por ende se impone la necesidad de hacerlo. Pero ello no es cierto. En realidad, todo servicio ya está sujeto a un marco legal plenamente vigente, sea el Código civil, la legislación penal, tributaria, laboral, las normas de protección al consumidor, entre otras. Y las aplicaciones de taxi no son ajenas a ello.

Pero vayamos un paso más atrás y apliquemos un adecuado análisis de impacto normativo. Para ello, debemos definir clara y precisamente cuál es el problema que se busca resolver para poder evaluar con precisión si realmente se necesita una regulación, así como evaluar todas las alternativas posibles que podrían implementarse para atenderlo, a través de un riguroso análisis de costos, beneficios y efectos respecto de todos los grupos de interés que pudieran ser afectados.

De lo que se aprecia de las propuestas legislativas, el problema que se buscaría atender no está del todo bien delimitado, y en todo caso son varios los problemas que se mencionan como sustento de la regulación, como la protección al consumidor, seguridad de los pasajeros, el resguardo de la competitividad del sector y garantizar la idoneidad del servicio.

Sin embargo, desde el punto de vista del consumidor, encontramos que este tipo de servicio justamente ha mejorado su situación, pues encuentran en esta alternativa una opción más cómoda, económica y segura respecto al servicio de transporte convencional. Razón que explica el rápido crecimiento de compañías nacionales y extranjeras que prestan este tipo de servicio de interconexión en el país en tan poco tiempo. Esto es gracias a la visibilidad que brindan las plataformas de interconexión respecto a los datos de las unidades y de los operadores que prestan el servicio.

A la par, ello ha generado una mayor formalización de un sector importante, toda vez que muchos de los pagos realizados se efectúan a través del sistema financiero, pudiéndose comprobar a través de las plataformas tecnológicas todas las transacciones realizadas, con las implicancias tributarias de cumplimiento y fiscalización que ello conlleva.

En cuanto a la seguridad, independientemente de los controles que las mismas empresas tecnológicas imponen a quienes quieran hacer uso de sus sistemas, el hecho de que las mismas plataformas tecnológicas generen mayor transparencia y visibilidad, además de los servicios de geolocalización brindados, hace que este tipo de servicios sea más seguro que el transporte convencional. El sistema permite total visibilidad e identificación de los actores y servicios efectuados, cosa que no sucede en el transporte convencional. Esta es la razón por la que existe una mayor exposición de los casos de inseguridad relacionados con el uso de estos sistemas, a diferencia de lo que ocurre en el transporte convencional, que no cuenta con medios que los hagan visibles.

Así pues, si la seguridad fuera la raíz del problema, creemos que una mejor alternativa sería extender el uso de las herramientas digitales al servicio de transporte convencional, para así poder detectar más fácilmente los problemas de inseguridad que se generan en este sector y que, contrario a las aplicaciones tecnológicas, no brindan ningún tipo de seguridad para el usuario. Asimismo, para salvaguardar la integridad y bienestar de los usuarios, y reducir la inseguridad en el sector transportes, la solución no radica en regular las aplicaciones tecnológicas, sino en mejorar cabalmente el cumplimiento de las leyes y penas a aquellos que delinquen.

Finalmente, respecto de la competencia desleal con el transporte convencional, ello ya ha sido declarado infundado por la entidad rectora en temas de competencia desleal, que es el Indecopi, por no competir las empresas en el mismo rubro. No olvidemos que las aplicaciones móviles que canalizan servicios de transporte son plataformas tecnológicas que emparejan oferta con demanda de este tipo de servicios. La gran mayoría de las empresas que desarrollan estas plataformas tecnológicas ni siquiera se encuentran en el rubro de transportes (no son dueños de vehículos ni empleadores de los conductores), sino en el de tecnología. Es decir, las plataformas tecnológicas solo facilitan la conexión entre el usuario y el conductor privado. En ningún momento la plataforma presta el servicio de transporte.

Por lo anterior, de prosperar una regulación como la planteada, se estaría buscando regular un sector de la economía en pleno auge mundial, el de la economía colaborativa o compartida (sharing economy), que implica un sistema que conecta oferta con demanda para intercambiar y compartir bienes y servicios a través de plataformas electrónicas, en diversos y muy disímiles campos, como ropa, transporte, préstamos económicos, alojamiento, alimentación, entre otros.

Esta economía colaborativa ya ha permitido el surgimiento de nuevos emprendimientos tecnológicos en el Perú, caracterizados por el uso y aprovechamiento de bienes subutilizados a través de oferta y demanda. Algunos de los emprendimientos tecnológicos que han surgido en base al auge de la economía colaborativa en el Perú son las plataformas iSend, Chazki o Urbaner, en donde personas que buscan prestar servicios de reparto de documentos o paquetes se afilian a una plataforma tecnológica que los interconecta con la demanda. Otro caso es la plataforma Taxi Mama SOS, en donde padres de familia pueden afiliarse y ofertan sus servicios de traslado a niños de otras familias.

Más bien, donde creemos que está el problema es en el nivel de informalidad generalizado que existe en el mercado de transporte en el Perú, el cual justamente ha sido superado por aquellos que prestan el servicio valiéndose de estas plataformas tecnológicas. Así pues, creemos que el marco legal del servicio de transporte convencional es el que realmente merece ser revisado en su integridad, pero dentro de un proceso serio y riguroso, que incluya a todos los actores involucrados.

Una sobrerregulación a las empresas desarrolladoras de plataformas tecnológicas no solo desincentivaría la entrada de nuevos competidores, sino que podría generar un aumento en sus costos y, en consecuencia, mayores precios en perjuicio de los usuarios, incrementado de esta manera la informalidad existente.

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